El ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Jalkh, expresó este viernes que su gobierno no protegerá a los ex funcionarios que están bajo sospecha por sus presuntos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "porque nunca fueron autorizados por el presidente Rafael Correa a establecer contactos con esa guerrilla".
"No se va a proteger a nadie y tampoco se va a perseguir a nadie", afirmó al referirse al caso de un ministro y un ex secretario de Seguridad mencionados en un manuscrito que presuntamente habría pertenecido al fallecido Raúl Reyes, quien fuera el segundo al mando de las FARC. El diario fue dado a conocer el pasado miércoles por las autoridades ecuatorianas.
Asimismo, sostuvo que el presidente, Rafael Correa, "no ha enviado ningún delegado para establecer ningún tipo de tolerancia en nuestro territorio de las FARC", al tiempo que agregó que por esa razón el gobierno "no tiene nada que ocultar".
En el texto -cuya autenticidad aún no ha sido confirmada- Raúl Reyes quien fue asesinado durante el bombardeo ilegal que tropas colombianas ejecutaron el territorio ecuatoriano, describe con reservas a ex funcionarios ecuatorianos.
El ministro insistió en que dicho escrito deberá ser analizado por la Fiscalía ecuatoriana para determinar si constituye una prueba, pero que por ahora está claro que cualquier eventual contacto con las FARC jamás fue ordenado por el mandatario.
Por su parte, el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, dijo que el Ejecutivo ha demandado una investigación en donde se determine responsabilidad por los sucesos del pasado 1 de marzo de 2008.
"No es el gobierno el que tiene que prejuzgar o juzgar (...), es la justicia la que tiene que dictaminar los indicios de responsabilidad, establecer responsabilidad y llegar hasta las ultimas consecuencias", manifestó.
Falconí afirmó que el gobierno ecuatoriano "ha mantenido una postura coherente alrededor de los hechos relacionados con Angostura" (norte de Ecuador), donde el pasado 1 marzo de 2008 tropas militares colombianas ingresaron y bombardearon sin autorización de Quito un campamento temporal de la FARC, suceso en el que fueron masacrados miuentras dormían Raúl Reyes y otras 26 personas.
"Queremos conocer la verdad, y la verdad implica que no podemos caer en estos juegos de inteligencia y contrainteligencia y en un mar de documentos apócrifos, por ello hemos presentado esta documentación a quien corresponde y es la fiscalía general del Estado (...) a quien le corresponde determinar la autenticidad de estos documentos, el nivel de responsabilidad que existen en los mismos y finalmente el juzgamiento que estime conveniente", dijo.
Los sucesos de marzo de 2008 ocasionaron que Quito rompiera relaciones diplomáticas con Bogotá, las que aún no han sido restablecidas.
