En el país se encuentra la coyuntura política gubernamental sobre el tema de los derechos humanos por la disputa de la presidencia de la comisiones oficiales de derechos humanos a nivela nacional (CNDH), en el Distrito Federal y algunas entidades federativas más.
Como en el estado de Hidalgo, que no es la excepción con respecto a la conformación y designación la presidencia de las comisiones nacional y las locales de derechos humanos, que en la mayoría de los casos son utilizados estos organismos de nombre autónomo como una mascara para presentarse como gobierno democrático respetuoso de los derechos humanos, pero terminan funcionando a favor del ejecutivo federal y estatal en turno.
La creación de comisiones de derechos humanos instrumentada desde el Estado mexicano se da a partir del desarrollo agudización del descontento popular y el intentar detener por parte de él, la denuncia nacional e internacional de la sistemática violación de los derechos humanos y constitucionales de parte de las policías y el ejército federal, y continuar con la impunidad con que hasta ahora cuentan como responsables de dichas violaciones.
Siempre han sido y así continúa siendo, secretarios de gobernación, gobernadores, jefes policíacos, secretarios de la defensa y mandos medios se han visto involucrados directa o indirectamente en la comisión de hechos represivos y crímenes de lesa humanidad por los cuales nunca han sido juzgados ni por el ministerio publico militar, ni civil.
El crecimiento del descontento, la denuncia y protesta por la violación sistemática y flagrante de los derechos humanos, obligo al Estado y sus instituciones a crearlas, no porque así lo desee como una contribución a la justicia social, la democracia y la paz entre los mexicanos, sino como una medida de contrarrestar y robar demandas al pueblo y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
El desempeño de la mayoría de las comisiones de derechos humanos gubernamentales se ha caracterizado por una actuación parcial y selectiva pues algunos casos si le dan toda su atención y a otros los rezagan para que se pierde en la burocracia y el olvido. A pesar de contar con discursos y muchos recursos económicos y materiales, encaminan la mayoría de estos para la pura promoción y difusión de temas superficiales que no aborda la esencia de la protección a los derechos humanos y la sanción de quién los violenta. Terminan siempre descubriéndose su verdadera función: restarle credibilidad a la ONG´s defensoras de los derechos humanos en el plano nacional, pero sobre todo, en el internacional, así como, diluir la responsabilidad del Estado mexicano, sus funcionarios de primer nivel y su aparato represivo en múltiples casos de violación a los derechos humanos y constitucionales
Como en el estado de Hidalgo, que no es la excepción con respecto a la conformación y designación la presidencia de las comisiones nacional y las locales de derechos humanos, que en la mayoría de los casos son utilizados estos organismos de nombre autónomo como una mascara para presentarse como gobierno democrático respetuoso de los derechos humanos, pero terminan funcionando a favor del ejecutivo federal y estatal en turno.
La creación de comisiones de derechos humanos instrumentada desde el Estado mexicano se da a partir del desarrollo agudización del descontento popular y el intentar detener por parte de él, la denuncia nacional e internacional de la sistemática violación de los derechos humanos y constitucionales de parte de las policías y el ejército federal, y continuar con la impunidad con que hasta ahora cuentan como responsables de dichas violaciones.
Siempre han sido y así continúa siendo, secretarios de gobernación, gobernadores, jefes policíacos, secretarios de la defensa y mandos medios se han visto involucrados directa o indirectamente en la comisión de hechos represivos y crímenes de lesa humanidad por los cuales nunca han sido juzgados ni por el ministerio publico militar, ni civil.
El crecimiento del descontento, la denuncia y protesta por la violación sistemática y flagrante de los derechos humanos, obligo al Estado y sus instituciones a crearlas, no porque así lo desee como una contribución a la justicia social, la democracia y la paz entre los mexicanos, sino como una medida de contrarrestar y robar demandas al pueblo y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
El desempeño de la mayoría de las comisiones de derechos humanos gubernamentales se ha caracterizado por una actuación parcial y selectiva pues algunos casos si le dan toda su atención y a otros los rezagan para que se pierde en la burocracia y el olvido. A pesar de contar con discursos y muchos recursos económicos y materiales, encaminan la mayoría de estos para la pura promoción y difusión de temas superficiales que no aborda la esencia de la protección a los derechos humanos y la sanción de quién los violenta. Terminan siempre descubriéndose su verdadera función: restarle credibilidad a la ONG´s defensoras de los derechos humanos en el plano nacional, pero sobre todo, en el internacional, así como, diluir la responsabilidad del Estado mexicano, sus funcionarios de primer nivel y su aparato represivo en múltiples casos de violación a los derechos humanos y constitucionales
