Domingo 17 de julio de 2011,
El martes pasado se realizó la última sesión del grupo plural de trabajo creado por el Senado para dar seguimiento al Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (Acta, siglas en inglés de Anti-Counterfeiting Trade Agreement), que el gobierno de Felipe Calderón empezó a negociar con las principales potencias económicas del mundo y que se hizo público gracias a filtraciones de Wikileaks. Conforme a sus atribuciones legales y con base en el análisis realizado, el grupo de legisladores consensuó rechazar el acuerdo, instar al Ejecutivo a que no lo firme y dirigirle un extrañamiento por haber negociado sin informar al Congreso.
Las conclusiones se publicarán en la Gaceta del Senado en los próximos días y serán comunicadas al pleno de esa cámara y a la mesa directiva, para que a su vez informe al Ejecutivo federal. Se notificará a las bancadas para que el acuerdo no sea ratificado en caso de que el Ejecutivo lo firme. El Acta no podrá entrar en vigor sin la ratificación del Senado.
Así, en medio de una creciente oposición, entra a una nueva etapa el polémico documento, al que sus críticos ven como un proyecto de las grandes potencias –principalmente Estados Unidos y los países de la Unión Europea– para controlar Internet a escala mundial, criminalizar a los usuarios
y afectar los derechos humanos a la privacidad, a la libertad de expresión, a la información y a la certidumbre jurídica.
Consideran que Acta profundiza la brecha digital entre México y las naciones desarrolladas e inhibe el acceso a los bienes culturales que existen en la red, y advierten que pretende homologar legislaciones que responden a realidades sociales, económicas y culturales muy diferentes.
Los promotores y defensores del acuerdo –incluido el Ejecutivo federal– lo presentan, en cambio, como una herramienta indispensable para garantizar los derechos de autor y la propiedad intelectual en la era digital. Sostienen que en éstos radica la base del crecimiento económico, cultural y tecnológico
de las naciones.
Consideran que el Acta contribuiría a que el país ocupe un mejor lugar en la clasificación que hace el gobierno de Estados Unidos de las naciones que no protegen adecuadamente los derechos de autor y la propiedad intelectual, y declaran que no se contrapone con las leyes internas ni con otros convenios internacionales suscritos por México.
A principios de 2008, Felipe Calderón ordenó a representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría General de la República que se integraran a las reuniones para discutir el Acta convocadas por Estados Unidos, los 27 países de la Unión Europea, además de Canadá, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda.
Según el director general del IMPI en ese momento, Jorge Amigo Castañeda, Calderón encontraba varias ventajas
en unirse al grupo, entre otras, que estando ya como parte de la negociación vamos a entender de primera mano cualquier posición, de cualquier país, pero también vamos a tener la oportunidad de poner las posiciones
nacionales. Además era motivo de orgullo para el Ejecutivo que México fuera el único país latinoamericano participante en las gestiones.
A pesar de sus buenas intenciones, Calderón incurrió en una omisión: no informó de la negociación del Acta al Senado, como debió hacerlo, según estipula el artículo 5 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.
El senador Carlos Sotelo García hizo la observación a Jorge Amigo en una de las primeras reuniones del grupo plural de trabajo, el 24 de noviembre de 2010. Indicó que el mismo precepto legal obliga al Ejecutivo a informar sobre los avances y exponer las razones para negociar el tema de que se trate, así como las consecuencias de no hacerlo
. Reprochó: nada de esto ha sucedido; el Senado no ha sido notificado formalmente del inicio de las negociaciones
.
Los senadores recibieron en junio de 2010 una traducción no oficial al español de la presunta versión final de Acta, pero fue a petición de parte, no en cumplimiento de una obligación legal y política que los representantes del Estado mexicano están obligados
a presentar.
Por ese solo hecho –dijo Sotelo al director del IMPI–, el Senado podía rechazar la firma del acuerdo, sin revisarlo. Pero para no ser tan extremos
y en atención a la importancia de legislar sobre esos temas, se creó el grupo plural para dar seguimiento al Acta, lo que no garantiza que éste sea ratificado.
Para justificar ante el Senado haber negociado de manera subrepticia, Jorge Amigo afirmó:
Es muy complicado pensar en que a lo largo de un ejercicio de negociación y un acuerdo de esta naturaleza se pueda estar publicando las negociaciones o se den a conocer las estrategias y los criterios de los negociadores, porque puede afectar el futuro de la negociación y, evidentemente, desde el momento en que México descubriera una estrategia estaríamos perdidos en la negociación.
De acuerdo con la versión estenográfica de su intervención en una de las sesiones del grupo de trabajo, Amigo Castañeda argumentó: nos apegamos a lo que disponen los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que indican claramente que en términos de negociaciones comerciales internacionales, las negociaciones son reservadas al gobierno
.
En una conversación con el senador Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el entonces director del IMPI admitió que mantuvieron en secreto las negociaciones a petición de los gobiernos de algunos países participantes.
El portal La Quadrature du Net (www.laquadrature.net/), administrado por un colectivo de activistas franceses defensores del libre acceso a la red como un derecho humano, hizo públicos los cables filtrados por Wikileaks en los que se daba a conocer la existencia del Acta. Fue ahí donde internautas mexicanos descubrieron que el gobierno federal formaba parte de las negociaciones, e informaron al Senado.
Uno de los cables, el 07MEXICO6229, cuyo origen es la embajada de Estados Unidos, evidencia que los funcionarios mexicanos apoyan la política estadunidense sobre propiedad intelectual, en oposición a la política de Brasil en la materia.
El dato refuerza la crítica de que el Acta –como dijo el activista Óscar Mondragón durante su participación en una reunión del Senado– es el instrumento por medio del cual Estados Unidos pretende que su concepción de la propiedad intelectual sea adoptada por otros países, es la idea de darle a todo el mundo una sola legislación
.
Alejandro Pisanty Baruch, presidente de la asociación civil Sociedad Internet de México y ex titular de la dirección de servicios de cómputo académico de la UNAM, alertó a los senadores sobre un discurso pronunciado el año pasado por Hillary Clinton, secretaria de Estado estadunidense, en el que equiparaba terrorismo
con abuso en materia de propiedad intelectual
. De acuerdo con Pisanty, Clinton describió ambos hechos como amenazas a la humanidad
.
Las revelaciones de Wikileaks a través de La Quadrature du Net dieron lugar a un movimiento global de opositores al Acta. Especialistas, activistas, agrupaciones civiles y usuarios en general contrarios a la participación de sus respectivos gobiernos en el acuerdo empezaron a realizar una intensa labor de difusión y denuncia de los riesgos.
Uno de los pioneros en México de dicho movimiento es León Felipe Sánchez Ambía, abogado egresado de la UNAM, socio de Fulton & Fulton, despacho especializado en propiedad intelectual y tecnologías de la información. Junto con la internauta y activista Geraldine Juárez, fundó el sitio StopActaNow, dedicado a divulgar información sobre el acuerdo.
Recuerda Sánchez Ambía que antes de la intervención del Senado, las autoridades involucradas en la negociación, específicamente los funcionarios del IMPI y del Indautor, se negaron a proporcionar información sobre los términos del acuerdo: no concebían que la sociedad civil tuviera interés y menos aún opinión sobre un tema como ése
.
En una reunión con autoridades, representantes de agrupaciones autorales y representantes de industria favorables al acuerdo, antes de las sesiones organizadas por el Senado, fueron abucheados e insultados.
Decían que no teníamos por qué estar ahí, que nosotros no arriesgábamos ningún capital, cuando somos nosotros como consumidores los que les mantenemos el negocio.
Después de un largo trajinar lograron hacer contacto con Castellón Fonseca, quien llevó las inquietudes de los inconformes ante el Senado, que emitió un punto de acuerdo el 19 de octubre de 2010 para crear el mencionado grupo plural para dar seguimiento al Acuerdo Comercial Antifalsificaciones, presidido por Eloy Cantú Segovia (PRI). También lo integran Javier Castellón Fonseca, Carlos Sotelo García y Ricardo Monreal, del PRD; Beatriz Zavala Peniche y Federico Döring, del PAN; Ludivina Menchaca, del Partido Verde, y Francisco Xavier Bergaza, de Convergencia.
El grupo se instaló el 23 de noviembre, y al día siguiente realizó la primera de ocho sesiones, en las cuales participaron los funcionarios negociadores del Acta, académicos, investigadores, especialistas, representantes de organizaciones autorales, abogados, creadores y activistas defensores del libre acceso a Internet.
Luego de dos años y medio de movilización, los opositores al Acta ven con beneplácito las conclusiones del grupo de trabajo, que en los próximos días se presentarán ante la Comisión Permanente para su aprobación.
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