La indignación popular está confrontando con firmeza la versión oficial de la masacre de estudiantes este 31 de enero en Villas de Salvarcar, una colonia popular de Ciudad Juárez. La sangre todavía era visible en la escena del crimen cuando el “presidente ” de México, Felipe Calderón abría su conferencia de prensa en Tokio Japón atribuyendo los hechos a la rivalidad entre pandillas. El gobernador José Reyes Baeza y la procuradora de justicia del estado defendieron esta versión. Las cosas se llevaron al extremo de proclamar el nombre de la pandilla a la que se supondría pertenecerían los victimados y los victimarios.
La prensa presente en los primeros momentos después de la masacre dio cuenta del repudio de los vecinos a la autoridad y de los reclamos de su ineficiencia y hasta de su complicidad. Al mediodía del domingo, la Asamblea Ciudadana Juarense, decidía denunciar la actuación de escuadrones de la muerte y la complicidad del estado con este tipo de grupos con el fin de sembrar el terror y desmotivar la movilización ciudadana. La aparición de pancartas con reclamos al gobierno en los velorios fue notoria desde los primeros momentos. La visita del gobernador en las honras fúnebres fue recibida también con airados reclamos.
Las pintas acusadoras empiezan a proliferar en la ciudad de manera tal, que los medios masivos de comunicación -en su mayoría cómplices solícitos de la difusión de estos infundios- se vieron obligados a dar cuenta de ellos. Gobierno asesino dicen algunas de las pintas que apunta a contrarrestar la versión oficial y a denunciar la complicidad con los escuadrones de la muerte. Otra, tomada de nuestro reportaje gráfico Señales de Guerra II para encabezar esta nota, dice sin rodeos: Que renuncie Calderón por asesino y traidor a la patria.
Un foro abierto por El Universal da cuenta de que la versión de la Asamblea y del Frente Nacional contra la Represión de que la violencia en la frontera no está vinculada al combate del hampa sino con fuerzas federales, tiene más respaldo del que podría esperarse. Esto, teniendo en cuenta que el medio nacional que lo realiza no tiene edición local en Chihuahua o Juárez los frentes más violentos de la supuesta guerra contra el narco. Un 42.52 por ciento de los participantes se inclina por la opción: efectivamente, es una estrategia de limpia programada por una fuerza militar, superando a aquellos que creen la versión: son ajustes internos del crimen organizado, (41.13 por ciento).
Hace un año la prensa daba cuenta de la convocatoria del Comando Ciudadano por Juárez a la formación de escuadrones de la muerte como medio para terminar la violencia, financiado según su convocatoria por empresarios juarenses. El año pasado tuvo amplia difusión la declaración de l empresario Mauricio Fernández Garza -alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México- de formar comandos rudos para combatir la delincuencia. La tolerancia gubernamental con esos desplantes ha sido tan notoria que el alcalde neolonés ya se candidatea para presidente de México en el 2012.
La falta de reacción organizada ante la serie de masacres que han acompañado a este discurso ha sido mal leída por quienes comandan la “guerra contra el narco”. Una escalada genocida de violencia produce estupor. La sistemático criminalización de las víctimas con un fuerte apoyo mediático puede narcotizar momentáneamente a lo “opinión pública”. Pero la población percibe cada vez más claramente que la mezcla de impunidad y complicidad mediática fabrica culpables a conveniencia de autoridades y grupos de poder y comienza a levantar la voz contra esta lógica perversa.
Las pintas, los correos, los foros electrónicos, el corre la voz van fabricando una versión distinta a la historia oficial que cada vez se percibe como infamia. Infamia contra la memoria de las miles de víctimas caídas en esta “guerra, contra el dolor de sus familias, y en general, contra la totalidad de los juarenses que no son parte de la aristocracia criolla y la élite feliz de la familia que dirige la democracia realmente existente. Tuvieron que caer abatidos o heridos decenas de jóvenes estudiantes, la mayoría de ellos menores de edad, adolescentes, para el shock de la infamia fuera confrontada con el juicio popular.
