Al no resolver la pobreza ni la dependencia externa, los gobiernos civiles de América Latina –sobre todo los que relevaron dictaduras– enfrentan dificultades en materia de seguridad y defensa. El empleo de las fuerzas armadas en tareas civiles aumenta el riesgo de futuros golpes de Estado, previenen analistas y exfuncionarios militares de la región
Patrullajes en caseríos, pueblos y ciudades, vigilancia aérea, instalación de retenes en vías principales o alternas, combate a delitos trasnacionales, como tráfico de sustancias ilícitas, de personas, armas y bienes robados, captura de delincuentes prófugos, allanamiento de viviendas o el registro a pasajeros en transportes, figuran entre las acciones que, progresivamente, realizan los ejércitos latinoamericanos y que suplantan cada vez más las funciones propias de las fuerzas policiacas en la región.
En ese contexto, la primera década del siglo XXI “será recordada, desde el espejo retrovisor del futuro, como un periodo en que las tendencias militares retomaron fuerza y trascendencia en América Latina”, advierte Craig A Deare, profesor de estudios de Seguridad Nacional del Centro para Estudios de Defensa Hemisféricos de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, DC.
En su estudio La militarización en América Latina y el papel de Estados Unidos (Foreign Affairs, septiembre 2008), desde el lado de las fuerzas armadas, Luis Eduardo Tibiletti, exsecretario de Seguridad Interior de Argentina, explica que, para los militares de Suramérica, “el enemigo es el conflicto, y las fuerzas castrenses se consideran honrosamente instrumentos para la paz”.
Frente a esa afirmación, Michal Stelmach, investigador de estudios latinoamericanos de Varsovia, señala que es difícil demostrar la democratización de los ejércitos en la región. Después de la firma de los Acuerdos de Paz –hace 12 años–, que proponían la reforma de fuerzas de defensa de Guatemala y su integración y diálogo con la sociedad civil, especialmente los indígenas, no se han llevado a cabo muchas recomendaciones que elaboraron las comisiones de la verdad de aquel país.
Para este profesor polaco, “es notoria la falta la subordinación militar a los poderes democráticos, al Poder Ejecutivo y a la administración de la justicia”. Adicionalmente, tanto el ejército guatemalteco como el peruano están muy lejos de asumir un rol apolítico y no beligerante, porque “aprovechan la debilidad de sus Estados, con lo que siguen ejerciendo presión sobre todas las instituciones”.
De acuerdo con el estudio comparativo de los ejércitos de Guatemala y Perú que hace Stelmach, los cuerpos castrenses son un actor político muy poderoso, más aún cuando se les incorpora a funciones de seguridad pública. En ese contexto, resulta sumamente difícil que en un futuro próximo los militares de ambos países que fueron responsables de violaciones a los derechos humanos durante los conflictos internos de las décadas finales del siglo XX sean llevados ante la justicia.
Es decir, sintetiza el investigador, quienes organizaron y llevaron a cabo las matanzas, asesinatos, desapariciones forzadas y torturas contra los ciudadanos guatemaltecos y peruanos quedaron sin castigo y, a la vez, las Fuerzas Armadas continúan con su política racista contra los indígenas
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