Sandra Rodríguez Nieto
El Diario
En la víspera de que se cumplan los cien días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, los gobiernos del estado y del municipio reportan segun ellos los supuestos avances mientras que sectores de Ciudad Juárez advierten haber vivido las semanas más “nefastas” en la historia de esta frontera.
“No diría que han sido los cien días más efectivos, sino los cien días más nefastos en la historia reciente de este país, y no se diga de nuestro estado y no se diga de nuestra ciudad. Ya con más de mil 300 asesinatos”, comentó José Luis Flores, presidente del Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez.
“Cien días creo que es poco para tener un resultado, para que dé resultados que cambien bruscamente a favor esto (...) Nosotros, aquí en Juárez, hemos visto que no ha disminuido la delincuencia, y lo que queremos es que vengan, que volteen a Ciudad Juárez; si hay un operativo, replantéenlo, fijen otras estrategias; lo que queremos es resultados de tranquilidad y seguridad”, agregó por separado Fernando Uriarte, presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial.
Esta percepción entre la ciudadanía juarense, que en estos cien días ha sido testigo de una ostentación de violencia antes no vista, como el cuerpo decapitado colgado sobre el Puente Rotario, el abandono de siete cadáveres junto a una escuela, un hombre ejecutado y con máscara de cerdo asido a la ventada de una casa cercana a una preparatoria, más una ola de denuncias de extorsión, todo sin que haya detenidos- contrasta con los reportes oficiales.
El gobernador del estado, por ejemplo, aseguró el pasado miércoles en la capital del estado que su administración lleva un avance del 75 por ciento en el cumplimiento de los 12 compromisos que, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, asumió en el Consejo Nacional de Seguridad Pública del que emanó el documento el pasado 21 de agosto.
“Ahorita estamos entre el 75 y 100 por ciento de completar los acuerdos firmados hace casi cien días, pero trabajamos arduamente para llegar al cien por ciento”, dijo el gobernador José Reyes Baeza ante los medios en la capital del estado.
Su administración, sin embargo, declinó hasta ayer especificar en qué consisten tales avances, dado que los compromisos indican que, por ejemplo, el Ejecutivo estatal tenía que tener para este noviembre “indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia”.
El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad fue signado el pasado 21 de agosto por representantes de las 31 entidades federativas, de todos los municipios del país y de los tres Poderes de la Unión en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se reunió en la capital del país el 21 de agosto, cuando también se acordó una reunión de evaluación dentro de cien días, que se cumplen mañana sábado.
Entre los compromisos, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, se observa que Ejecutivo estatal debe –en diferentes plazos, que van de los tres meses hasta un año- depurar y fortalecer sus instituciones de seguridad y procuración de justicia, tener un “organismo certificado” y mecanismos para evaluar permanentemente a las mismas corporaciones, así como reasignar recursos para seguridad.
También, según el mismo documento, tiene que crear unidades integradas especializadas en “desarticular” bandas de secuestradores, una iniciativa de Ley de Seguridad Pública congruente con la Ley General de del Sistema Nacional de Seguridad Pública que apruebe el Congreso de la Unión, actualizar diversas bases de datos -de vehículos, licencias, policías y ex policías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos y de registro de armamento-, un programa de rescate de espacios públicos y otro para combatir las adicciones.
El municipio, por su parte, entregó ayer un documento en el que reporta haber cumplido con seis de las 10 acciones que se comprometió a ejecutar.
Así, por ejemplo, el municipio reporta haber “atendido” ya los compromisos relacionados, sobre todo, con la aplicación de controles de confianza a los elementos de la Policía Municipal, con el desarrollo de mecanismos de selección y capacitación para los mismos, así como con el condicionamiento de la permanencia de los agentes a las evaluaciones periódicas.
También reporta haber cumplido con la formación de bases de datos de su estado de fuerza, equipamiento e infraestructura que, informó el vocero Jaime Torres, ya están siendo integradas a la base nacional denominada Plataforma México.
El municipio reportó también tener ya regularizadas las licencias colectivas de portación de armas de fuego de los integrantes de sus cuerpos armados; medida que, agregó Torres, se empezó a aplicar desde el inicio de la actual administración.
Al municipio le falta, según el documento, contar con un sistema de profesionalización y de servicio civil de carrera que regule las condiciones de trabajo de los policías, para lo cual el Acuerdo Nacional estableció un plazo de un año.
Le falta también utilizar “protocolos de operación homologados”, que se refiere, dijo Torres, a la igualación de prácticas como la presentación de detenidos o el tipo de patrullas, así como actualizar las disposición de policía y buen gobierno en materia de establecimientos comerciales y giros negros.
