“Que el fraude electoral jamás se olvide”
La escandalosa, cuan dolosa, quiebra de Mexicana de Aviación muestra con claridad la debacle en que el país se encuentra; es prueba fehaciente de los nefastos resultados de un modelo en que todo se deja al libre juego de las fuerzas del mercado cuyo resultado, lejos de generar un sano crecimiento de la sociedad y de la economía, sólo deja el saldo de pérdidas en todos los renglones, excepto el de los bolsillos de los potentados. Para el común de la gente Mexicana de Aviación significó un emblema de orgullo nacional y, por tanto, su quiebra lo es también de todos los mexicanos; sin dejar de ser una subjetividad, esta apreciación popular no está lejos de ser parte de la realidad actual del país.
El asunto es de fondo y permite varios niveles de análisis. Los dueños de la empresa argumentan que los motivos de la quiebra tienen que ver con las condiciones de los contratos colectivos de trabajo, siguiendo la costumbre de pretender ocultar su ineficiencia administrativa, tal como se argumentó por el gobierno en el caso de Luz y Fuerza del Centro. Yo no creo en tal ineficiencia administrativa, como tampoco que la causa sean las condiciones laborales; creo que lo que sucede es que la falla radica en el objetivo financiero de los dueños que, por cierto, no quiebran en lo personal sino que acrecientan sus fortunas en el conocido deporte de recibir empresas públicas a precio de ganga, recibir créditos cuantiosos para fortalecerlas, transferir el dinero a otras empresas de su propiedad que funcionan como proveedoras, descapitalizar a la principal y, finalmente, quebrarla para no pagar los créditos y obligaciones contraídos. Así sucedió siempre con los ingenios azucareros, fue el motivo del perverso FOBAPROA, se practicó con el rescate carretero, entre otros distinguidos casos de la corrupción de cuello blanco. Como que la película la tenemos muy vista para seguir cayendo en el engaño; los tecnócratas son imbéciles pero no tanto como para no ser partícipes del negocio: lo prohijaron, lo ejecutaron y lo dejaron pasar. No fue de gratis, téngalo por seguro.
Los defensores del neoliberalismo y de la competencia como fórmula de autorregulación, al estilo de la señora Dresser, dirán que no es culpa del modelo sino de la corrupción. Sólo les asiste parcialmente la razón; lo que no mencionan es que es el propio modelo el que da lugar a que tal corrupción exista. Cuando el modelo privilegia el dinero como valor rector de la actividad humana y deja en absoluta libertad a los actores para conseguirlo, la corrupción deja de ser pecado para convertirse en ejercicio de la libertad empresarial en busca de la mayor utilidad posible. En tal caso la famosa competencia no tiene nada que ver con la satisfacción del consumidor, sino solamente en el nivel de calificación de las fortunas personales en las revistas especializadas o en el tamaño de los yates en que se pasean.
En un segundo nivel de análisis, el tema lleva a la consideración del papel del estado en la economía. El tema que nos ocupa dice claramente que la atención de un servicio de la importancia del transporte aéreo, del cual depende la sana operación del conjunto económico, no puede dejarse a la suerte, la eficiencia o la honestidad de un grupo de personas cuya principal y legítima finalidad es generar utilidades. Digo legítima porque a nadie se le puede exigir que regale su dinero o que realice una actividad con pérdidas; mienten quienes dicen que la función de la empresa es generar empleo, en todo caso el empleo es una resultante de la búsqueda de utilidad. Siendo así, el estado está en la obligación constitucional de intervenir en diversos grados, según sea el carácter de la actividad; desde la operación exclusiva, como es el caso de la energía y los servicios de infraestructura, que da lugar al monopolio público paraestatal; o la concesión a particulares de manera restringida y controlada, que representa el monopolio legal. Para el resto de la actividad económica la libre competencia no debe tener más límite que la legalidad y debe protegérsele respecto de las importaciones ruinosas. Así lo establece la Constitución y es correcto.
Vale la pena anotar que este es el marco en que deben operar las concesiones del espacio radioeléctrico, particularmente las de la televisión; son monopolio pero distan mucho de ser legales. El régimen no controla a las empresas del ramo, antes al contrario, son las empresas televisivas las que controlan al gobierno. No basta con que se otorguen más concesiones que van a competir por la audiencia y que, por lo general, lo hacen por la vía de la vulgarización de la programación, como sucedió cuando se privatizó la televisión pública. Es preciso que el estado garantice que el medio público concesionado cumpla con los requisitos de orden cultural e informativo que la sociedad exige.
El lopezobradorismo y el Proyecto Alternativo de Nación así lo postulan, debidamente enmarcado en el reclamo de honestidad republicana y combate a la corrupción. Un estado responsable para una sociedad digna.
