Septiembre 22 de 2009.
El diputado Víctor Quintana presentó en la sesión de hoy iniciativa de acuerdo, misma que se aprobó por unanimidad, en éste acuerdo solicita al H. Congreso del Estado inste al C. Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga a bien sostener una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso,con el objeto analizar la situación de hostigamiento por parte de las fuerzas armadas hacia derechohumanistas,
además hizo del conocimiento público un documento que envía el Lic. Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal Derechos Humanos en ciudad Juárez, donde solicita medidas cautelares para su familia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también solicitó Quintana se envíe un atento oficio a la C. Lic. Patricia González Rodríguez, Procuradora de Justicia en el Estado con el objeto de buscar las medidas adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad del C. Lic. Gustavo De la Rosa Hickerson.
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-
VÍCTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA, en mi carácter de miembro de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en el artículo 64 de la Constitución Política del Estado y los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso, acudo a esta Honorable Asamblea, a efecto de presentar iniciativa de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos una entrevista con la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso. La cual fundamento en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El C. Lic. Gustavo de la Rosa Hickerson, Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua en ciudad Juárez, en cumplimiento estricto con sus funciones como defensor de los derechos humanos ha venido llevando a cabo el seguimiento a las denuncias de la violación a los derechos humanos de los juarenses y con motivo de sus labores ha hecho denuncias públicas ante los distintos medios de comunicación así como declaraciones en entrevistas que los distintos periodistas le han solicitado para mantener informada a esa comunidad fronteriza. Gran parte de la información que ha proporcionado tiene que ver con las funciones de los cuerpos policiaco-militares, quienes se han mostrado su molestia por la actitud de este funcionario. Para mayor detalle transcribo a continuación una información proporcionada por el propio visitador, quien ha recibido amenazas y requiere de protección para salvaguardar su vida y la de sus familiares.
“Dr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
P R E S E N T E .-
Estimado Doctor Cantón:
El suscrito, Gustavo de la Rosa Hickerson, me dirijo a Usted con el propósito de presentar ante esta Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”), una solicitud de medidas cautelares con carácter urgente en términos del Artículo 25 del Reglamento de la propia Comisión, a fin de salvaguardar mi vida e integridad personal, así como de mis familiares Laura Carrillo Moreno (Esposa y Alejo Emiliano de la Rosa Carrillo (hijo de 21 año).
Para tal efecto, presento a continuación el contexto y los hechos relativos del caso:
El Estado de Chihuahua y, en particular, Ciudad Juárez, se han convertido en la región del país con mayor índice de muertes violentas vinculadas con el crimen organizado, en especial con el narcotráfico. Tan sólo en el mes de agosto de 2009 se registraron 306 asesinatos. Desde marzo de 2008 se desplegó una operación del Ejército Mexicano y la Policía Federal para hacer frente a los cárteles de la droga que utilizan Ciudad Juárez como una puerta de entrada a los Estado Unidos. Entre las acciones adoptadas por el Estado, se encuentran los retenes en las carreteras del Estado, el patrullaje de vehículos militares en las calles de Ciudad Juárez y en tareas propias de las autoridades de seguridad pública, tales como la investigación y detención de presuntos delincuentes, así como decomisos de armas y drogas.
Una de las consecuencias que ha tenido la mayor presencia del Ejército en las tareas de seguridad pública en Chihuahua ha sido el incremento de las quejas de violación a los derechos humanos presuntamente cometidas por elementos del Ejército presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De enero de 2008 a septiembre de 2009 se recibieron un total de 154 quejas en Ciudad Juárez.
El suscrito es funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Chihuahua, ocupo el cargo de Visitador para Atención a Victimas y Proyectos Especiales, y me encuentro encargado de recibir y dar seguimiento a las quejas que se presentan en contra de miembros del Ejército en Ciudad Juárez. Es importante señalar que según el marco jurídico mexicano es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la institución encargada de resolver las quejas que se presentan en contra del Ejército mexicano en cualquier lugar del país; sin embargo, las Comisiones Estatales pueden recibir estás quejas, integrarlas y después remitirlas a la CNDH.
Las funciones particulares del suscrito son la atención a las presuntas víctimas y dar seguimiento a los avances en las investigaciones realizadas para la CNDH a fin de mantener informadas a las personas quejosas. Con cierta inconformidad de mi superior no me detengo al remitir las quejas a la Comisión Nacional sino que acompaño a los familiares para exigir la presentación de los detenidos, presentar denuncias ante la Procuraduría General de la Republica y además integro las quejas recibidas. De esta manera he podido recopilar y documentar información importante sobre la forma en que operan los elementos militares en Ciudad Juárez, particularmente en la comisión de violaciones a derechos humanos. La mayoría de ellas se refieren a allanamientos de vivienda sin orden judicial, detenciones arbitrarias de personas, actos de tortura y malos tratos e, incluso, homicidios durante la retención de la victima, le he dado seguimiento a pesar de las sugerencias en contra de mi superior a 13 casos de desaparición forzada. Lo que me ha hecho muy visible a los ojos de las autoridades, porque la política general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es consistente en todas sus visitadurías.
Además he sido profesor de la Universidad de Ciudad Juárez y mi labor en la defensa de los derechos humanos ha sido reconocida por la comunidad. Este reconocimiento me ha permitido denunciar públicamente los actos del Ejército mexicano y he solicitado la salida de las fuerzas armadas de Ciudad Juárez.
Como una nota adicional manifiesto a Ustedes que mi domicilio se encuentra en San Agustín D.B en el Valle de Juárez.
ANTECEDENTES
Desde la llegada de los militares a esta ciudad, (31 de marzo de 2008) he manifestado que su actuación es anticonstitucional, pues sus métodos de acción incluyen actos de molestia a la ciudadanía en general, allanamientos de viviendas, sin contar con la orden respectiva, detenciones de personas sin orden de aprehensión, incomunicación de los detenidos, tortura a los detenidos y en algunos casos muerte de los detenidos.
Eso ha llevado a diferentes actores a preguntar a los comandantes del operativo sobre tales denuncias hechas por el suscrito, y en algunas ocasiones, el General Felipe de Jesús Espita, Jefe del Operativo Conjunto Chihuahua, ha contestado que existe una vinculación entre el narcotráfico y las Comisiones de Derechos Humanos, concretamente así se expresó en una reunión con los diputados del Congreso local a principios de septiembre.
Sin embargo, mi labor de defensor y las actividades públicas de denuncia de violaciones a los derechos humanos me ha valido recibir represalias por mi labor de defensa de los derechos humanos. Desde mayo de 2008 he sido víctima de actos de hostigamiento y amenazas de parte de miembros del Ejército mexicano.
Debido a que vivo en un pequeño poblado San Agustín D.B. (Km. 29) cerca de Ciudad Juárez, diariamente tengo que trasladarme por carretera rumbo a mis oficinas en la ciudad, y necesariamente tengo que pasar por un retén militar ubicado en el Km. 28+600, mi vehículo y el de mi esposa han sido detenidos por elementos militares, que nos hacen bajarnos del vehículo, somos revisados para cerciorarse de que no portamos armas, nos toman fotografías y nos hacen preguntas que no hacen al resto de las personas que se transportan por el lugar. Estos actos son sin duda formas de hostigamiento debido a que abiertamente me he identificado como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Además de estos actos, he recibido llamadas telefónicas a mi celular en las que se me amenaza que ya no siga metiéndome con los militares, de lo contrario mi vida y la de mi familia corre riesgo.
Asimismo, es frecuente que un vehículo sin placas me siga, o bien, que cuando salgo de mi oficina me encuentre con personas vestidas de civil con corte de pelo estilo militar, que me vigilan durante mis trayectos.
HECHOS
El día 7 de agosto efectivos del ejército detuvieron a un escolta profesional que me acompañaba en mis viajes de retorno a mi hogar o cuando acudía a lugares de cierta inseguridad, los militares lo detuvieron cuando regresaba de acompañarme, lo incomunicaron durante toda la noche, lo golpearon y torturaron exigiendo informaciones absurdas y tratando de que confesara pertenecer a algún grupo de narcotraficantes. Esa conducta de los militares es muy extraña dado el perfil profesional del detenido y trabajar para una empresa muy importante en la ciudad.
Obviamente que dicha persona se negó a seguirme acompañando porque él entendió según me dijo, que "tal vez lo habían detenido y golpeado porque me protegía y que a lo mejor era un mensaje para mi", sin embargo no me informó que le hubieran hecho alguna pregunta directa sobre mi persona.
A partir del 15 de agosto de 2009, el ambiente de violencia se intensificó en la zona de mi residencia, pues en una distancia de 10 kilómetros, sobre la carretera al Valle de Juárez, entre el Kilómetro 20 y el Kilómetro 30, se han sucedido diversos homicidios algunos de ellos múltiples, en donde han perecido familias completas, incluyendo el varón, la mujer y los hijos.
Todo esto tiene que ver con la guerra de los cárteles que en esta zona ha tomado dimensiones de guerra abierta y la autoridad ha abandonado su presencia en tareas de vigilancia solo mantiene un retén a la entrada de San Agustín.
A mediados de agosto, había datos de que “la gente nueva” uno de los cárteles en pugna ligado según autoridades al grupo delictivo de “El Chapo” Guzmán ha recibido una instrucción definitiva: aterrorizar a los activos de “la línea” el otro cartel delictivo ligado a la familia Carrillo Fuentes, mediante una táctica de exterminio de todo aquel que haya tenido alguna vinculación económica o familiar con los capitanes de la línea que trabajaron ahí libremente hasta antes de 2008. Los que en el Valle son casi todas las familias, pues les vendían alfalfa, les rentaban parcelas vendían o compraban terrenos, ganado o trabajaban para ellos en sus ranchos, etc.
El día 20, un vaquero (que fue mi empleado entre 1995 y 1998 en el penal de esta ciudad del cual fui Director, y venia fungiendo en la practica como asistente en mi protección personal relevando en la carretera al otro escolta durante mis traslados a la ciudad y mi estancia en el pueblo) fue atacado con armas de alto poder a un kilómetro de distancia de un retén militar, los soldados no intervinieron pero él logró —dado el conocimiento del terreno— escapar de quienes pretendían asesinarlo, y se comunicó con su familia para que lo sacaran del lugar, dado que este hombre durante mucho tiempo fue policía del pueblo, y nuestros antecedentes de empleo, lo auxilié a salir del pueblo.
Al siguiente día un grupo de personas armadas incendiaron su casa y ante el terror de los vecinos, me vi obligado a salir a buscar ayuda para apagar el fuego y auxiliar a su esposa y a sus hermanos a salir del pueblo, con los niños en brazos y huyendo de las llamas y con alto riesgo de sufrir un ataque por parte de los agresores. Todo esto sucedió en la cercanía del retén de militares que se encuentra a la entrada del pueblo, que es muy pequeño, de un kilómetro de largo por unos 800 metros de ancho. Y los cuales no nos auxiliaron porque su consigna es permanecer en el punto de revisión.
Tres días después otro incendio con unos jóvenes en su interior, y otra vez a tener que participar directamente en el auxilio y rescate de las víctimas que salieron con temor a ser asesinados por los incendiarios. Y a la semana siguiente otro incendio ahora en la casa del comisario de policía con la exposición personal del suscrito ante la vista de los propios delincuentes,
Yo denuncié ante la prensa la impunidad, con que se estaban moviendo ese grupo de delincuentes, pues también a ellos, los vecinos del pueblo, los señalaban como responsables de los siguientes hechos:
El día 17 de agosto, un presunto colaborador de la Línea se trasladaba en un vehículo modesto acompañado de su esposa y de una menor (3 años de edad) al hacer el alto frente a la escuela del poblado de Loma Blanca (Km. 20) una camioneta Cheroke empezó a seguirlo y a dispararle persiguiéndolo durante cuatro kilómetros por la carretera y finalmente los alcanzaron y los mataron a los tres, niña incluida.
Horas después un grupo de sicarios llegaron a una casa y asesinaron a cuatro jóvenes en Práxedes G. Guerrero, al parecer uno de ellos había trabajado para alguno de los familiares de los Escajeda, identificados con la Línea.
Casi al mismo tiempo un comando armado asesinó a dos personas en colonia Esperanza a 7 kilómetros”. El lunes 24 en la noche otra familia de Valle se dirigía a ciudad Juárez y casi en el mismo sitio donde asesinaron a la familia de Loma Blanca fueron rodeados por algunos vehículos entre los que estaba una cheroke y victimaron a toda la familia una mujer y un menor.
La actitud del suscrito de exigir a las autoridades que investigaran al comando que además se identificaba por su ferocidad y el vehículo en que se transportaban, hizo que a mi casa empezaran a llegar personas que me comentaban que dichos hombres estaban comentando en el pueblo contiguo al de mi domicilio, San Isidro (Km. 26) que “me estaba entrometiendo demasiado.”
La situación tan grave en mi entorno hizo que me comunicara con mi jefe el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. José Luís Armendáriz González solicitándole que promoviera acciones de protección en mi favor y en el de mi familia, el día 25 de agosto de 2009, y aún no ha tomado el trámite correspondiente.
El día dos de septiembre de 2009 me comuniqué con el diputado local Víctor Quintana quien a su vez se entrevistó con mi superior y reconoció que mi situación era de peligro.
Días después fui informado que el General Espitia se había expresado en términos ofensivos para los derecho humanistas y al escuchar quejas similares referidas por compañeros abogados acusándonos de estar vinculados al narcotráfico, en una reunión de la Barra y Colegio de Abogados, el 9 de septiembre a donde acudí como socio que soy de la misma, expresé a título personal que "me sentía ofendido por el tratamiento que nos daba el ejército a los abogados, y que viendo el fracaso de su labor, yo concluía que el ejército estaba perdiendo la oportunidad de cubrirse de gloria y que de seguir torturando a las personas se iba a retirar cubierto de estiércol", esa expresión causó ira en el general Espitia, quien se reserva el derecho de acusarnos de narcotraficante pero no acepta las duras críticas que puede merecer con sus tácticas de investigación basadas en la tortura.
A partir de entonces las relaciones se han tensado mucho.
El viernes cuatro de septiembre al estar parado en un semáforo en rojo del vehículo vecino a mi derecha, se bajó un individuo con tipo militar en su complexión y movimientos y me causó una gran impresión, porque esa es la técnica mas usual para asesinar a personas en la calle, y solo me dijo “ Ya bájele porque lo van a matar”, esa misma advertencia me la han hecho llegar varias ocasiones atrás en los baños públicos de las gasolineras o en simples centros comerciales o por llamadas telefónicas .
El día 11 de septiembre, un vecino de San Agustín D.B. (Km. 29) lugar donde resido, me dijo expresamente que tenía conocimiento que los tipos de la Cheroke, que siguen frecuentando San Isidro (Km. 26) y tal vez viviendo en ese pueblo, decían tenerme en la lista de las próximas victimas. El día 11 de septiembre le solicité apoyo al Lic. Víctor Valencia de los Santos, Secretario de Seguridad Publica Estatal y me expresó que no tenia personal disponible por el momento, pero que además el Valle de Juárez era territorio a cargo del ejército.
La Procuradora de Justicia del Estado manifestó su disposición de auxiliarme pero que lo tramitara por medio de mi superior.
Me veo obligado a cambiar frecuentemente de lugar para dormir, y a tomar medidas personales extremas de precaución, pues no he tenido apoyo institucional, ya que la polémica en torno a la presencia del ejército en esta ciudad ha crecido, y también la impunidad, con dos crímenes masivos de 17 y 10 muertos en centros de rehabilitación, y otros asesinatos colectivos en bares y centros de diversión. Crímenes que las autoridades locales y federales han tratado de explicar a partir de las conductas de las víctimas, lo que yo he denunciado como una actitud altamente discriminatoria y justificativa de su incapacidad para controlar la violencia y castigar a los asesinos.
También he publicitado que de 170 denuncias que se han abierto por el Ministerio Publico Militar, en ninguna de ellas se ha detenido a presunto responsable alguno.
Esto me ha llevado en la última semana a una confrontación con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ya que considero que la violencia gubernamental se ha intensificado en grave perjuicio de los Derechos Humanos, sobretodo cuando he iniciado la investigación de posibles violaciones a derechos humanos por el homicidio de los jóvenes Guadalupe Cárdenas de 23 años de edad, estudiante de Psicología y Alex Vázquez de 24 años recién egresado con honores de la carrera de ingeniería industrial asesinados el día 11 de septiembre presumiblemente por elementos del ejército, y además de la desaparición forzada del joven Tomás Arguijo, sucedida el día 8 de septiembre, también con cargo al Ejército y la indebida liberación de una persona que fue detenida con armas de asalto en su poder al que usaron como falso testigo para detener a tres ciudadanos a los que debieron dejar libres y ahí desapareció Tomás Arguijo.
Mi labor de defensor de los derechos humanos me convierte en investigador de campo de los delitos cometidos por los militares porque la CNDH tiene abandonada la plaza y tanto la PGE como la PGR se declaran incompetentes y remiten los casos a la Justicia Militar. En la investigación de un homicidio, sucedido el año pasado, llevé hasta la PGR a varios testigos y por desgracia tres de ellos fueron asesinados en diversos eventos y no se ha investigado nada, en el caso de los homicidios de los jóvenes y de Tomas Arguijo, del delincuente con armas y otros más estoy reuniendo las evidencias, entrevistando testigos y levantando actas circunstanciadas, levantando evidencias físicas lo que me ha obligado a entrevistarme con los militares y a tener roces pues se niegan sistemáticamente a aceptar la responsabilidad de los elementos de las fuerzas armadas, y cuando los pretendo interrogar me insultan.
La situación se viene a complicar cuando presiono a mis superiores a abrir una queja de oficio, sin esperar queja de parte a raíz de la los homicidios colectivos de 17 y 10 personas que fueron masacrados en centros de rehabilitación para adictos durante los días 2 y 15 de septiembre respectivamente.
Como verán ustedes estamos en situación de guerra y yo, no he recibido ningún apoyo institucional para mi seguridad personal. Incluso tengo dificultades materiales para desempeñar mi trabajo, ya que solo cuento con el apoyo de una secretaria frecuentemente incapacitada (creo que por el alto stress) y una computadora.
PETICIÓN
En virtud de la gravedad y urgencia del caso y ante la necesidad de evitar un daño irreparable, respetuosamente solicito a la Comisión que, conforme lo prevé su Reglamento y en uso de las facultades que le confiere la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se dirija al Estado mexicano para que en diálogo y consulta con mi persona:
Único: Adopte las medidas necesarias para resguardar mi vida e integridad y la de mis familiares Laura Carrillo Moreno y Alejo de la Rosa Carrillo por las condiciones de riesgo en que nos encontramos.
Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirva dar a la presente solicitud de medidas cautelares y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Gustavo de la Rosa Hickerson
En representación de la familia De la Rosa”
Como por sí mismo se explica es grave la situación en que se encuentra el Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ciudad Juárez y su familia razón por la cual es urgente tener una entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como girar un atento oficio a la C. Procuradora de Justicia en el Estado a fin de buscar la protección de este funcionario y su familia. En razón de lo anterior me permito presentar la siguiente iniciativa de
ACUERDO:
PRIMERO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado acuerda solicitar al C. Lic. José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga a bien sostener una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso.
SEGUNDO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado acuerda enviar un atento oficio a la C. Lic. Patricia González Rodríguez, Procuradora de Justicia en el Estado con el objeto de buscar las medidas adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad del C. Lic. Gustavo De la Rosa Hickerson, Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ciudad Juárez y su familia.
22 de septiembre de 2009.
A T E N T A M E N T E
DIP. VÍCTOR M. QUINTANA SILVEYRA.
