El diputado del Partido del trabajo, Gerardo Fernández,culpó al Gobierno de la violencia.(Foto: teleSUR)
Diputados mexicanos de cuatro bancadas de oposición criticaron este viernes al secretario de Gobernación de ese país, Francisco Blake Mora, por la ineficiencia del Gobierno Federal en el control de la creciente inseguridad.
Las opiniones se emitieron en el contexto de debate del Informe de actuación del Gobierno de Felipe Calderón, donde los legisladores indicaron que "no pueden (los dirigentes) huir de su responsabilidad en la creciente ola de violencia" y denunciaron que actualmente México está viviendo la mayor inestabilidad y la más grande crisis social.
Los parlamentarios, pertenecientes a las toldas Partido Revolucionario Institucional (PRI), Convergencia, Partido del Trabajo (PT), Partido de Revolución Democrática (PRD) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacaron la alarmante cifra de muertos en el marco de la guerra declarada por el Ejecutivo al narco.
"Es alarmante la cifra de miles de muertes que se han registrado a raíz de la lucha del Gobierno contra el crimen organizado", exclamó la diputada del PVEM, Lorena Corona Valdés.
Valdés recalcó que es inadmisible exigir que el Gobierno de Estados Unidos respete los derechos de nuestros connacionales, "mientras que aquí (en México) se secuestra y asesina a los migrantes de otros países".
Por su parte, el legislador del PRD, Gerardo Fernández, manifestó su descontento por las políticas anunciadas y no cumplidas por el Gobierno.
"No se valen discursos retóricos para dar respuestas (...) no pueden con la responsabilidad. Su ayuda no ayuda. Han ensangrentado al país (...) Sostengo que cada muerto apuntala al Gobierno usurpador de ustedes", subrayó.
Además de la inseguridad social, cuestionaron la capacidad de respuesta a las zonas afectadas por desastres naturales y el activismo electoral.
La representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, expresó que no "considera necesario el uso electorero de los programas sociales" y propuso firmar un pacto de neutralidad, que también sería suscrito por el presidente de la República y los delegados federales.
"Hay que evitar más mensajes gubernamentales en los procesos electorales (...) el Gobierno Federal se ha preocupado más por ganar elecciones, que por trabajar para todos los mexicanos sin importar colores partidistas", señaló.
Mientras tanto, los legisladores de Convergencia, Víctor Hugo Círigo; del PT, Juan Enrique Ibarra y del PRD, Ilich Lozano Herrera, aprovecharon el evento para exigir a los entes gubernamentales que informen detalladamente sobre las sanciones a ministros de culto que intervienen en política o hacen declaraciones sin sustento contra gobernantes.
Solicitaron saber qué se ha hecho ante las declaraciones del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, quien afirmó que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, había sobornado a los ministros de la Corte para avalar el derecho de adopción de las parejas del mismo sexo.
El único partido que defendió a Blake fue el Partido de Acción Nacional (PAN), cuyo legislador, Gregorio Hurtado Leija, reiteró su respaldo a la "estrategia anticrimen" del Ejecutivo Federal.
Desde 2006, cuando el presidente de México, Felipe Calderón, anunció su lucha en contra del crimen organizado, se han registrado en el país aproximadamente 29 mil muertes violentas en el país.
Las autoridades locales han reconocido que la violencia se ha desatado en la nación y las cifras de muertos ha seguido en aumento.
Según un reporte del Gobierno, en el primer trimestre del año se registraron casi tres mil 500 asesinatos vinculados al narcotráfico, entre ellos trabajadores de medios y alcaldes.
Adicionalmente, el informe prevé que en el año 2010 se podría marcar un nuevo récord ante el incremento que en 2009, cuando se reportaron nueve mil 635 víctimas, en comparación con las dos mil 837 que se observaron en 2007.
El presidente, Felipe Calderón, admitió que durante los cuatro años de su gestión se ha fortalecido la ola de violencia y enfatizó que es producto de las organizaciones ilícitas y de narcotraficantes que se disputan territorios y mercados en distintas zonas del país.
