Víctor M. Quintana S.Obregón estaría muy extrañado. Doscientos cuarenta cañonazos de mil millones de pesos cada uno no fueron suficientes para doblegar la resistencia campesina. Al contrario: a mayor presupuesto para el agro, mayor la indignación de los más cuando ven que los recursos sólo fluyen para unos cuantos. Indignación que se volvió a mostrar en la marcha del 30 de enero en el Distrito Federal, en el Puente Internacional de Ciudad Juárez y en varios estados de la República.
Ya no es un simple malestar recurrente lo que revelan las movilizaciones campesinas de enero. Ni la protesta cíclica de tiempos electorales, como lo tratan de descalificar algunos políticos gobiernistas. Lo que sucede es que la ingobernabilidad se está adueñando del campo mexicano.
La gobernabilidad puede entenderse como eficacia en la acción de gobierno; como la capacidad de respuesta de la misma a las demandas sociales, o como la estabilidad social generada por una combinación de las anteriores.
En el sector agroalimentario la ineficacia del gobierno federal es evidente: a pesar de que se gastan más de 200 mil millones de pesos en el sector, la balanza comercial del mismo alcanza un déficit histórico de 4 mil millones de dólares. Pese a que existen decenas de programas, nuestra dependencia alimentaria del extranjero llega ya a 35 por ciento. Y la miseria y desigualdad rurales se siguen burlando de presupuestos astronómicos y programas tecnocráticos.
En cuanto a la gobernabilidad como legitimidad ganada con base en la respuesta adecuada a las demandas sociales, basten los siguientes ejemplos:
Los productores de leche, que han intensificado sus protestas, se declaran al borde de la quiebra. Denuncian la competencia desleal de las importaciones de leche de Estados Unidos a precio dumping. En la zona más productiva de Chihuahua, producir un litro cuesta arriba de cinco pesos, mientras que importar la leche en polvo y rehidratarla aquí cuesta sólo tres pesos con cinco centavos. Por esto, sólo de enero de 2008 a enero de 2009 las importaciones del lácteo aumentaron 23 por ciento. Muchos perdedores de ambos lados de la frontera. El puñado de ganadores: los grandes consorcios lecheros y las megacooperativas estadunidenses.
Los porcicultores nacionales también están a punto de colapsar. Por más cabildeo, por más exhortos del Congreso de la Unión –seis para ser precisos– que han emprendido ante ante la Secretaría de Economía, no han podido evitar la importación de puerco del extranjero. Tan sólo el año pasado las importaciones crecieron 50 por ciento.
Los productores de maíz de Sinaloa y Chihuahua altamente productivos y tecnificados expanden su producción, pero enfrentan la incompetencia de funcionarios de Sagarpa y Aserca, y la codicia de los engordadores y monstruos lecheros. En un primer caso, la liquidación anticipada de coberturas por parte de las grandes compradoras los ha puesto en riesgo de perder mil 300 millones de pesos. Por su parte, los maiceros chihuahuenses se enfrentan a que los grandes compradores pretenden incumplir el contrato signado por ellos y liquidarles el dólar a sólo 12.30 pesos porque los negocios no les resultaron como calculaban. Si se salen con la suya, los agricultores habrán perdido 500 millones de pesos. Estamos hablando no de campesinos estrictamente, sino de productores medianos y ya no tan medianos. Los próximos damnificados de la política agropecuaria. Y los eternos beneficiados, los grandes consorcios como Leche Lala que liquidaron sus coberturas pensando que iban a hacer el negocio de la vida, pero al seguir a la baja el precio del maíz, pretenden ahora que el gobierno y los productores les financien sus pérdidas: un fobaproíta maicero, el fobamáiz.
Los algodoneros también se indignan: hasta el año pasado les pagaron a 16 mil pesos la tonelada de buena fibra. Pero la invasión de fibra de mala calidad procedente de Estados Unidos les ha derrumbado el precio hasta 12 mil 600 pesos. Tan sólo en Chihuahua esto puede impactar en que se dejen de sembrar 70 mil hectáreas y se pierdan más de 2 millones de jornales. Aquí no sería un paro técnico como en la industria, sería un paro total.
Porque el gobierno ni ha sido eficaz para producir alimentos ni empleos ni responde a las demandas de las mayorías y sólo acciona para los oligopolios, la tercera vertiente de la gobernabilidad tampoco se da en el campo: la estabilidad. Y no hablamos sólo de las variopintas movilizaciones rurales. Hablamos también de los espacios rurales que el Estado abandona para dejarlos a merced de la delincuencia organizada, del despoblamiento de comunidades, de la quiebra de sistemas-producto completos.
No lo dicen los gringos, lo gritan los campesinos: para ellos cuando menos el gobierno, si no es que todo el Estado, es claramente fallido.
Ya no es un simple malestar recurrente lo que revelan las movilizaciones campesinas de enero. Ni la protesta cíclica de tiempos electorales, como lo tratan de descalificar algunos políticos gobiernistas. Lo que sucede es que la ingobernabilidad se está adueñando del campo mexicano.
La gobernabilidad puede entenderse como eficacia en la acción de gobierno; como la capacidad de respuesta de la misma a las demandas sociales, o como la estabilidad social generada por una combinación de las anteriores.
En el sector agroalimentario la ineficacia del gobierno federal es evidente: a pesar de que se gastan más de 200 mil millones de pesos en el sector, la balanza comercial del mismo alcanza un déficit histórico de 4 mil millones de dólares. Pese a que existen decenas de programas, nuestra dependencia alimentaria del extranjero llega ya a 35 por ciento. Y la miseria y desigualdad rurales se siguen burlando de presupuestos astronómicos y programas tecnocráticos.
En cuanto a la gobernabilidad como legitimidad ganada con base en la respuesta adecuada a las demandas sociales, basten los siguientes ejemplos:
Los productores de leche, que han intensificado sus protestas, se declaran al borde de la quiebra. Denuncian la competencia desleal de las importaciones de leche de Estados Unidos a precio dumping. En la zona más productiva de Chihuahua, producir un litro cuesta arriba de cinco pesos, mientras que importar la leche en polvo y rehidratarla aquí cuesta sólo tres pesos con cinco centavos. Por esto, sólo de enero de 2008 a enero de 2009 las importaciones del lácteo aumentaron 23 por ciento. Muchos perdedores de ambos lados de la frontera. El puñado de ganadores: los grandes consorcios lecheros y las megacooperativas estadunidenses.
Los porcicultores nacionales también están a punto de colapsar. Por más cabildeo, por más exhortos del Congreso de la Unión –seis para ser precisos– que han emprendido ante ante la Secretaría de Economía, no han podido evitar la importación de puerco del extranjero. Tan sólo el año pasado las importaciones crecieron 50 por ciento.
Los productores de maíz de Sinaloa y Chihuahua altamente productivos y tecnificados expanden su producción, pero enfrentan la incompetencia de funcionarios de Sagarpa y Aserca, y la codicia de los engordadores y monstruos lecheros. En un primer caso, la liquidación anticipada de coberturas por parte de las grandes compradoras los ha puesto en riesgo de perder mil 300 millones de pesos. Por su parte, los maiceros chihuahuenses se enfrentan a que los grandes compradores pretenden incumplir el contrato signado por ellos y liquidarles el dólar a sólo 12.30 pesos porque los negocios no les resultaron como calculaban. Si se salen con la suya, los agricultores habrán perdido 500 millones de pesos. Estamos hablando no de campesinos estrictamente, sino de productores medianos y ya no tan medianos. Los próximos damnificados de la política agropecuaria. Y los eternos beneficiados, los grandes consorcios como Leche Lala que liquidaron sus coberturas pensando que iban a hacer el negocio de la vida, pero al seguir a la baja el precio del maíz, pretenden ahora que el gobierno y los productores les financien sus pérdidas: un fobaproíta maicero, el fobamáiz.
Los algodoneros también se indignan: hasta el año pasado les pagaron a 16 mil pesos la tonelada de buena fibra. Pero la invasión de fibra de mala calidad procedente de Estados Unidos les ha derrumbado el precio hasta 12 mil 600 pesos. Tan sólo en Chihuahua esto puede impactar en que se dejen de sembrar 70 mil hectáreas y se pierdan más de 2 millones de jornales. Aquí no sería un paro técnico como en la industria, sería un paro total.
Porque el gobierno ni ha sido eficaz para producir alimentos ni empleos ni responde a las demandas de las mayorías y sólo acciona para los oligopolios, la tercera vertiente de la gobernabilidad tampoco se da en el campo: la estabilidad. Y no hablamos sólo de las variopintas movilizaciones rurales. Hablamos también de los espacios rurales que el Estado abandona para dejarlos a merced de la delincuencia organizada, del despoblamiento de comunidades, de la quiebra de sistemas-producto completos.
No lo dicen los gringos, lo gritan los campesinos: para ellos cuando menos el gobierno, si no es que todo el Estado, es claramente fallido.
