ALARMA ante la situación de los derechos humanos:
Nuevamente el caso de Ciudad Juárez.
Rosario Ibarra*
Primero fue la ratificación, en días pasados de Arturo Chávez Chávez como Procurador General. El corazón me quedó estrujado con los testimonios que durante varios días presentaron ante varios Senadores –aunque nunca se les permitió hacerlo ante la Comisión de Justicia que sí escuchó a Chávez Chávez- las madres y familiares de jóvenes mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, así como las denuncias, observaciones y críticas de organismos nacionales e internacionales al desempeño –o negligencia- de este señor cuando fue Procurador en Chihuahua. Yo voté en contra de su ratificación en el Pleno del Senado, junto con otros legisladores que representamos una minoría ante el apabullante y vergonzoso voto de la mayoría.
Mala señal esa ratificación. Mala si implica un aviso de un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias del Senado que implique otros nombramientos, especialmente el que próximamente se votará para la Presidencia de la CNDH.
Mala señal también porque implica la ratificación de una línea de autoritarismo y represión. Se alarman diciendo que hay “el riesgo de un estallido social” por el sufrimiento, insatisfacción y descontento populares por la cruel política económica del gobierno, pero en vez de cambiarla, se preparan para mayor autoritarismo, como ya lo muestra la decisión de liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, despedir a miles de trabajadores y después enviar elementos de la PFP a sacar de sus casas a algunos para ir a resolver emergencias en el suministro de la energía eléctrica. Obviamente para se curso represivo requieren una CNDH a modo que siga viendo “gastritis mal atendida” donde hay homicidio.
Pero acababa de pasar por el trance de la ratificación de Arturo Chávez Chávez cuando recibo más información sobre la situación de la Ciudad Juárez. Las secuelas de la militarización y el cada vez más frecuente fenómeno de que ahora la persecución es también contra los defensores de derechos humanos.
Más que preocupada, ALARMADA. Recibo las quejas de nuestros compañeros de la Asamblea Ciudadana Juarence, donde participa activamente el FNCR-Juárez en una lucha valiente por tratar de detener la militarización que, desde hace un año 7 meses, soportan so pretexto de una supuesta “lucha contra el narco”. Desde el inicio de esta lucha, hemos estado trabajando con los camaradas Jerónimo Fong y Julián Contreras, recibiendo y canalizando la información que como comisionados nos envían. Cada nuevo reporte evidencia el aumento de la barbarie a la que una ciudad paralizada por el miedo se enfrenta . Da rabia enterarse cómo la muerte se enseñorea con los bajos estratos de la delincuencia sin combate real a las élites del crimen; lo que plantea, a todas luces, una criminalización de la pobreza. Supuestamente en Ciudad Juárez todo el que es ejecutado es narco. Pero resulta que la mayoría de los ejecutados son jóvenes, pero son muy pobres. Nada qué ver con la situación de alguien que se enriquece con el narcotráfico. La violencia desbordada a límites poco vistos en la historia de nuestro país. Una militarización, además de inconstitucional, que ha llevado consigo reiteradas e ininterrumpidas violaciones a los derechos humanos que van desde cateos arbitrarios, saqueos, torturas, desapariciones forzadas y lo que espanta, la denuncia gravísima de que elementos del ejército han participado, no solamente por omisión, sino directamente en la ejecución de ciudadanos que, desde una lógica enferma, se catalogan como los prescindibles, los desechables. Las ejecuciones de luchadores sociales continúan y sus crímenes son mezclados con “narcoejecuciones” que dificilmente son investigadas y nunca resueltas.
Quiero reconocer la valentía de los defensores de Derechos Humanos de las localidades de Chihuahua denunciando el abuso de las fuerzas castrenses, y denunció yo también el cobarde asesinato del director de la Asociación Civil de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, Paz Rodríguez Ortiz, ejecutado vilmente este 9 de octubre.
Asimismo, expreso toda nuestra solidaridad con el defensor de los derechos humanos en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien para vergüenza de nuestro país, recurre al autoexilio ante la falta de protección por las autoridades, dadas las amenazas de muerte de la que es víctima por parte de elementos del ejército, por atreverse a denunciar las barbaridades que cometen sistemáticamente los elementos de la SEDENA.
Los absurdos señalamientos de que los luchadores sociales y específicamente los defensores de los derechos humanos son financiados por el narco para desprestigiar al ejército llegan a lo inaudito viniendo del General Felipe de Jesús Espitia, encargado del fracasado Operativo Conjunto Chihuahua. Es por esto que no puedo estar menos que alarmada ante el riesgo tan grave que corren las vidas de quienes se atreven a denunciar y a exigir el fin del estado de excepción que priva en aquella frontera y el resto de las comunidades chihuahuenses. Estaremos al pendiente para denunciar y hacer públicas las arbitrariedades cada vez más descaradas contra la población por parte del Estado y seguiremos de cerca y apoyando al Frente Nacional Contra la Militarización que este pasado lunes 12 de octubre fue acordado en la ciudad de Morelia, Michoacán, (a donde lamentablemente no pude asistir por compromisos en el DF) en la confianza de que sólo la organización del pueblo puede detener la injusticia de este gobierno aberrante.
*Senadora de la República y dirigente del Comité “Eureka!”
Nuevamente el caso de Ciudad Juárez.
Rosario Ibarra*
Primero fue la ratificación, en días pasados de Arturo Chávez Chávez como Procurador General. El corazón me quedó estrujado con los testimonios que durante varios días presentaron ante varios Senadores –aunque nunca se les permitió hacerlo ante la Comisión de Justicia que sí escuchó a Chávez Chávez- las madres y familiares de jóvenes mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, así como las denuncias, observaciones y críticas de organismos nacionales e internacionales al desempeño –o negligencia- de este señor cuando fue Procurador en Chihuahua. Yo voté en contra de su ratificación en el Pleno del Senado, junto con otros legisladores que representamos una minoría ante el apabullante y vergonzoso voto de la mayoría.
Mala señal esa ratificación. Mala si implica un aviso de un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias del Senado que implique otros nombramientos, especialmente el que próximamente se votará para la Presidencia de la CNDH.
Mala señal también porque implica la ratificación de una línea de autoritarismo y represión. Se alarman diciendo que hay “el riesgo de un estallido social” por el sufrimiento, insatisfacción y descontento populares por la cruel política económica del gobierno, pero en vez de cambiarla, se preparan para mayor autoritarismo, como ya lo muestra la decisión de liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, despedir a miles de trabajadores y después enviar elementos de la PFP a sacar de sus casas a algunos para ir a resolver emergencias en el suministro de la energía eléctrica. Obviamente para se curso represivo requieren una CNDH a modo que siga viendo “gastritis mal atendida” donde hay homicidio.
Pero acababa de pasar por el trance de la ratificación de Arturo Chávez Chávez cuando recibo más información sobre la situación de la Ciudad Juárez. Las secuelas de la militarización y el cada vez más frecuente fenómeno de que ahora la persecución es también contra los defensores de derechos humanos.
Más que preocupada, ALARMADA. Recibo las quejas de nuestros compañeros de la Asamblea Ciudadana Juarence, donde participa activamente el FNCR-Juárez en una lucha valiente por tratar de detener la militarización que, desde hace un año 7 meses, soportan so pretexto de una supuesta “lucha contra el narco”. Desde el inicio de esta lucha, hemos estado trabajando con los camaradas Jerónimo Fong y Julián Contreras, recibiendo y canalizando la información que como comisionados nos envían. Cada nuevo reporte evidencia el aumento de la barbarie a la que una ciudad paralizada por el miedo se enfrenta . Da rabia enterarse cómo la muerte se enseñorea con los bajos estratos de la delincuencia sin combate real a las élites del crimen; lo que plantea, a todas luces, una criminalización de la pobreza. Supuestamente en Ciudad Juárez todo el que es ejecutado es narco. Pero resulta que la mayoría de los ejecutados son jóvenes, pero son muy pobres. Nada qué ver con la situación de alguien que se enriquece con el narcotráfico. La violencia desbordada a límites poco vistos en la historia de nuestro país. Una militarización, además de inconstitucional, que ha llevado consigo reiteradas e ininterrumpidas violaciones a los derechos humanos que van desde cateos arbitrarios, saqueos, torturas, desapariciones forzadas y lo que espanta, la denuncia gravísima de que elementos del ejército han participado, no solamente por omisión, sino directamente en la ejecución de ciudadanos que, desde una lógica enferma, se catalogan como los prescindibles, los desechables. Las ejecuciones de luchadores sociales continúan y sus crímenes son mezclados con “narcoejecuciones” que dificilmente son investigadas y nunca resueltas.
Quiero reconocer la valentía de los defensores de Derechos Humanos de las localidades de Chihuahua denunciando el abuso de las fuerzas castrenses, y denunció yo también el cobarde asesinato del director de la Asociación Civil de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, Paz Rodríguez Ortiz, ejecutado vilmente este 9 de octubre.
Asimismo, expreso toda nuestra solidaridad con el defensor de los derechos humanos en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien para vergüenza de nuestro país, recurre al autoexilio ante la falta de protección por las autoridades, dadas las amenazas de muerte de la que es víctima por parte de elementos del ejército, por atreverse a denunciar las barbaridades que cometen sistemáticamente los elementos de la SEDENA.
Los absurdos señalamientos de que los luchadores sociales y específicamente los defensores de los derechos humanos son financiados por el narco para desprestigiar al ejército llegan a lo inaudito viniendo del General Felipe de Jesús Espitia, encargado del fracasado Operativo Conjunto Chihuahua. Es por esto que no puedo estar menos que alarmada ante el riesgo tan grave que corren las vidas de quienes se atreven a denunciar y a exigir el fin del estado de excepción que priva en aquella frontera y el resto de las comunidades chihuahuenses. Estaremos al pendiente para denunciar y hacer públicas las arbitrariedades cada vez más descaradas contra la población por parte del Estado y seguiremos de cerca y apoyando al Frente Nacional Contra la Militarización que este pasado lunes 12 de octubre fue acordado en la ciudad de Morelia, Michoacán, (a donde lamentablemente no pude asistir por compromisos en el DF) en la confianza de que sólo la organización del pueblo puede detener la injusticia de este gobierno aberrante.
*Senadora de la República y dirigente del Comité “Eureka!”
