■ Presentarán denuncia ante la PGR y Asuntos Internos de la PF

■ "Historias fictícias", las de que federales perseguían a un puchador


Castigo a los agentes de la Policía Federal y quienes ordenaron el allanamiento del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPS), exigieron este mediodía en rueda de prensa directivos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC,s) juarenses, quienes consideraron "historias ficticias" las divulgadas en el sentido de que los uniformados perseguían a un narcomenudista que se escondió en el inmueble.
El el Director del CDHPS, Óscar Enríquez, dio a conocer que "estamos elaborando una denuncia penal que se presentará ante la PGR por el allanamiento...y también llevar el caso ante Asuntos Interno de la Policía Federal".
El hecho registrado las 20:00 horas del domingo "para nosotros es mucho muy violento, mucho muy ilegal, un allanamiento un abuso de autoridad de funcionarios públicos en que, pues el mensaje va directo a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos", dijo el Director del CDHPS, el sacerdote Óscar Enríquez.
Todo, "sabiendo que se da en el contexto en que estamos preparando junto con otras organizaciones el encuentro con la Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad que viene hacia Ciudad Juárez", destacó el padre católico.
El intento de "amedrentamiento" puede ser una interpretación, respondió a una pregunta.
Enríquez dijo que circula la versión divulgada por la misma PF en el sentido de que habían detenido a dos narcomenudista..."que supuestamente persiguen a quien les vendía la droga, que supuestamente se escondió en el Centro de Derechos Humanos...son historias inventadas, ficticias".
Consideró la explicación oficial como "una versión sin lógica, sin fundamento; a mi no se me hace creíble porque el Centro tiene una rejas altísismas, no hay entrada, las puertas estaban cerradas, hay alarma... y sin embargo entran, abren las puertas a base de golpes, revisan gavetas de oficinas, de la cocina, archiveros , todos los cajones..."
Dijo que funcionarios de Gobernación le llamaron por teléfono para decirle que "que fue un error de la corporación que no es una agresión al Centro", pero el derechohumanista dijo que exigen "sanción a los autores materiales y a quien dio la orden".
Una de las activistas dijo durante la misma rueda de prensa que al padre Óscar Enríquez le fueron otorgadas medidas cautelares desde el 19 de mayo de 2009 por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las mismas que no han sido implementadas por el Estado mexicano.
Esa fecha se concedieron medidas cautelares para Enríquez y otro sacerdote, Javier Ávila, uno de los directivos de Cosyddhac, por el caso de desaparición de tres miembros de la familia Alvarado el 29 de diciembre de 2009 en el Ejido Benito Juárez -y medidas provisionales a 34 miembros de la misma familia amenazados de muerte, de los cuales la mayoría ha abandonado Ciudad Juárez-
Al retomar la palabra, el sacerdote agradeció la solidaridad mostrada por organizaciones de los Estados Unidos y México, que de inmediato solicitaron acciones urgentes como la Red de Todos los Derechos para Todos integrada por cerca de 70 centro, y el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Emilio Álvarez Icaza quien expuso el caso durante la mañana de este día en el programa televisivo de Brozo.
Igual, dijo, el Centro de Mujeres y el de Justicia para Nuestra Hijas quienes se comunicaron a Hot Line de Amnistía Internacional para solicitar la intervención de esa organización.