Diego Fernández de Cevallos, quien hizo grandes favores al priismo y acumuló un poder notable en el panismo, aprovechó su situación privilegiada para amasar una fortuna a base de litigios que, como abogado, ganó a sus correligionarios del gobierno. Los polémicos pero sustanciosos triunfos legales que ha obtenido, aun en contra del erario, le llenaron las arcas con cantidades multimillonarias...MÉXICO, D.F., 26 de mayo (Proceso).- Aun cuando el secuestro con fines de obtener un jugoso rescate era, hasta el cierre de esta edición, sólo una sospecha en el caso de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, nadie duda de que el polémico abogado y exlegislador panista es un apetecible bocado para la delincuencia organizada, toda vez que ha acumulado una cuantiosa riqueza a partir de sus resonantes triunfos como litigante a favor de grandes intereses económicos, aun en detrimento del erario.
Además de su cercanía con el poder político y los favores hechos a los gobiernos priistas –particularmente al de Carlos Salinas, por quien operó entre el panismo para que se aprobaran la reprivatización bancaria, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y las reformas constitucionales en materia eclesiástica, entre otras; mientras que a Ernesto Zedillo le ayudó para que el PAN avalara el rescate bancario–, es sabido que el llamado Jefe Diego usó y abusó del poder y las influencias que le daban su condición de diputado y senador para salir airoso en procesos judiciales en los que defendió a grandes consorcios y a familias acaudaladas.
Uno de los casos más sonados y escandalosos por su monto fue el de la empresa Jugos del Valle, que desde 1996 –en el gobierno de Zedillo– había solicitado una jugosa devolución de impuestos. Ninguno de los varios bufetes de abogados contratados por la empresa pudo hacer nada durante ese sexenio.
Pero apenas se le encomendó el caso al despacho de Diego –del que han sido prominentes miembros Fernando Gómez Mont, hoy secretario de Gobernación; Arturo Chávez Chávez, actual titular de la PGR, y Antonio Lozano Gracia, quien todavía es parte del despacho y fue procurador general de la República en el gobierno de Zedillo–, sólo pasaron dos meses del inicio de la administración de Vicente Fox para que el panista queretano se alzara con un sonado triunfo.
Ya desde 1999 la Suprema Corte de Justicia había resuelto que el artículo 2-A de la Ley del IVA era inconstitucional, toda vez que hacía distinciones y discriminaciones entre alimentos semejantes, es decir, otras bebidas no pagaban este impuesto. El hecho es que, a pocos meses de que el despacho de Diego Fernández de Cevallos tomó el asunto, Jugos del Valle recuperó cerca de mil 800 millones de pesos. Por devolución de IVA, supuestamente mal retenido por Hacienda, fueron mil 540 millones, más otros 260 millones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Por ese litigio, Diego pudo llevarse entre 30% y 50% –según abogados consultados– de lo que la Secretaría de Hacienda reintegró a Jugos del Valle, en varias entregas pero a precios actualizados y con intereses sobre lo reclamado desde 1996.
Año y medio después, el hoy desaparecido político panista se anotó otro triunfo. Tomó el caso de los herederos de Gabriel Ramos Millán, quienes exigían a la Secretaría de la Reforma Agraria una indemnización por un predio de 33 hectáreas, en Santa Úrsula Coapa, que les fue expropiado en 1984.
Ya en 1997 los Ramos Millán se habían beneficiado de otra resolución judicial por un caso similar en una zona cercana. El entonces Departamento del Distrito Federal les pagó como indemnización de un predio expropiado de 25 hectáreas poco más de 11.1 millones de pesos.
Pero por el de Santa Úrsula, asumido por el despacho de Diego –en ese entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado–, los Ramos Millán recibieron alrededor de cien veces más de dinero. El juicio ganado a la SRA implicó que los Ramos Millán obtuvieran, un año después, mil 214 millones de pesos –y Diego, su jugoso porcentaje de comisión–, cantidad que era muy superior, inclusive, al propio presupuesto de la SRA.
La defensa legal que Diego hizo de la familia Ramos Millán –con el exorbitante pago que éstos recibieron– implicó que se enfrentara a su propio partido, particularmente con los senadores panistas. Y el resto de los partidos representados en el Congreso también se le fueron encima.
En julio de 2002 –cuando ya Diego y los Ramos Millán habían ganado el juicio a la SRA, pero todavía no se les pagaba–, el entonces diputado Felipe Calderón dijo que “el Estado no tiene dinero, y si lo tuviera, primero debe destinarse a resolver los problemas de miseria que hay en el país”.
También: “No tenemos dinero para todas las obligaciones del Estado, y el poco que hay tendrá que ser jerarquizado de acuerdo no sólo con criterios jurídicos o políticos, sino éticos”.
El perredista Alejandro Sánchez Camacho, entonces diputado local, acusó: “Legisladores como Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan, y exfuncionarios de Acción Nacional, como Antonio Lozano Gracia, sólo utilizan su posición y la información privilegiada que ésta les permite para ganar importantes litigios contra dependencias gubernamentales, que representan pérdidas millonarias al erario”.
Fue tal el encono que suscitó Diego con ese triunfo legal contra el propio gobierno –primero de extracción panista– que senadores de su partido, encabezados por Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del hoy presidente de la República, presentaron en agosto de 2003 una iniciativa de reforma al artículo 62 constitucional para prohibir a diputados y senadores fungir simultáneamente como legisladores y abogados litigantes activos, y para, en general, “acotar la tentación de abusar de su posición de poder para sacar ganancias personales”, según se leía en la argumentación de dicha iniciativa.
La exposición de motivos de ésta señalaba que ni diputados ni senadores podrán desempeñarse “como abogados, apoderados, representantes o asesores de particulares en negocios o asuntos judiciales, por sí o por interpósita persona”.
Y si algún legislador –decía el texto– está interesado en litigar, podrá hacerlo, pero tendrá que pedir licencia al Congreso, ya que deberá dejar sus funciones legislativas mientras dure su nueva ocupación.
El asunto no pasó a mayores. El Jefe Diego se impuso. La iniciativa no logró el consenso y se envió a la congeladora. Los priistas fueron quienes más pugnaron por que no prosperara. El argumento: A nadie se le puede prohibir el derecho constitucional de desempeñar sus actividades profesionales.
Otros clientes
Otros grandes empresarios se han beneficiado de los exitosos servicios legales de Diego Fernández de Cevallos. Es el caso de las familias Autrey Maza y Ancira Elizondo, propietarios de Altos Hornos de México. Aun cuando ésta se encuentra en suspensión de pagos desde hace 10 años –no cubre a sus acreedores una deuda cercana a los 2 mil millones de dólares–, logró, gracias a los oficios del despacho de Diego, que una de sus subsidiarias –la fórmula que emplea para seguir operando a pesar de encontrarse en suspensión de pagos– pudiera vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad, bajo un contrato de 2 mil 400 millones de dólares.
Los bancos están igualmente dentro de la gran clientela del también excandidato presidencial panista –compitió con el priista Ernesto Zedillo y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1994–. En 2001 Diego logró que el entonces banco Bital, que se había fusionado al Banco del Atlántico, no pagara a Celia Reyes, michoacana de 83 años, los más de 45 mil millones de dólares que reclamaba por un depósito que había hecho en 1988, en el Atlántico, de 59 millones de viejos pesos. Dinero que nunca tocó, que se fue renovando automáticamente en plazos de 30 días y tasas de interés que a veces superaban el 100%. Ni un quinto de lo reclamado recibió la demandante.
Más recientemente, en agosto del año pasado, el despacho de Diego Fernández de Cevallos –cuando aún se encontraba en él Arturo Chávez Chávez, ahora procurador general de la República– obtuvo un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.
Resulta que dos grupos de ejidatarios de la localidad iniciaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió –a principios de los años ochenta– los terrenos donde se ubica la terminal marítima. Diego y su equipo consiguieron un amparo porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.
Diego y sus socios ganaron en esa instancia el juicio –el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de Tamaulipas otorgó el amparo–, pero falta la sentencia definitiva.
En su momento, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas –militante del mismo partido que Diego– aseguró que el gobierno federal no está dispuesto a que se pague dos veces por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, el tercero en importancia del país.
Aseguró que la dependencia tomará todas las acciones de tipo jurídico para evitar que bajo el abuso de deficiencias técnicas en este y otros casos que hay en tribunales “se pretenda obtener ganancias incorrectas”.
“No estamos dispuestos a pagar mil 500 millones de pesos ni otra cantidad por un predio que ya se pagó a los ejidatarios”, dijo Molinar.
Y esos son, apenas, algunos de los numerosos y polémicos casos ganados por Diego Fernández de Cevallos, quien hoy, desaparecido, se halla en una encrucijada. l
