PARO EN LA FFYL DE LA UNAM POR ESTUDIANTE ASESINADO


Publicado el octubre 28, 2011 por juareznoescuartel

Ciudad Universitaria, a 27 de Octubre de 2011


A los medios de comunicación
A la opinión pública

El pasado miércoles 26 de octubre fue cobardemente asesinado el estudiante de la carrera de Filosofía, tesista de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, Carlos Sinuhé Cuevas Mejía de 33 años, cuando se dirigía, saliendo de la Universidad, hacia su domicilio; su cuerpo fue hallado sin vida a las 23:40 horas habiendo recibido 16 impactos de bala. Carlos, además de buen estudiante, era un mexicano comprometido con las luchas de su pueblo, activista en defensa de la educación pública y gratuita por lo que había recibido diversas difamaciones y amenazas que atentaban contra su integridad y su vida.

La comunidad estudiantil de la FFyL queremos expresar nuestro profundo dolor e indignación por este crimen y decidimos sumarnos al grito de coraje del pueblo mexicano, ¡ESTAMOS HASTA LA MADRE!, por ello, reunidos en Asamblea decidimos realizar un paro de actividades durante 24 horas, a partir de las 19 horas del día de hoy, con un mensaje claro al gobierno de Felipe Calderón: Es urgente detener la guerra.

Hemos decidido iniciar un proceso intenso de movilización en contra de la guerra, por lo que el próximo jueves 3 de noviembre realizaremos una marcha que llegará a la Secretaría de Gobernación, partiendo del Hemiciclo a Juárez a las 4:30 horas.

Además, los invitamos a acompañarnos a velar su cuerpo en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, mañana viernes 28 de octubre, a partir de las 10:30 horas.



¡POR CARLOS NO UN MINUTO DE SILENCIO, SINO TODA UNA VIDA DE LUCHA!

¡ALTO A LOS ASESINATOS Y DESAPARICIONES DE LUCHADORES SOCIALES!

¡CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES!



ASAMBLEA ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM

Contacto:
Samuel González 55 1795 3516
Frida Espejel 55 2728 8265
Atzelbi Hernández 55 3926 3853

Harper crímenes de guerra Petición

Nosotros, los ciudadanos de Canadá, el deseo de defender la Carta de Naciones Unidas, el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional, Las Convenciones de La Haya y de Ginebra y el imperio de la ley internacional, especialmente con respecto a:

1: 1949 Cuarto Convenio de Ginebra: el artículo 146
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a adoptar la legislación necesaria para establecer sanciones penales efectivas para las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves de la presente Convención.

2: 1907 Convención de La Haya IV: el artículo 3
La parte beligerante que viole las disposiciones de dichas normas, si las exigencias caso, estará obligado a pagar una indemnización. Será responsable de todos los actos cometidos por personas que formen parte de sus fuerzas armadas.

3: Carta de la ONU: el artículo 2, párrafo 4
Todos los miembros deberán abstenerse en sus relaciones internacionales de la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

4: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Artículo 7: Crímenes de lesa humanidad
(F) Tortura;
(H) Persecución de un grupo o colectividad con identidad fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, tal como se define en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen dentro de la jurisdicción de la Corte;
(I) Desaparición forzada de personas;
(K) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

5: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Artículo 8: Los crímenes de guerra
(Ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
(Iii) causar deliberadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud;
(Iv) La destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a escala ilícita y arbitrariamente;
(Vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra oa otra persona protegida de los derechos a un juicio justo e imparcial;
(Vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal;
(B) (i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
(Ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, bienes que no sean objetivos militares;

Nos solicitar a los tribunales para acusar el primer ministro canadiense Stephen Harper y el ministro de Defensa, Peter MacKay, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la invasión ilegal y ocupación de Afganistán. Fiscalía debe incluir los siguientes delitos, cometidos por el acusado en su capacidad oficial:

1) la planificación, la preparación y participación en los ataques armados contra la población civil de Afganistán;
2) La complicidad en la comisión de la tortura de detenidos afganos.
3) Apoyo a un aliado que aprueba y da empleo a 'waterboarding' y otras técnicas de tortura ilegal.
4) Uso de restricciones inhumanas a los prisioneros, incluyendo las campanas, y las ataduras de cables.
5) El uso agresivo patrullas armadas y ataca indiscriminadamente, traumatizando y matando a mujeres y niños y la destrucción de viviendas y bienes civiles.
6) Prestar apoyo militares armados y la protección para el comercio de opio ilícito de drogas, señores de la guerra de las drogas, crecer ops y los narcotraficantes.
7) El engaño y la conspiración para la guerra, y proporcionar información falsa para incitar las pasiones de la guerra, causando la muerte de miles de civiles afganos, lo que obligó a millones de civiles afganos a abandonar sus hogares y del país, y causando mutilaciones innumerables y trauma.
8) La conspiración y complicidad en los ataques armados contra civiles y bienes civiles como medio de deportación forzosa y traslado forzoso de población, con el propósito de apropiarse ilegalmente de tierras para la construcción del gasoducto trans-afgano Natural.

Paramilitares, la tercera generación del crimen

De grupos de contrainsurgencia en tiempos de Zedillo a escuadrones del narcotráfico con Felipe Calderón, los paramilitares operan en México desde hace décadas. La negativa oficial de la administración calderonista a su existencia fomenta la vulnerabilidad de la sociedad a sus ataques, intencionados a expandir el terror en la población, advierten expertos

Como estrategia de la “guerra” calderonista se identifica hoy la operación de comandos de corte paramilitar que aparecen realizando acciones de alto impacto, como el confinamiento de cadáveres en la zona vip de Veracruz, a medida que crece la desaprobación pública ante la ineficacia de la estrategia oficial de los cinco años en que la administración de Felipe Calderón ha librado su cruzada contra el narcotráfico.
“El objetivo principal del paramilitarismo es enfrentar a [la] población civil, controlarla mediante la táctica de terror, por eso ahora es tan conveniente ante la falta de credibilidad que hay en la ‘guerra’ de Calderón”, explica el escritor Carlos Fazio, autor de El tercer vínculo: de la teoría del caos a la militarización, donde analiza el proceso de militarización y paramilitarización en México y el uso de mercenarios en la narcoguerra.
El senador Ricardo Monreal Ávila cuenta que, en una comparecencia privada con el gabinete federal de seguridad, le preguntó a un alto funcionario los criterios oficiales con los que clasifican a los civiles ejecutados, específicamente cómo determinaron que el 90 por ciento de los muertos que se contabilizaban como saldo de la “guerra” calderonista eran delincuentes y el resto víctimas colaterales, y cómo identificaban a qué organización pertenecían. Que si acaso era el resultado de las averiguaciones previas.
El funcionario le respondió que sólo se habían iniciado las averiguaciones previas del 10 por ciento de casos, en el resto deslindó la responsabilidad del gobierno federal y argumentó que quizá las procuradurías estatales tendrían la información correspondiente.
En consecuencia, en septiembre de 2010, el Senado de la República le solicitó al gobierno de Calderón, por conducto de la Secretaría de Gobernación, un informe oficial sobre la existencia y actuación en México de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte o “grupos de limpieza”. La Secretaría respondió que el gobierno federal “no tiene registro alguno de la existencia y operación de grupos de este tipo”.
Sin embargo, el senador Monreal relaciona la operación de grupos paramilitares en ejecuciones, secuestros, levantones y extorsiones que ocurren a lo largo y ancho del país.
El Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos identificó la operación en México de grupos paramilitares vinculados con los cárteles del narcotráfico, como “parte de la tercera generación del crimen”. Una “transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo, a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”.
El término paramilitar se relaciona con civiles entrenados por fuerzas militares o algún órgano de seguridad del Estado, con el objetivo de amenazar, atacar o asesinar a grupos u organizaciones que se oponen al gobierno. “El paramilitarismo también es una cara civil que utiliza el gobierno para llevar a cabo acciones de alto impacto para generar el terror, porque si éstas las cometen las fuerzas de seguridad del Estado, éste puede ser enjuiciado por dicha acción extralegal”, explica Fazio, experto en temas de la guerrilla y militarización. Quien encuentra en el paramilitarismo en Guatemala, en la década de 1960, similitudes con lo que ocurre en México hoy, bajo la fórmula de “demagogia más terror”.
Guatemala es identificado como el primer laboratorio de guerra sucia o paramilitarismo en América Latina. Allí, los escuadrones de la muerte fueron parte esencial y planificada de la contrainsurgencia operada por militares estadunidenses y guatemaltecos entrenados por Estados Unidos; estrategias que antes los franceses habían ensayado en Argelia.
“Parte de los elementos de lo que ocurría en la década de 1960 en Guatemala están presentes en el México de 2011, la diferencia es que acá no hay guerrilla, pero la ?guerra’ de Calderón ha sido instrumentada bajo la pantalla de ?guerra’ contra las drogas, y como ocurrió en Argentina o Uruguay, el Ejército creaba una estructura paralela, que se conoció como La teoría de los 12 monos extremos, y en medio aparecía el Estado como salvador, al poner orden.
“Eso mismo se experimentó en México, en Chiapas con el levantamiento zapatista. A través de la VII Región Militar, con el general Renán Castillo, se crearon grupos paramilitares que enfrentaban al zapatismo para que el Ejército apareciera luego, o el Estado a través del Ejército, mediando en esa guerra entre los dos extremos.
Es lo que se puede ver ahora en el caso de Los Matazetas: una estructura ligada a una corporación estatal que se enfrenta a Los Zetas, a los que desde el gobierno se les atribuyen los crímenes más violentos. Y aparece luego la Marina deteniendo a los primeros.
“Hay que considerar que como esto es una ‘guerra’ y forma parte de una guerra sucia, hay que partir de otro elemento clave; los medios de comunicación masivos, a través de los cuales se desarrolla una guerra sicológica, ésta incluye también propaganda negra. Como parte de su estrategia, durante su ?guerra’ Calderón, como principal protagonista, ha logrado posesionar ésta en los medios y construir una historia en torno a la fuerza de los cárteles. La estrategia del gobierno ha sido tan efectiva que éstos se matan entre ellos, que son pleitos de pandillas –como los jóvenes de Villas de Salvárcar–, o que son disputas de cárteles contra cárteles y de sicarios contra sicarios.
“Ése era el gran montaje que había mantenido durante cuatro años y medio hasta que apareció un Sicilia y comienza, a partir de su dolor, a visibilizar a esas víctimas, a revisar quiénes eran y por qué el gobierno los metió a todos en la categoría de sicarios, pandilleros y gente de cárteles. Y hoy aparecen sus familiares, y con elementos denuncian que antes de aparecer muertos, fueron capturados en la vía pública por elementos del Ejército o de la Marina o de la Policía Federal”.

Como en Irak

En septiembre pasado, la vocera del gobierno federal Alejandra Sota rechazó la existencia de paramilitares en México, cerrando, por lo menos en el discurso oficial, la posibilidad de investigar ejecuciones y masacres que se atribuyen a grupos de esta clase.
“Las mentiras de Calderón en su ?guerra’ son como las de [George] Bush en Irak”, así compara Fazio el rechazo oficial del gobierno de la operación de grupos de corte paramilitar en el país. “El gobierno dijo que había armas de destrucción masiva y al final reconocieron que había sido una mentira. Si aplicamos este mecanismo en el marco de la ?guerra’ de Calderón, parte de la información que generan las oficinas de gobierno para que la difunda la prensa, están montadas en mentiras, como el caso de Los Matazetas, justo cuando la prensa afín a su gobierno dijo que la operación de ese tipo de comandos no son la solución al problema, apareció la Marina capturando a los presuntos Matazetas.”
“En su discurso, Los Matazetas hablan de ‘mugrosos’, pero no es una terminología que se utilize entre cárteles. Normalmente los escuadrones de la muerte, los grupos de limpieza social están dirigidos a acabar con la escoria social. Lo hicieron en las favelas de Brasil, Guatemala, Colombia, y todo eso se opera en los sótanos de los servicios de seguridad. Aunque lo hacen contra una parte de la criminalidad, también pueden ser un gran ensayo para generar terror para quienes por la vía política se oponen al gobierno.
“En este escenario de la ?guerra’ de Calderón, justamente el gobierno por vía paralela plantea la Ley de Seguridad Nacional o le adiciona elementos nuevos que constituye una contrarreforma en el sentido de que quiere legalizar el estado de excepción impuesto desde comienzos de 2007, en el marco de la ?guerra’ calderonista. Me recuerda lo que se hizo durante las dictaduras en Argentina o Uruguay, donde la fase previa o posterior al golpe de Estado se plantearon circunstancias como se observan hoy en México”.
La operación paramilitar o de escuadrones de la muerte ha sido advertida en Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León. En esta última entidad fue el propio alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, el que ventiló la operación de grupos a los que identificó como “Los Rudos”, contratados para frenar a los grupos criminales vinculados a los cárteles.
En Juárez, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, refiere la posibilidad de que ese tipo de grupos puedan ser responsables de masacres cuyo fin se advierte como de limpieza social. Es importante referir que muchos de esos ataques a jóvenes de zonas marginadas principalmente, ocurrieron en una ciudad prácticamente militarizada, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.
En varias regiones de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua empresarios e industriales han hecho suya la idea del alcalde de San Pedro, de contratar grupos armados, que no son precisamente empresas de seguridad privada, para cuidarse las espaldas, sus negocios y eventualmente cobrarse por cuenta propia agravios como secuestros o extorsiones. Algunos de estos grupos les ofrecen hasta supuestos maras entrenados con estrategias kaibiles.

Los paramilitares de Fox

La administración de Vicente Fox no estuvo exenta de la operación de organizaciones de corte paramilitar en acciones para minar movimientos como el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que a raíz del conflicto magisterial en 2006 aglutinó a 350 organizaciones no gubernamentales y miles de ciudadanos de la sociedad civil que, entre otras demandas, exigían la salida del exgobernador Ulises Ruiz.
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) documentó cómo, paralelamente a la ocupación de tropas de la Policía Federal Preventiva, surgieron grupos de corte paramilitar, que por las noches tiroteaban las barricadas, con rifles de asalto, escuadras y revólvers, sin importarles que las guardias nocturnas las hacían por igual mujeres y niños. A estos grupos se les atribuyen homicidios como el de Bradley Roland Will, reportero y camarógrafo neoyorquino de Indymedia.
En los pueblos más pobres de la mixteca oaxaqueña también fueron asesinados indígenas y activistas identificados como integrantes de la APPO. La Limeddh documentó cómo la acción de los grupos paramilitares no sólo era contra integrantes de la Asamblea, sino contra la población oaxaqueña, como secuestros y agresiones armadas, enfocada a crear un clima de terror y el rechazo de la sociedad a la Asamblea.
Al cabo del tiempo, diversas auditorías realizadas a la administración de Ruiz darían la razón a los integrantes de la APPO: había malversación de recursos públicos, sólo que a la Asamblea le costó la muerte de varios de sus integrantes a manos de los grupos paramilitares, entre quienes figuraban policías vestidos de civil y otros que recibieron, allí mismo en Oaxaca, entrenamiento de las fuerzas federales.

Los paras de Zedillo

Una acusación por su supuesta responsabilidad en el asesinato de los 45 indígenas tzotziles de Acteal en diciembre de 1997 a manos de paramilitares, tiene al expresidente Ernesto Zedillo en el banquillo de los acusados.
Durante los próximos meses, en una corte de Connecticut, se le enjuiciara por el “soporte y ayuda de las Fuerzas Armadas de México a grupos paramilitares”, que derivaron en la ejecución masiva, aquel 22 de diciembre, en el poblado del municipio de Chenalhó, Chiapas, según el caso 3:11−CV−01433−AWT, abierto el pasado 16 de septiembre.
Se trata de la primera ocasión en que un jefe de Estado mexicano es llevado a tribunales por acciones atribuidas a grupos paramilitares. Los 45 asesinados eran desplazados de otras comunidades de Chenalhó, que se refugiaron en Acteal por el acoso, agresiones y ataques de los paramilitares, debido a su simpatía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La masacre fue calificada por organizaciones como Amnistía Internacional como uno de los hechos más atroces en la historia de México. Entonces, como ahora, el gobierno federal negó la existencia de grupos paramilitares, alertada desde 1995, es decir, dos años antes de la matanza, por observadores y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
A partir de febrero de 1995, a la par de la ocupación militar del Estado, en las zonas Norte y Altos de Chiapas comenzó un proceso de paramilitarización, que incluyó la organización, entrenamiento, armamento y manutención de grupos civiles y políticos, particularmente de militancia priísta e incluso, como en el caso de la organización Paz y Justicia, liderados por un exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional, Samuel Sánchez Sánchez, legislador con fusil R-15 al hombro.
La paramilitarización fue identificada por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internaciones, la Iglesia Católica y por observadores expertos en temas de guerrilla, como un instrumento para hacer “el trabajo sucio” a las Fuerzas Armadas en la zona de conflicto.
El municipio de Tila fue considerado como un “laboratorio” de la paramilitarización, sin embargo, a medida que avanzó la presencia del Ejército Mexicano, surgieron también grupos de esta clase en Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua. La razón fue por los adeptos –simpatizantes y bases de apoyo– que el EZLN había logrado en la zona, “por lo que el gobierno inicia con la paramilitarización en Tila”, documentó el Centro de Información Económica y Política de Acción Comunitaria.
Entre 1995 y 2001 operaron en Chiapas 19 organizaciones de corte paramilitar, con la consigna de minar la actuación del EZLN. Grupos como Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Mira, Los Degolladores y Tomás Munzer, protagonizaron cruentos homicidios, lesiones, emboscadas, desapariciones y el desplazamiento de miles de personas, particularmente simpatizantes del EZLN. El ataque más sanguinario fue, precisamente la masacre de Acteal.
Organizaciones internacionales como Global Exchange determinaron que la presencia de paramilitares en Chiapas estaba plenamente comprobada desde 1995, sin embargo, entonces, como ocurre ahora, la respuesta del Ejecutivo fue la negación oficial, con la que prácticamente le dio carta blanca a esas organizaciones, cuyo nivel de ataques fue en incremento. Basta leer la relatoría de hechos que precedieron a la matanza de Acteal, integrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación 1/98, para deducir que aquella fue un exterminio sobradamente advertido.
Aunque oficialmente nunca se reconoció la existencia y operación de paramilitares, pocos meses antes de concluir su gobierno, la administración de Zedillo, creó, en abril de 2000, la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, que operó hasta diciembre de 2002, con el eufemismo de investigar y consignar a “probables grupos civiles armados”.
Poco resultados tuvo, algunas consignaciones de integrantes de distintos grupos “civiles armados”. Las víctimas y deudos consideraron que la justicia no se aplicó, por ello, representados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, los sobrevivientes y deudos llevaron el caso Acteal a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se desahoga actualmente la queja, con la posibilidad de que la Corte pueda atraer el caso.
Además, la demanda que abogados estadunidenses promovieron en la corte de Connecticut en contra de Zedillo, un litigio del que por cierto, se deslindaron los deudos y sobrevivientes de la masacre de Acteal, pero al que las autoridades estadunidenses ya dieron curso. De manera que el expresidente pasará, por lo menos un par de años, respondiendo a las acusaciones judiciales en su contra, precisamente ahora que en México se respiran nuevos aires de actuaciones de corte paramilitar.
En los últimos años del régimen priísta en el gobierno federal, Amnistía Internacional le exigía al jefe de Estado investigar la actuación paramilitar en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, de grupos vinculados de ese perfil a ataques no sólo contra la guerrilla, sino contra activistas, defensores de derechos humanos y la sociedad civil.
En aquellos tiempos priístas, el paramilitarismo fue aplicado como parte de una estrategia de guerra irregular contrainsurgente “dirigida incluso contra la población civil”, como documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas: “En un contexto de guerra en el que las acciones paramilitares fueron clave en la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano. La población civil, al ser la más vulnerable, resultó seriamente afectada por esa guerra de baja intensidad caracterizada por el terror, la violencia y la sistemática violación a los derechos humanos”.
[RECUADRO 1]
Consecuencias colombianizadas
El rechazo oficial de la existencia de grupos de corte paramilitar –pese a la aparición masiva de cuerpos ejecutados–, y con ello la negativa a esclarecer su origen y operación, coloca en una situación de inminente riesgo a la población civil, consideran organizaciones de derechos humanos.
La falta de investigación, planteó el senador Ricardo Monreal, podrá generar más ataques hacia la población civil. Algunos legisladores de la Comisión de Justicia han llevado al Senado información que refiere que los grupos paramilitares que operan en tiempos de Felipe Calderón son de un perfil similar a los que comenzaron a maniobrar en Colombia desde la década de 1970, creados por el gobierno para minar a la guerrilla, pero que al cabo de los años se enrolaron en la mafia particularmente en actividades de narcotráfico y secuestros.
Casos como los recientes hechos de Veracruz, en los que hay señalamientos de la supuesta participación de elementos del Estado de realizar detenciones de personas a las que después entregan a grupos de la delincuencia organizada o que directamente participan en actividades de bandas criminales, es razón suficiente para que el gobierno investigue la posible existencia de paramilitares, pues de lo contrario sólo se alienta sus acciones.
Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explica: “Evidentemente en otros contextos la presencia de grupos paramilitares ha tenido un altísimo impacto y un agravamiento de violaciones a los derechos humanos de la población por dos aspectos: primero, porque se difumina la responsabilidad del Estado en tanto son particulares que actúan con la colaboración de agentes del Estado, pero generalmente se tiende a difuminar el vínculo entre lo particular y lo institucional como sucedió históricamente en Colombia. Y segundo, porque se intenta justificar el hecho mediante un discurso, de ‘necesariedad’, frente al hartazgo de la sociedad respecto de la violencia generada por la delincuencia organizada o delincuencia común”.
A partir de que el gobierno colombiano negó reiteradamente su existencia, los paramilitares se fortalecieron y ganaron tal poderío con operaciones y ataques contra la población civil, que Colombia prácticamente se convirtió en un paraíso para los paras (como coloquialmente los identifican los colombianos). Y al amparo de esa impunidad detonó también el sicariato; bajo la lógica de que auspiciados por el gobierno, los paras mataban, cualquiera lo hacía.
Precisamente, con el caso colombiano como referencia, Gutiérrez ejemplifica los riesgos de que la autoridad se niegue a reconocer oficialmente la existencia de esos grupos: “En países como Colombia, donde se consolidó y configuró la presencia de paramilitares, el discurso institucional fue de negación del fenómeno y tolerancia a sus acciones, lo cual generó gravísimas situaciones de violaciones a los derechos humanos. Porque cuando hay esa negativa pero sin investigar, la sociedad está sometida a una situación gravísima de inseguridad y de inestabilidad jurídica”.
[RECUADRO 2]
Responsabilidad oficial
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no deja fuera la posibilidad de que Felipe Calderón pudiera ser acusado ante tribunales internacionales por las masacres ocurridas en su administración, algunas de éstas atribuidas a grupos de corte paramilitar o escuadrones de la muerte.
El Movimiento No Más Sangre, cuyos integrantes promueven, junto con académicos, juristas, periodistas y organizaciones no gubernamentales, una demanda en contra de Calderón, ante la Corte Penal Internacional, que será presentada el próximo 25 de noviembre, estiman que en la “guerra” de Calderón han sido asesinadas 50 mil personas, hay más de 10 mil desaparecidos y 230 mil desplazados.
Gutiérrez destaca algunos elementos por los que el gobierno de Calderón allana su camino ante instancias internacionales como la CIDH:
“Evidentemente, la inacción o la omisión del Estado de investigar la posible creación de estructuras criminales de perfil paramilitar, genera una responsabilidad nacional y especialmente internacional. En este sentido es que la Corte Interamericana ha venido condenando a gobiernos en [los] casos donde se establece que su responsabilidad no solamente se configura por la acción ilegal de agentes del Estado, sino también por la omisión, en la ausencia de investigación cuando particulares realizan afectaciones graves y violan los derechos humanos; y en la negligencia de combatir la existencia de esos grupos criminales.
“De manera que, si se llegase a realizar una omisión, esto configuraría un problema de responsabilidad internacional muy fuerte para el Estado mexicano. Evidentemente implicaría un estándar de prueba en el que se demuestre que claramente la complicidad tanto en la estructuración de los grupos como en la existencia de una política institucional.”

Jurisprudencia contra paras

Colombia y Guatemala son dos de los Estados condenados por la Corte Interamericana en masacres atribuidas a grupos de corte paramilitar, escuadrones de la muerte y los llamados “grupos de exterminio”. La CIDH encontró responsabilidad ya fuera por acción o por omisión.
Un caso que de acuerdo con los criterios internacionales sería de jurisprudencia para México, es La Masacre de la Rochela, en la que en 1989 una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y militares asesinaron a 12 personas, la mayoría funcionarios judiciales, que habían llegado al municipio de Simacota a investigar la masacre de 19 comerciantes, ocurrida dos años antes.
La CIDH condenó al Estado colombiano bajo el siguiente criterio: “El Estado permitió la colaboración y participación de particulares en la realización de ciertas funciones (tales como patrullaje de zonas de orden público, al utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o en el desarrollo de actividades de inteligencia militar), que por lo general son de competencia exclusiva del Estado y donde éste adquiere una especial función de garante. En consecuencia, éste es directamente responsable, tanto por acción como por omisión, de todo lo que hagan estos particulares en ejercicio de dichas funciones, más aún si se tiene en cuenta que los particulares no están sometidos al escrutinio estricto que pesa sobre un funcionario público respecto al ejercicio de sus funciones.
“Fue de tal magnitud esta situación en la que particulares colaboraron en el desarrollo de dichas funciones, que cuando el Estado trató de adoptar las medidas para enfrentar el desborde en la actuación de los grupos paramilitares, éstos, con el apoyo de agentes estatales, atentaron contra los funcionarios judiciales.”
En el caso de Guatemala se le condenó por las masacres atribuidas a escuadrones de la muerte que comenzaron a operar en el gobierno del general Efraín Ríos Montt. La CIDH identificó que “el mayor problema que confronta Guatemala en materia de derechos humanos es el que se refiere a las constantes desapariciones de personas, la mayor parte de ellas previamente víctimas de secuestros, y de detenciones ilegales, atribuidas tanto a las fuerzas de seguridad como a los escuadrones de la muerte”.

¿Quién dirige los medios de comunicación occidentales?

esta es la razon de que la supuesta informacion parcial que no es otra cosa mas que una opinion unilateral teledirigida a los espectadores de maquillar una noticia o manficiar un hecho,

¿Quién dirige los medios de información occidentales?

10 de marzo de 2011.-Un interesante informe realizado por la Alianza Nacional de EE.UU. mostró que la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses, incluyendo revistas, periódicos, canales de televisión, estaciones de radio y sitios web son dirigidos por sionistas extremistas que son muy cercanos a la Casablanca.

El conglomerado más grande de medios en el mundo actualmente es Time Warner, Entre sus subsidiarios están New Line Cinema, Time Inc., HBO, Turner Broadcasting System, CW Television Network, The WB.com., Warner Brothers, Kids WB, Cartoon Network, Boomerang, Adult Swim, CNN, DC Comics, Hanna-Barbera, Cartoon Network Studios y Castle Rock Entertainment. Cada uno de estos subordinados posee cientos de revistas, redes de noticias y estaciones de televisión que ha hecho de la compañía un gigante que parece ser totalmente invencible e indisoluble.

“Warner, fundada por los hermanos judíos Warner a principios del siglo pasado, rápidamente se convirtió en parte del poder judío con base en Hollywood, un hecho tan bien conocido que es abiertamente admitido por los creadores judíos, como es el hecho de que cada adquisición de nuevos medios de comunicación a su vez se convierte en un medio dominado por judíos”, indica el informe del Instituto de Alianza Nacional.

El segundo conglomerado más grande, con ingresos de 27.1 mil millones de dólares en 2003, es Walt Disney Company. Su presidente Michael Eisner, que asumió el cargo desde 1984 hasta el 2005, es judío.

“Otro magnate judío de los medios es Edgar Bronfman Jr. El dirigió Seagram Company Ltd., el gigante de licores, hasta su reciente fusión con Vivendi. Su padre, Edgar Bronfman Sr., es el presidente del Congreso Mundial Judío”, añade el informe.

Se conoce que los sionistas controlan más del 95% de los medios de comunicación del mundo. Robert Chernin, quien fue presidente y director de operaciones de News Corporation hasta el 2009 y presidente de Fox Entertainment Group es un apasionado judío. Él jugó un papel importante para sentar las bases para la invasión de Irak en 2003 organizando una propaganda mediática rigurosa y severa a través de Fox News. Él defendió la invasión a Irak y lavó el cerebro del público estadounidense para convencerlos que una intervención militar era necesaria en Irak.

Mortimer Zuckerman, el 148 hombre más rico de EE.UU. en 2008, es el dueño de NY Daily News, US News & World Report y preside la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías de EE.UU., uno de los más grandes grupos de lobby pro-Israel en EE.UU.

El periodista estadounidense Jefferey Blankfort, escribió un artículo publicado por Rense.com sobre que Leslie Moonves, presidente de CBS Television, es sobrino nieto de David Ben-Gurion, quien fue el primer Primer Ministro del régimen israelí y co-presidente con Norman Ornstein del Comité Asesor sobre la Obligación de Interés Público de Productores de TV digital.

Lo mismo sucede con Fox News. Este canal de televisión es controlado por el conglomerado de medios News Corporation, y el dueño es el magnate judío australiano estadounidense, Rupert Murdoch. Su conglomerado News Corporation, es el tercero más grande del mundo luego de Walt Disney Company y Time Warner. Sin embargo, el financiamiento de Fox News y News Corporation viene del Departamento de Defensa de EE.UU.. Fox News siempre ha afirmado que es un “medio independiente que da espacio tanto a republicanos como a demócratas para expresarse, niega cualquier acusación de parcialidad a favor de Israel y rechaza admitir que es controlada por el Pentágono. Pero la realidad es diferente. Un pequeño número de prósperos y influyentes judíos que tienen vínculos con oficiales de alto rango estadounidenses, controlan los medios de comunicación en EE.UU.

En el Reino Unido, la BBC World Service es financiada por el ministerio de Asuntos Exteriores, que es el departamento del gobierno responsable de promover los intereses del Reino Unido en el exterior. Según el Reporte Anual 2008-09 de la BBC, el canal recibió 294.6 millones de libras esterlinas de subvenciones gubernamentales que constituye una pequeña porción del presupuesto total que esta asignado a BBC World Service por el gobierno del Reino Unido.

Canales de televisión como la BBC, France 24, CNN y Fox News son dirigidos por el estado. Aparte del hecho de que las figuras claves en todos estos canales son pudientes e influyentes judíos que hacen publicidad a los intereses del régimen israelí, estos medios son ineludiblemente responsables por defender y propagar la mentalidad de los estadistas y sus respectivos gobiernos para sobrevivir y permanecer sobre el escenario.

En general, la afirmación de que los medios de comunicación estadounidenses y británicos son libres, independientes y confiables es una afirmación vacía y ho hay pruebas para demostrarlo. Los medios estadounidenses y británicos son financiados por sus respectivos gobiernos y controlados por un número de fervientes sionistas que buscan nada más que la promoción de los intereses de Israel en el Medio Oriente.

WikiLeaks revela el compló

Gracias a cables clasificados del gobierno de EU redactados en diferentes partes del mundo obtenidos por WikiLeaks y a su fundador Julian Assange, se comprueba que el complot que denunció AMLO en 2006 sí existio.


Pero, para muchos, la confabulación contra quien fuera candidato de la Alianza por el Bien de Todos a la Presidencia de la República en 2006 era sólo producto de su imaginación.

Hoy, gracias a WikiLeaks y a su fundador Julian Assange, quien obtuvo cables clasificados del gobierno de Estados Unidos (EU) redactados en diferentes partes del mundo, se puede afirmar que el complot sí existió.

Sus protagonistas fueron funcionarios públicos, políticos y hasta jerarcas de la Iglesia Católica.Todos ellos desfilaron ante diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en México y del Vaticano para conspirar contra quien en ese momento encabezaba las preferencias electorales para ganar la Presidencia.

Luego de una minuciosa exploración que hizo Reporte Indigo en los miles de cables de WikiLeaks correspondientes a México que no han sido revelados ni editados, encontramos los nombres de tres personajes clave del complot contra AMLO.

El primero es Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero federal del Instituto Federal Electoral (IFE) de 2003 a 2010, quien estaba obligado a guardar imparcialidad como miembro del órgano supuestamente independiente encargado de organizar la elección.

De acuerdo al cable 06MEXICO3309, clasificado como “confidencial”, Sánchez Gutiérrez, a quien la embajada califica como un consejero “con poco amor hacia López Obrador”, se presentó días antes de la elección presidencial en las oficinas de la representación del gobierno EU en México.

Ahí informó que los resultados de los comicios que se realizarían el 2 de julio de 2006 no se darían a conocer ese día y que AMLO perdería la elección por pocos votos. También abogó por la causa del candidato del PAN Felipe Calderón.

El segundo es José Sidaoui, subgobernador del Banco de México de 2006 a la fecha, quien por ser servidor público tenía prohibido hacer proselitismo usando su cargo.

Según el cable 06MEXICO820 sin clasificar y “sólo para uso oficial”, cuatro meses antes de la elección, Sidaoui hizo una advertencia a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México.

Dijo que si Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones, “gobernaría como Hugo Chávez en Venezuela” y que no sólo representaba una “amenaza para el crecimiento económico, sino también para la estabilidad macroeconómica”.

El tercero, y quizá el más inesperado, es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder moral del PRD y ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien el próximo 27 de octubre recibirá en el Senado de la República la medalla Belisario Domínguez.

En el cable 06MEXICO6867, clasificado como “confidencial”, se afirma que a pocos días de que Felipe Calderón tomara posesión como presidente de México en medio del descrédito, Cárdenas Solórzano estuvo en la Embajada de Estados Unidos en México y cabildeó ante los funcionarios norteamericanos contra su compañero de partido Andrés Manuel López Obrador y a favor de Calderón.

La trama se complementa con las acciones del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez.

El cable 06VATICAN60, dado a conocer por el periódico La Jornada en julio de 2011, revela que el “influyente cardenal de América Latina” asistió en marzo de 2006 a la Embajada de EU en el Vaticano.

Ahí manifestó su preocupación “por la creciente presencia de líderes de izquierda en América Latina”, enumerando desde Fidel Castro hasta López Obrador. Dijo que era “una tendencia peligrosa” y pidió directamente la “ayuda” de George Bush para evitar que un gobierno izquierdista asumiera la Presidencia de México.

Reporte Indigo presenta las pruebas documentales del complot y sus protagonistas.

EL CONSEJERO PARCIAL DEL IFE

Arturo Sánchez Gutiérrez fue consejero del IFE durante siete años.

Con su voz y voto participó en la organización de dos comicios federales en 2006 y 2009. Antes fue director de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto.

Durante el tiempo que fue consejero, presidió comisiones del IFE cuyas acciones definen la credibilidad y equidad de los comicios: Organización Electoral, Administración e Informática, Prerrogativas y Partidos Políticos; y el Comité de Radio y Televisión.

Arturo Sánchez Gutiérrez, quien actualmente trabaja en el ITAM y es investigador asociado del Colegio de México, no fue imparcial en las elecciones presidenciales de 2006, según la información interna del gobierno de Estados Unidos.

El cable número 06MEXICO3309 de la Embajada de EU en México, redactado el 15 de junio de 2006 por la jefa adjunta de Misión Leslie A. Bassett, lo deja en evidencia.

“El Consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Arturo Sánchez compartió con nosotros el 14 de junio algunas ideas sobre las próximas elecciones. Él insistió en que a pesar de los problemas técnicos habituales el día de las elecciones sería relativamente suave”, dice el cable en su resumen.

En el desglose del contenido del encuentro con Sánchez Gutiérrez, la Embajada de EU no señala cuál fue la razón de la visita del consejero del IFE.

Durante la reunión, Sánchez Gutiérrez dijo que la competencia entre AMLO y Calderón estaba muy cerrada, y que el PRI terminaría en un distante tercer lugar. Sin embargo, oficialmente, el IFE decía que no avalaba ninguna encuesta.

“Dijo (Sánchez Gutiérrez) que las partes tratan de mantener sus opciones abiertas en caso de una pérdida y ser rápidos para sugerir un sesgo u otros problemas, pero con observadores de los partidos en las casillas viendo la votación y el escrutinio y recibir una copia de los resultados sería extremadamente difícil para cualquier persona manipular el resultado”, redactó Bassett.

En su encuentro con funcionarios diplomáticos del gobierno de EU, el consejero defendió los contratos que hizo el IFE con empresas ligadas a Diego Zavala, cuñado de Felipe Calderón.

“En cuanto a los últimos anuncios de ataque en los cuales López Obrador sugiere que el cuñado de Calderón, Diego Zavala, había estado recibiendo contratos gubernamentales leoninos e incentivos fiscales para su empresa Hildebrando, Sánchez insistió en que las acusaciones de una siniestra conexión con el IFE eran tonterías.

“Dijo que el IFE ha hecho uso de una marca común de software vendido por Hildebrando, pero que ellos se lo compraron a un vendedor diferente. El IFE también tuvo contrato con una compañía procesadora de datos que termina en 2000, tres años antes de que la empresa fuera adquirida por Hildebrando”, señala el cable.

Pero Sánchez Gutiérrez no informó que sí existía una empresa ligada a negocios con Hildebrando que tenía un contrato con el IFE.

Dos días después de la visita de Arturo Sánchez a la embajada, el periódico La Jornada publicó que el IFE había otorgado un contrato millonario a la empresa Sagem Défense Sécurité para desarrollar un sistema multibiométrico para el Instituto Federal Electoral con el propósito de ''detectar registros múltiples y fraudes de identidad en el registro nacional de votantes''.

El artículo también señalaba que Identix Incorporated, socia de la empresa del cuñado de Calderón, había sido subcontratada para hacer el trabajo.

Será por eso que la jefa adjunta de Misión hizo una anotación en su cable: “El IFE rechazó los intentos para asegurar una revisión de las listas electorales y el sistema para la compilación de los resultados preliminares o PREP, con el argumento de que ambos habían sido revisados por las partes…”.

En otra parte del cable, se señala que Sánchez Gutiérrez vaticinó que AMLO perdería la elección por un margen muy estrecho.

“Obrador, a quien Sánchez define que (perderá) como por el tres por ciento o menos, puede dar lugar a manifestaciones, pero que dudaba que serían de larga duración o violentas.

“Sánchez apostó su optimismo”, señala el cable, “en el hecho de que tanto el IFE y el TRIFE gozan de una mayor confianza pública que cualquier otro partido político.

“Sánchez dijo que aunque López Obrador, quien mostró su capacidad para movilizar a sus partidarios durante la crisis del desafuero el año pasado, no pudo mantener a las multitudes semanas tras semana.

“Sánchez, que claramente tiene poco amor por López Obrador, también insistió en que el candidato del PRD no era un tonto, él no desea crear una situación que podría causar un colapso financiero y político en México, sobre todo si se tenía la esperanza de dar la vuelta al resultado inicial de las elecciones”, escribió Bassett.

Respecto al conteo rápido y al anuncio del IFE de un ganador, el consejero comentó que eso no iba a ocurrir.

“Sánchez dijo que el IFE pudiera negarse a hacer un anuncio de conteo rápido si López Obrador fuera perdiendo, pero el margen fuera de aproximadamente tres por ciento o menos, sin embargo reiteró que la precisión del sistema de conteo rápido apoyaría un pronunciamiento preciso, incluso si el margen se estrecha mucho.

“Sánchez reconoció que no dar a conocer los resultados del conteo rápido la misma noche podría ser controvertido, pero los resultados del PREP estarían allí para que todos los vieran en Internet antes de salir el sol, y el recuento oficial llegaría el 5 de julio”, revela el cable.

En la anotación que hizo en este cable, Bassett señaló: “Estamos de acuerdo con Sánchez en que el TRIFE y su largo periodo de deliberaciones actuará como amortiguador para el descontento público. La renuencia del IFE para liberar un conteo rápido en una competencia muy reñida es comprensible, pero si el IFE no da el anuncio podría ser controversial, aumentaría los recuerdos tristes de la infame caída del sistema de cómputo en 1988, y puede ser usado por los perdedores, no importa quiénes sean”.

A cinco años de la elección presidencial de 2006, las revelaciones hechas por el consejero del IFE a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México demuestran que lo que ocurrió el 2 de julio y los días posteriores no fue producto del azar.

LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO DE FOX

José Sidaoui trabaja en el Banco de México desde hace casi tres décadas. Se ha ocupado de las operaciones nacionales, el manejo de las reservas internacionales y los sistemas de pago.

Entre diciembre de 1994 y diciembre de 1996, se desempeñó como subsecretario de Hacienda y Crédito Público. En enero de 1997 fue nombrado Subgobernador del Banco de México y era uno de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, órgano que define las políticas monetaria y cambiaria y la regulación financiera.

Aunque la ley le prohibía hacer proselitismo aprovechando su posición como funcionario público del gobierno de Vicente Fox, el 9 de febrero de 2006, cuando más alto estaba AMLO en las encuestas, con 10 puntos de ventaja sobre Felipe Calderón, acudió a la Embajada de EU en México.

Usando su experiencia y su privilegiada posición en el Banco de México, habló de los supuestos riesgos económicos que correría el país si AMLO ganaba la Presidencia.

El título del cable “no clasificado” y “sólo para uso oficial”, redactado el 14 de febrero de 2006 por un funcionario de la embajada identificado como “Kelly”, lo dice todo: “Preocupaciones de un funcionario del Banco de México sobre AMLO”.

El cable llegó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Comercio en Washington.

“Le preocupaba que el peor de los escenarios políticos parecía estar cerca de la realidad con el liderazgo sostenido del candidato presidencial de izquierda Andrés Manuel López Obrador en las encuestas.

“(…) claramente cree que AMLO no sólo plantea una amenaza para el crecimiento económico, sino también para la estabilidad macroeconómica, en repetidas ocasiones lo comparó con Hugo Chávez de Venezuela”, señala el cable de la embajada.

“En respuesta a un consenso emergente de que AMLO no puede afectar a la estabilidad macroeconómica de México en la forma en que Chávez lo ha hecho en Venezuela, Sidaoui se limitó a responder: ‘¿Por qué no?’”.

Así mismo, el subgobernador del Banco de México quiso contaminar la imagen del candidato de la Alianza por el Bien de Todos tergiversando los casos de Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, y de René Bejarano.

“También hizo referencia en repetidas ocasiones a un gran escándalo de corrupción pública en la ciudad de México durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, y señaló que el consejero más cercano de AMLO, quien fue capturado en video rellenando sus bolsillos de dinero ilícito, quedó libre”, indica el cable.

“Sidaoui también expresó su consternación de que los mexicanos, en general, parecen más cómodos con la idea de un gobierno como el de origen y distribución de los beneficios económicos, más que el de mercado”.

Pese a que Sidaoui debe su carrera en el Banco de México al régimen priista, incluyendo su puesto de subgobernador, habló muy mal del PRI.

“Culpó a los 70 años del Partido Revolucionario Institucional, el gobierno caracterizado por su hábil uso de la generosidad, favores y puestos de trabajo para permanecer en el poder, por la actitud”, señala el cable.

Las descalificaciones hechas por el funcionario del gobierno de Vicente Fox se fueron extralimitando.

“Sugirió que AMLO no esta más que explotando la dependencia en el gobierno, ofreciendo utilizar los poderes del gobierno para reorientar los recursos públicos lejos de los intereses industriales y comerciales a los pobres. Él no ve eso como un progreso, sino como una mera continuación de los viejos sistemas que no han cumplido con el crecimiento económico necesario”.

En sus comentarios, “Kelly”, quien redactó el cable, señala que Sidaoui es un pensador del libre mercado de poca utilidad para quienes buscan soluciones a los problemas económicos del gobierno de México.

“Su preocupación por una posible futura presidencia de AMLO no son únicos, pero no están en la línea de las expectativas de corrientes que piensan que la economía mexicana podrá sobrevivir relativamente a salvo a una presidencia de AMLO, aunque sin mejorar”, señaló el funcionario de la embajada.

Con el cambio de gobierno y de gobernador del Banco de México, Sidaoui se quedó. De hecho, ahí sigue. ¿Seguirá orquestando complots?

LA CAMPAÑA NEGRA DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato de izquierda a la elección presidencial de 1988, siempre ha asegurado que se cometió un fraude para no reconocer su triunfo. En su lugar, el priista Carlos Salinas de Gortari fue ungido como presidente de México.

Desde aquel histórico momento, Cárdenas Solórzano ha sido considerado líder moral del PRD y fue electo jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997.

Esta semana, en una entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, afirmó que podría contender por la Presidencia el próximo año si lo eligieran por unanimidad.

El cable 06MEXICO6867, clasificado como “confidencial” y redactado por la jefa adjunta de Misión Leslie A. Bassett, fue fechado el 11 de diciembre de 2006, apenas 10 días después de que Calderón tomara posesión pese al reclamo de que se había cometido otro fraude electoral.

Lo que quedó escrito en el documento de la embajada sobre la visita hecha por Cuauhtémoc Cárdenas el 7 de diciembre de 2006, lo dibuja como nunca antes se le había visto, al menos públicamente.

Sus señalamientos fueron enviados a la CIA, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia, al Departamento del Trabajo y al Departamento de Seguridad Nacional, entre otros.

En las primeras líneas del cable se señala que funcionarios de la embajada se reunieron con Cárdenas para conocer su perspectiva de los acontecimientos que condujeron a la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente.

El líder moral del PRD criticó las medidas de protesta emprendidas por AMLO y defendió a Felipe Calderón diciendo que le daba el beneficio de la duda y que podía ser mejor presidente que Vicente Fox.

“Cárdenas dijo que las tácticas de protesta de AMLO, específicamente el campamento de dos meses largos en el Zócalo y en la principal avenida de la Ciudad de México, así como el esfuerzo de legisladores del PRD para bloquear el informe a la nación de Vicente Fox el 1 de septiembre y su infructuoso intento de bloquear en diciembre la toma de posesión de Calderón, han afectado la imagen del partido”, dice el cable.

Después de leer esto, resulta imposible no recordar que, durante años, el reproche de muchos de los simpatizantes de Cárdenas fue que, a pesar de haber clamado un fraude electoral y que le habían robado la Presidencia en 1988, no hizo nada por defender su triunfo.

“Temía que la insatisfacción pública con el PRD se reflejara en las elecciones municipales y estatales del próximo año, así como en las elecciones para gobernador en Yucatán y Baja California.

“A pesar de que las tensiones en el partido siguen siendo altas, Cárdenas es optimista respecto a que el polvo se asiente en pocas semanas, y espera que el PRD comience a actuar menos como un movimiento de protesta y más como un partido de oposición normal”, escribió Bassett.

Cuauhtémoc Cárdenas confió a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que el jefe de Gobierno del DF recién electo, Marcelo Ebrard, terminaría reconociendo al gobierno de Calderón. Y así sucedió.

“Con respecto a la recién inaugurada administración de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, Cárdenas cree que el GDF nuevo al final tendrá que reconocer y trabajar con Calderón. Hablando desde su propia experiencia como alcalde de la ciudad, dijo que era imposible gobernar la ciudad con eficacia sin tener una buena relación con el gobierno federal”, señala el cable.

Y mientras atacaba las decisiones de AMLO, Cuauhtémoc Cárdenas respaldaba a Calderón.

“Cárdenas ofreció a Calderón el beneficio de la duda, expresó su respeto personal al presidente e hizo una moderadamente optimista prognosis de su administración. Dijo que se había reunido en varias ocasiones con Calderón, pero que no lo conocía bien.

“En conclusión, Cárdenas cree que el nuevo presidente tiene buenas intenciones y la capacidad política para impulsar nuevas reformas que Fox no hizo. Con respecto a Calderón, dijo que la selección de su gabinete representa al nuevo presidente de ‘molde’ o ‘ideología’, y que no hubo sorpresas”.

Los señalamientos de Cárdenas sonaban peculiares proviniendo del “líder moral” de un partido que calificaba al gobierno de Calderón como “espurio”. Y esto mereció un comentario de la propia Bassett.

“Nunca ha habido mucho amor entre Cárdenas y AMLO, y ambos, Cárdenas y su hijo Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, decididamente no apoyaron la campaña presidencial de AMLO ni en la crisis postelectoral. Ambos se negaron a reunirse con López Obrador en sus mítines del Zócalo y otras protestas, y también han reconocido públicamente el triunfo de Felipe Calderón.

“De hecho, la crítica pública de Cárdenas a las tácticas de resistencia civil de AMLO fue la primera evidencia pública de una profunda fisura en las filas del PRD. Ildefonso Aguilar, un asesor de confianza de Cárdenas, dijo antes que Cárdenas estaba en stand by, a la espera de que el motor de AMLO perdiera fuerza”.

Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, y Cárdenas, quien dio el beneficio de la duda a Felipe Calderón ante el gobierno de Estados Unidos en un momento crítico, hoy dice públicamente que el gobierno calderonista es un desastre y que desea la candidatura presidencial no para su hijo Lázaro, sino para él.

CARDENAL PIDIÓ AYUDA A BUSH CONTRA AMLO

En el desfile de personajes que acudieron a la Embajada de EU para complotar contra López Obrador es imposible no incluir los señalamientos que hizo el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, en la Embajada de EU en el Vaticano, los cuales fueron revelados a través de un cable de WikiLeaks que publicó La Jornada en julio pasado.

Según el cable 06VATICAN60, redactado por el embajador Francis Rooney el 3 de abril de 2006, Sandoval Íñiguez “hizo eco a algunos de nuestros interlocutores del Vaticano sobre la preocupación por la creciente presencia de líderes de izquierda en América Latina”, como Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet y, tal vez, López Obrador.

“(…) y lo llamó una tendencia peligrosa. Preguntó si el presidente Bush podría ayudar. Sandoval dijo que bajo el gobierno de López Obrador, el crimen y la violencia han aumentado en la Ciudad de México”.

En el cable quedó asentado que además de hablar mal de AMLO, Sandoval Íñiguez aseguró al embajador Rooney que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado en mayo de 1993 supuestamente en medio de una balacera entre los Arellano Félix y Joaquín Guzmán Loera, en realidad había sido ejecutado por el gobierno de México, entonces encabezado por Carlos Salinas de Gortari.

“El embajador, consciente de la importancia del mensaje, señaló que A/S Shannon había discutido estos temas en su reciente visita a la Santa Sede, y también observó que el presidente George W. Bush había planteado este tema rápidamente con el nuevo nuncio papal en Washington.

hazme el chingado cabron favor ahora resulta que Terrorista somalí planeaba atacar embajada de EU en México, revela la Marina

La embajada de Estados Unidos en México. Foto: Octavio Gómez
La embajada de Estados Unidos en México.

Aunque la información fue desmentida en su momento por el gobierno federal, la Secretaría-Armada de México admitió, en un comunicado secreto, que el 9 de junio de 2010 sí se incautaron más de 20 kilogramos de alto explosivo durante un operativo realizado en un hotel de la colonia Roma.

El documento, que este martes fue dado a conocer en el noticiero de Carmen Aristegui por la corresponsal de MVS Radio en Washington, Dolia Estévez, señala que el material incautado sería utilizado presuntamente por un terrorista somalí para atacar la embajada de Estados Unidos en México.

“Se rinde informe acerca de lo encontrado dentro de la habitación marcada con el número 12S. Se encontró lo siguiente: un recipiente cilíndrico en el cual se encontraron 22.7 kilogramos de alto explosivo (el cual estaba) sellado con una mezcla de parafina; hundido en la parafina se encontraron dos cables de cobre revestidos de plástico”, dice el informe confidencial.

Entre otras cosas, añade, también se encontraron 0.66 litros de glicerina pura, una bolsa de plástico con cinco mechas detonantes, un kilogramo de pólvora y cinco gramos de mercurio, así como un emblema del grupo terrorista somalí Al Shabab, ligado con Al Qaeda.

De acuerdo con el comunicado secreto, los explosivos estaban destinados a atentar contra la embajada de Estados Unidos en México y otros consulados americanos en el país.

La Secretaría de Marina específica en el texto que el dueño de los explosivos y autor del posible atentado es un somalí llamado Ahmed, quien al parecer se identificaba en el país con una credencial apócrifa del Instituto federal Electoral (IFE) bajo el nombre de Arturo Hernández Hernández.

Amed habría ingresado a México por Guatemala y tenía en su poder material explosivo capaz de derrumbar un edificio de 20 pisos, según el documento.

De hecho, la Marina adjuntó al comunicado las imágenes que fueron tomadas por el circuito cerrado en las que aparece Ahmed (quien hasta el momento está en calidad de prófugo), días antes de que elementos de la dependencia encontraran el material explosivo, así como una fotocopia de la credencial de IFE apócrifa.

Fuentes del gobierno de Estados Unidos confirmaron a la corresponsal de MVS Noticias la autenticidad del comunicado de la Marina que este martes fue dado a conocer en el noticiero de Carmen Aristegui, mismo que fue etiquetado como confidencial y bajo el nombre de Operativo Salim.

El 9 de junio del año pasado, Fuerzas Especiales de la Armada reportaron el aseguramiento de más de 20 kilogramos de alto explosivo durante un operativo realizado en el número 12 de la calle Mérida, en la colonia Roma Norte de esta ciudad.

La Marina informó que el material explosivo asegurado era de fácil maleabilidad, utilizado en tareas de demolición debido a su facilidad para ser adaptado a cualquier forma, el cual se puede aplicar directamente en estructuras y cuenta con una velocidad de detonación y densidad suficientes para romper el metal.

No obstante, horas después el gobierno federal rechazó que se tratara de material altamente explosivo.

Marisela Morales, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO), dijo que de acuerdo con reportes de los dictámenes periciales que se realizaron en el hotel de la colonia Roma, en el operativo sólo se había encontrado una caja de cartón con parafina y glicerina que no respondían a ningún tipo de explosivo.

Sobre la detención de los cuatro detenidos el día del aseguramiento del material explosivo –Santos Cleofas Nolasco, Juan José Cabrera López, Cristian Bárcenas Camacho y Mathew Robert Assanza Espinoza, todos de nacionalidad mexicana–, la funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que únicamente fueron presentados y rindieron declaración ante el agente del Ministerio Público Federal, para aportar información a la indagatoria, por lo que no se encontraban detenidos.

en tiempos de pactos EE.UU pone la muestra “El Chapo” Guzmán está en Estados Unidos: Calderón

Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Foto: Benjamin Flores

Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
Foto: Benjamin Flores

El presidente Felipe Calderón reveló que su compadre de pedas Joaquín, “El Chapo”, Guzmán radica en Estados Unidos.

“No está en territorio mexicano y supongo que “El Chapo” está en territorio americano. Aquí lo sorprendente es que él o su esposa están tan tranquilos en Estados Unidos”, confió a The New York Times.

El domingo pasado, el periódico estadunidense publicó una entrevista con el presidente de México en la que éste advirtió que, de regresar al poder, el PRI pactaría con el narcotráfico.

En respuesta, la presidencia argumentó que sus dichos fueron sacados de contexto y el PRI acusó a Calderón de iniciar una guerra sucia en su contra.

Ayer por la noche, The New York Times publicó la versión estenográfica de la entrevista.

En la entrevista, Calderón cuestionó: “¿Cuántas familias o cuántos capos mexicanos estarán más tranquilos en el lado Norte de la frontera que en el lado Sur? ¿Qué lleva al Chapo Guzmán a tener su familia en Estados Unidos?”.

El presidente acusó a las autoridades de Estados Unidos de haber permitido el traslado de la esposa del capo, Emma Coronel, a territorio norteamericano para dar a luz a sus gemelos.

Empresas privadas de Pemex, detrás de la ganga del petróleo mexicano

Tres empresas privadas propiedad de Pemex –­radicadas en los paraísos fiscales de Islas Caimán y Holanda– se benefician de la ganga del petróleo, revela la Auditoría Superior de la Federación. Los multimillonarios descuentos también favorecen a Repsol y Shell, vinculadas con la petrolera mexicana a través de acciones y sociedades trianguladas. Ante una posible investigación del Congreso sobre la aplicación de los factores K y K’ –que habrían causado una sangría al erario por 8 mil 600 millones de dólares, en una década–, la paraestatal se blindó desde 2009
Nancy Flores/Tercera y última parte
El negocio del crudo mexicano barato no se limita a los descuentos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ofrece a sus clientes extranjeros, en particular a Estados Unidos, y que habrían mermado más de 8 mil 600 millones de dólares al erario durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. También implica operaciones trianguladas al interior de la paraestatal más importante de México.
Ello porque la petrolera recurre a un esquema en el cual los ingresos por ventas de crudo de exportación se reducen por dos vías: los “ajustes de precios por competitividad” –llamados Factor K y Factor K’– y los pagos por contraprestaciones a favor de sus propias empresas privadas, encargadas de vender el crudo y cobrar las facturas.
Así, el precio fijado públicamente para la mezcla mexicana de exportación va perdiendo varios millones de pesos durante el proceso de venta de cada cargamento. Tan sólo las depreciaciones por “competitividad” establecen decrementos que van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril, aunque el máximo permitido es de 1.9 dólares por barril exportado (Contralínea 253, 2 de octubre de 2011).
Si los descuentos se fijan en ese máximo permitido, la pérdida para el erario ascendería a 2 millones 369 mil 300 dólares al día: en cada jornada, PMI Comercio Internacional vende 1 millón 247 mil barriles de crudo en promedio. El detrimento podría superar los 864 millones 794 mil 500 dólares al año, como lo ha informado este semanario.

Las “contraprestaciones”

En el esquema ideado por Pemex, sus empresas privadas PMI Comercio Internacional –autonombrada el brazo comercial de la petrolera–, PMI Services, BV, y Pemex Finance, Ltd, juegan un papel fundamental. Las dos últimas, además de ser sociedades unimembres (sin oficinas ni empleados), tienen en común haber sido constituidas con el carácter de privadas, pero con dinero público extraído de la petrolera.
Radicadas respectivamente en Holanda e Islas Caimán –territorios considerados como paraísos fiscales por la laxitud de sus leyes hacendarias–, éstas aparecen como “clientes designados” de la subsidiaria PMI y, como tales, tienen la capacidad de negociar las exportaciones de los crudos pesados Maya y Altamira.
En esas transacciones, PMI también opera los descuentos a los precios de cada barril exportado –lo que incluye a los crudos Olmeca (superligero) e Istmo (ligero)– por medio de los factores K y K’.
Una vez que se cierran los tratos de las exportaciones, PMI Services y Pemex Finance se encargan de cobrar las facturas a los clientes extranjeros, principalmente empresas trasnacionales como Valero Marketing & Supply Co, ExxonMobil Sales and Supply Corporation, Pecten Trading Company, Conoco Phillips Co y Chevron USA, Inc. En esta lista también se encuentra PMI Norteamérica, SA de CV, una cuarta empresa privada de Pemex involucrada en estas operaciones.
De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, “el 1 de diciembre de 1998, PMI celebró con Pemex Finance, PMI Services y Pemex Exploración y Producción un contrato de adquisición de cuentas por cobrar”.
En su apartado de “Considerandos”, dicho contrato estipula que de cada venta de petróleo crudo Maya y Altamira a un cliente designado se generará una cuenta por cobrar; también, que PMI Comercio Internacional venderá a PMI Services –“en su oportunidad y como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última hizo– las cuentas por cobrar calificadas de clientes designados, generadas de la venta del petróleo crudo.
La triangulación no acaba ahí. La relación contractual establece que PMI Services venderá a Pemex Finance –también “como contraprestación al pago del precio de adquisición” que esa última empresa realizó– esas mismas cuentas por cobrar calificadas de los clientes designados.
De acuerdo con el reporte del máximo órgano de fiscalización en México, el fin de toda esta trama es obtener financiamientos privados, anteriormente conocidos como Pidiregas y ahora como deuda pública destinada a desarrollar proyectos de infraestructura.
Las triangulaciones financieras tienen su origen en la restricción de los mecanismos de financiamiento que caracterizan a los mercados internacionales, descubre la “Auditoría financiera y de cumplimiento 09-1-18T4I-02-0438ASF”.
De acuerdo con dicho reporte, en 1998 Pemex creó un programa de financiamiento estructurado: una operación comercial basada en la compra-venta de derechos de cuentas por cobrar elegibles a clientes designados, ubicados en Estados Unidos, Canadá, México y Aruba, con el objetivo de financiar los proyectos Pidiregas de la filial Pemex Exploración y Producción (PEP).
Se refiere al contrato Receivables Purchase Agreement, signado el 1 de diciembre de 1998, en el cual participan PEP, PMI Comercio Internacional, PMI Services y Pemex Finance.

Las triangulaciones

En el esquema ideado por la petrolera mexicana, cada una de esas cuatro empresas resulta fundamental. La cadena inicia en la subsidiaria PEP –constituida el 16 de julio de 1992 como paraestatal–: ésta vende a PMI Comercio Internacional todo el petróleo crudo que México destina a la exportación.
El dinero que se genera por esta comercialización interna no necesariamente entra a las arcas de la paraestatal, como lo demuestra una operación comercial realizada en diciembre de 1998. A principios de ese mes, PEP vendió cuentas por cobrar presentes y futuras de petróleo crudo pesado mexicano y, para el día 14, transfirió 1 mil 500 millones de dólares producto de las ventas al fideicomiso privado Master Trust, “en el marco del Convenio de Derivación de Fondos”, señala la Auditoría Superior.
De este esquema, una segunda etapa se ubica en la labor de PMI Comercio Internacional. Constituida el 24 de mayo de 1989 como sociedad anónima –por Pemex, el Banco Nacional de Comercio Exterior y la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal–, esta filial compra las cuentas por cobrar presentes y futuras del crudo mexicano a PEP, e incorpora al programa de financiamiento estructurado a sus clientes designados.
Valero Marketing & Supply Co, ExxonMobil Sales and Supply Corporation, Chevron USA Inc, PMI Norteamérica, SA de CV, Pecten Trading Company, Conoco Phillips Co, entre otros clientes, son informados de la operación a través de una Notice of sale and assignment of account receivable, documento que indica que el pago debe realizarse en la cuenta bancaria collection account, a nombre de Pemex Finance, PMI Holdings y PMI Comercio Internacional.
Una vez realizado esto, PMI Comercio Internacional vende a PMI Services los derechos de cobro de las cuentas por cobrar. Al tiempo, administra y maneja el servicio de esas cuentas en beneficio de Pemex Finance, la compañía radicada en Islas Caimán.
La trama diseñada por Pemex para operar las ventas del petróleo crudo de exportación va más allá. PMI Services, constituida el 31 de marzo de 1988 como empresa privada en Ámsterdam, Holanda –pero propiedad de la paraestatal–, se encarga de comprar a PMI los derechos de las cuentas por cobrar; vender esas cuentas a Pemex Finance a una tasa de descuento promedio del 9 por ciento sobre los derechos de cobro adquiridos; y obtener un beneficio del 0.006 por ciento del “service margin”, sobre la cobranza a realizarse a los clientes designados.
A su vez, Pemex Finance concentra los fondos sobre los derechos de cobro adquiridos de las cuentas por cobrar elegibles; retiene mensualmente de la cobranza de los clientes designados el margen de ganancia del 0.006 por ciento destinado a PMI Services; y realiza los pagos de capital de la deuda de emisión de bonos, con las cuentas por cobrar elegibles no destinadas a la recompra de nuevas cuentas generadas por PMI Comercio Internacional.
Pemex Finance es un vehículo financiero constituido el 18 de noviembre de 1998, como sociedad de responsabilidad limitada bajo las leyes de las Islas Caimán. En la actualidad, su único accionista es The Pemex Finance Trust, un fideicomiso de beneficencia pública constituido por BNP Paribas Private Bank & Trust Cayman Limited.
Y aunque su capital social autorizado fue de sólo 1 mil dólares, las operaciones que realiza son multimillonarias. Tan sólo en 2009 Pemex Finance operó el 87.7 por ciento de los 341 millones 672 mil barriles de petróleo crudo Maya y Altamira que México exportó. Así, el “programa de financiamiento estructurado” permitió a esa empresa adquirir el derecho de cobro de cuentas de 12 clientes designados, por 18 mil 951 millones 274 mil dólares, equivalentes a 247 mil 479 millones de pesos.
Además, entre 1998 y 2000 emitió una deuda en los mercados internacionales por 5 mil millones de dólares. El objetivo, según la paraestatal mexicana, fue “obtener recursos para la compra de los derechos de cobro de las cuentas por cobrar elegibles vendidas por PMI Services”. Para respaldar esta operación, Pemex le concedió un préstamo subordinado por 714 millones 750 mil dólares.
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la versión de Petróleos Mexicanos y PMI Comercio Internacional. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Shell y Repsol, beneficiadas
En 2009, las trasnacionales Shell y Repsol YPF figuraron entre los 22 clientes de PMI Comercio Internacional. Ambas empresas se encuentran vinculadas a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de operaciones trianguladas: la primera mantiene una sociedad al 50 por ciento con PMI Norteamérica, en la refinería Deer Park; en la segunda, Pemex posee el 9.8 por ciento de las acciones a través de sus empresas privadas PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL.
Las transacciones podrían haber involucrado descuentos, de acuerdo con las reglas creadas por la paraestatal mexicana para ajustar los precios del petróleo de exportación a “niveles competitivos”.
De acuerdo con la “Auditoría financiera y de cumplimiento 09-1-18T4I-02-0438ASF”, en 2009, PMI Comercio Internacional tuvo 26 contratos vigentes con 22 clientes, para la comercialización de petróleo crudo. De éstos, 15 fueron evergreen (renovables), seis de largo plazo y cinco ocasionales.
El firmado con la estadunidense Shell Trading Company tuvo la condición de ocasional, mientras que el de la española Repsol YPF Trading y Transporte fue evergreen. Los otros cuatro contratos ocasionales se pactaron con Atlantic Trading and Marketing, Inc; CEPSA International, BV; Citgo Petroleum Corporation y Koch Supply & Trading, LP.
Pemex busca blindar el Factor K
El acta de la 88 sesión del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional revela que Petróleos Mexicanos buscó blindar su actuación respecto de los multimillonarios descuentos al precio del crudo de exportación, desde septiembre de 2009.
La “protección” sobre sus actos se discutió al prever futuros cuestionamientos hechos por legisladores, durante las comparecencias de quien fuera titular de la paraestatal más importante de México, Jesús Reyes Heroles González Garza.
En aquella sesión, los representantes de Pemex sostuvieron lo siguiente: “Sería conveniente que se presentara ante el Consejo de Administración un estudio comparativo entre las políticas y las mejores prácticas internacionales. Para ello, un tercero independiente podría realizar un análisis respecto de las decisiones comerciales que pueden llegar a impactar de forma importante, como en el caso de los ajustes al Factor K de la fórmula de precios, para atender el tema que ha surgido recurrentemente en varias comparecencias [ante el Poder Legislativo] y salvaguardar de cualquier pugna el actuar de la empresa”.

Afirman que es “imposible de salvar” a Grecia, Italia y España


Esos países están en un círculo vicioso en el que sus propias políticas de ajuste son las que los ahorcan para poder proteger el trabajo y el consumo; Inglaterra está con un pie en el limbo, asegura Ernesto Vivar, catedrático de la Flacso.

La crisis financiera internacional amenaza con llevar a un colapso “imposible de salvar” a Grecia, Italia y España, aseguró hoy el catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Ernesto Vivar.
“No solamente Grecia, sino también Italia y España son imposibles de salvar, mientras que Inglaterra está con un pie en el limbo”, puntualizó Vivar en diálogo con Notimex.

Añadió que esos países “están en un círculo vicioso, donde sus propias políticas de ajuste son las que los ahorcan para poder proteger el trabajo y el consumo”.

“Entonces, mientras se ajustan y menos se capitalizan, menos intervienen en el mercado y peores condiciones sociales se generan y el impacto de la recesión es mayor y las consecuencias sociales”, afirmó Vivar.

Recalcó que “lo único que se está incrementando en Europa es la policía en función de las protestas sociales, y lo mismo está ocurriendo en Chile por el fracaso del modelo neoliberal promovido durante muchos años como ‘la niña bonita’ del FMI”.

Vivar, nacido en Argentina, es doctor en Política por la Universidad de Sheffield, maestro en Política Económica Internacional por la Universidad de Birmingham y dicta clases en la maestría de Estudios Internacionales de Flacso-Ecuador.

Al referirse a Sudamérica, aseguró que “el golpe de lo que está pasando (en Europa) todavía no nos llega de manera muy fuerte, pero nos va a llegar”.

Aludió a los mecanismos que busca aplicar la región en el marco de lo que denominó “regionalismo sudamericano”, entre los que está la nueva arquitectura financiera impulsada fundamentalmente por Ecuador.


http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/10/16/153049829-afirman-que-es-201cimposible-de-salvar201d-a-grecia-italia-y-espana

Fraude en compra-venta de gasolina

Inhabilitan y multan a cuatro altos directivos del “brazo comercial” de Petróleos Mexicanos, PMI Comercio Internacional; entre éstos, a la directora general María del Rocío Cárdenas. Los funcionarios habrían vendido gasolina con descuentos indebidos a las trasnacionales Trafigura y Gunvor, señala la Secretaría de la Función Pública. El perjuicio al erario ascendería a 24.3 millones de dólares. Al final del sexenio, la paraestatal habrá destinado más de 1 billón 500 mil millones de pesos a la importación del energético; mientras, los mexicanos se enfrentan al décimo gasolinazo del año
Una presunta defraudación por 24 millones 330 mil 221 dólares, unos 340 millones de pesos, en perjuicio de las finanzas de PMI Comercio Internacional descubre un negocio que sólo beneficia a los extranjeros: la compra-venta de gasolinas. Y es que mientras a las exportaciones se les aplican descuentos multimillonarios, las importaciones se pagan a precio de mercado.
Tan sólo en este sexenio, México habrá gastado 1 billón 700 mil millones de pesos en la importación de productos petrolíferos; de éstos, al menos 1 billón 500 mil millones se habrán destinado a la compra de gasolinas al cierre de 2012, revela información oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con el documento Indicadores petroleros, informe mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos (volumen XXIII, número 8, agosto de 2011), las importaciones realizadas en el periodo 2007-2011 suman un equivalente, en pesos, a 1 billón 349 mil 40 millones: en 2007, por 237 mil 132 millones; en 2008, por 328 mil 636 millones; en 2009, por 197 mil 484 millones; en 2010, por 299 mil 754 millones; y en 2011, por 286 mil 34 millones de pesos.
El monto involucrado hasta este año es 11.5 veces la inversión total de Pemex para la fallida refinería Bicentenario, que se ubicará en Tula, Hidalgo, y de la cual sólo se ha construido la barda perimetral. De acuerdo con el boletín 193 de la paraestatal, con fecha del 6 de noviembre de 2009, la construcción costará apenas “129 mil millones de pesos, contemplados en diversas partidas anuales [desde 2010] hasta 2015”.
A pesar del contraste de las cifras, sin una mayor producción nacional, las importaciones continuarán causando una sangría relevante a las arcas públicas. Al finalizar el gobierno calderonista, el gasto en este rubro se cerrará en, al menos, 1 billón 699 mil 40 millones de pesos: en el año electoral de 2012, las adquisiciones de los energéticos superarán los 350 mil millones, el mayor monto sufragado hasta ahora.
De acuerdo con el diputado federal Mario Di Costanzo Armenta, el próximo año, sólo las compras de gasolinas ascenderán a 22 mil 500 millones de dólares; mientras que otros productos petrolíferos implicarán un gasto de 2 mil 500 millones. Así, la estrategia de la paraestatal más importante del país ha sido importar gasolina cara y exportar gasolina barata.
Ello a pesar de que las costosas importaciones del energético no sólo impactan las finanzas públicas, sino también los bolsillos de todos los mexicanos. El 8 de octubre pasado, el gobierno federal hizo efectivo el décimo gasolinazo del año: el litro de Magna alcanzó un precio de 9.56 pesos, el de Premium llegó a los 10.5 pesos y el diésel se incrementó a 9.92 pesos. El argumento de las autoridades federales es la supuesta “incapacidad” financiera para seguir solventando el subsidio al energético.

El presunto fraude

Contrario al detrimento que sufren las finanzas públicas y familiares, las trasnacionales se ven favorecidas por las exportaciones de gasolina barata. Tal fue el caso de las empresas de origen holandés Trafigura y Gunvor, beneficiarias entre 2008 y 2009 de la política de rebajas (similar a la aplicación de los factores K y K’ en el precio del crudo de exportación, que Contralínea reveló en su edición 253, del 2 de octubre de 2011).
Así lo documenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública en PMI Comercio Internacional, que derivó en la destitución, inhabilitación y multa de cuatro altos directivos de esa filial, considerada la segunda en importancia al interior de Pemex.
Los funcionarios sancionados son la ahora exdirectora general, María del Rocío Cárdenas Zubieta; el exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado; el exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes, Alejandro Tello Winniczuk; y el exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto.
En conferencia de prensa, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, explicó que el daño ocasionado al erario de PMI Comercio Internacional asciende a 1 millón 757 mil dólares, mientras que el perjuicio a la paraestatal es de 24 millones 330 mil dólares. De acuerdo con Vega Casillas, éste es el primer caso en el que se ve involucrada una alta funcionaria de PMI.
Tras recibir una denuncia anónima, el Órgano Interno de Control realizó un análisis de los expedientes comerciales y advirtió el presunto otorgamiento de un descuento excesivo e injustificado en la venta de gasolina cóquer. Éste se determinó al tomar como referente internacional a la gasolina RBOB menos un descuento.
Sin embargo, señala la autoridad federal, “no se encontró evidencia de que el descuento otorgado se hubiera basado en la diferencia de calidad entre la gasolina cóquer y la gasolina RBOB, utilizada como referente, tal y como debe ocurrir en este tipo de operaciones”.

Las sanciones

Como lo adelantó Contralínea (edición 227, 3 de abril de 2011), todas las operaciones encabezadas por María del Rocío Cárdenas eran fiscalizadas por el Órgano Interno de Control desde 2010. Entre otras cosas, los contralores presumían actos de corrupción y conflicto de intereses en su gestión.
Quien también fuera directora Comercial de Refinados (de enero de 2008 a enero de 2009) finalmente fue destituida, inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos y multada con 238 millones 942 mil 24 pesos por el caso de la supuesta venta irregular de gasolina cóquer. No obstante, los resultados de los otros expedientes de investigación podrían sumarse a la lista de presuntas irregularidades.
De acuerdo con el secretario Vega Casillas, ella omitió establecer y dirigir estrategias y actividades de comercialización, en lo relativo a diversas operaciones comerciales de gasolina cóquer.
“Como directora Comercial de Refinados de PMI, suscribió indebidamente dos contratos y un convenio modificatorio celebrados con la empresa Trafigura, Ag, para la venta de gasolina cóquer con un descuento indebido e injustificado y sin contar con un análisis de costo-beneficio de cada operación comercial. Además, omitió informar detalladamente al Comité Interno de PMI Trading, Ltd, los resultados de las operaciones comerciales en las que participó, toda vez que no dio a conocer el estado de pérdidas y ganancias reales de dichas operaciones.”
Cárdenas Zubieta tampoco supervisó al exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes en la negociación y determinación del monto del descuento excesivo e injustificado otorgado en diversas operaciones comerciales de venta de gasolina cóquer.
En la lista de sancionados están César Elías Covarrubias Prieto, exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados de PMI (entre febrero y diciembre de 2009). A éste se leinhabilitó por 10 años y multó con 85 millones 68 mil 654 pesos. Alberto Olimón Salgado, exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009), inhabilitado por 10 años y multado con 170 millones 683 mil 234 pesos. Y Alejandro Tello Winniczuk, exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009) y encargado del despacho de dicha Subdirección (entre febrero y diciembre de 2009), inhabilitado por 10 años y multado con 12 millones 35 mil 816 pesos.
Al interior de la paraestatal, el escándalo es de tal magnitud que cimbra la gestión de Juan José Suárez Coppel: mientras PMI Comercio Internacional es la negociadora directa de la operación de compra de acciones de la trasnacional Repsol, las empresas “privadas” PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SRL –propiedad de Pemex–, son las tenedoras de esas acciones.
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con Juan José Suárez Coppel, director de Pemex; y con Cárdenas Zubieta, exdirectora de PMI Comercio Internacional. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Operaciones trianguladas a paraísos fiscales
Las operaciones de PMI Comercio Internacional para la compra-venta de gasolinas en el extranjero involucran a la empresa “privada” PMI Trading, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ésta fue constituida el 8 de mayo de 1991 con recursos públicos, en el paraíso fiscal de Irlanda, desde donde realiza todas las transacciones.
A pesar de no tener ni oficinas ni empleados, es PMI Trading la que ejecuta todas las importaciones y exportaciones de los productos petrolíferos de Pemex Refinación, mediante un esquema de triangulaciones. El negocio entre PMI Trading y Pemex Refinación se basa en un contrato de compra-venta, en el cual el segundo se obliga a vender al primero la totalidad de los productos disponibles para la exportación.
No obstante que en el papel es PMI Trading quien figura como negociador, su condición de empresa de portafolio permite que quien cierre verdaderamente las operaciones sea el personal de PMI Comercio Internacional, SA de CV. Un contrato de prestación de servicios posibilita que el autonombrado “brazo comercial” de Pemex controle a PMI Trading.
Dicho convenio “obliga” a la filial brindar a esa última asistencia para la negociación de toda clase de contratos; administración y operación de contratos; asistencia para el análisis de mercado; asistencia en la comercialización de productos petrolíferos, petroquímicos, gases y otros.
Función pública desmantela PMI
Tras detectar “formas sutiles de corrupción” en PMI Comercio Internacional “difíciles de acreditar”, la Secretaría de la Función Pública inició un proceso de desmantelamiento discrecional del círculo de directivos. Con las recientes destituciones e inhabilitaciones, son nueve los altos ejecutivos que han salido de la subsidiaria de Pemex entre 2009 y 2011.
Como lo ha documentado Contralínea, de 2009 a la fecha, la Función Pública ha destituido, inhabilitado o presionado para presentar su renuncia a nueve altos ejecutivos del “brazo comercial” de Petróleos Mexicanos en el mercado internacional de combustibles, ahora incluida la directora general, María del Rocío Cárdenas Zubieta.
Además de ella y sus tres allegados, inhabilitados el pasado 11 de octubre, han salido Karen Miyasaki Hara, acusada de defraudar por 13 millones de dólares al erario; Carlos Armando Cantú Guerra y Margarita Nieto Ramos, señalados e inhabilitados por pagar irregularmente una compensación por separación voluntaria; Luis Crispín Garnica, inhabilitado por usurpación de profesión; y Mario Blenda Ahumada, quien presentó su renuncia tras conocer que era sujeto de investigación por supuestos hechos de corrupción.
Crispín Garnica, quien encabezaba la Dirección de Finanzas de PMI, fue inhabilitado y separado de su cargo en 2009 tras comprobarse que ostentaba el título de licenciado sin haber obtenido este grado.
Miyasaki Hara, exsubdirectora Comercial de Destilados Intermedios, fue destituida el 23 de mayo de 2010. En este caso, la Secretaría de la Función Pública la acusó ante la Procuraduría General de la República por su probable responsabilidad en un fraude por 13 millones de dólares, por falsear su declaración patrimonial al no reportar 16 millones de pesos y por supuesto enriquecimiento ilícito.
Mario Blenda Ahumada, exsubdirector Comercial de Residuales, renunció a mediados de 2010 tras enterarse que el Órgano Interno de Control en PMI lo investigaba por un supuesto fraude a las finanzas públicas.
La investigación en contra de Blenda Ahumada aún no concluye, revelan fuentes de la Función Pública. De acuerdo con los avances, se podrían acreditar 32 viajes –cada uno con duración de dos días y estancia de un par de horas (sólo los fines de semana)– a París, Francia, durante un año.
Carlos Armando Cantú Guerra, exdirector de Administración, y Margarita Nieto Ramos, exgerente de Recursos Humanos, fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados el 8 de febrero pasado por autorizar la liquidación por 5 millones 668 mil 405 pesos a favor del exdirector de Finanzas, Crispín Garnica.