¿A cuántos más de nosotros tienen que matar para que el gobierno nos deje de vender la idea de que se están matando entre ellos? Así lo pensamos muchas y muchos ciudadanos luego de una semana que develó todas las ficciones construidas para ocultar el fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua.Así lo pensamos y lo sentimos ante el asesinato de Miguel Etzel Maldonado.
Buen político, cuadro clave del PRI, buen hombre, catedrático universitario, funcionario público de toda la vida, adversario difícil, pero respetuoso y tolerante. Dicharachero y disfrutador de la vida que segaron dos armas la noche del martes 20. Tuvo que acaecer este homicidio para que el gobernador Reyes Baeza empezara a reconocer su frustración e indignación porque el Operativo Conjunto Chihuahua no da los resultados esperados. Tuvo que caer alguien cercano al propio gobierno estatal para que se empezara a considerar que ya no sólo es la cantidad de 4 mil 113 muertos en menos de dos años lo que tiene en vilo a Chihuahua entero, sino el cambio cualitativo en la ofensiva del crimen organizado: la agresión abierta a un destacado miembro de la clase política, el ataque de ribetes terroristas para arrinconar aún más a la amedrentada sociedad norteña.
Los medios de opinión y las organizaciones civiles de Ciudad Juárez documentan con claridad las dimensiones del fracaso del operativo conjunto. No termina octubre y ya van más de 2 mil asesinatos dolosos en Juárez, cuando durante todo 2008 fueron poco más de mil 800. ¡Casi 4 mil homicidios en poco menos de dos años! Desde mediados de año cada mes rompe el récord de ejecuciones del anterior. La presencia castrense ha sido muy eficaz… para incrementar el número de asesinatos, no para disminuirlo, así hay que evaluarla.
Pero si bien el costo humano es terrible, si la cuota de sufrimiento que han tenido que pagar las familias chihuahuenses por los asesinados, por los desaparecidos, por los secuestrados, por los heridos, por los amenazados, está muy lejos de contabilizarse y más aún de cicatrizarse, el costo en recursos financieros, no por ser dinero, es poco significativo. Los 18 meses del operativo han costado al erario de Juárez 319 millones de pesos: 10 por ciento de su presupuesto anual. A eso hay que agregar 321 millones que ha pagado el gobierno federal para sufragar diversos gastos de este verdadero ejército de ocupación que asegura todo menos la paz para esta sufrida frontera y una cifra indeterminada que ha erogado el gobierno del estado. Y se seguirán gastando muchos millones todavía, pues ni el gobierno municipal solo ni con ayuda del federal y el estatal ha podido estructurar una policía que pueda dar paz y confianza a los juarenses.
El propio gobernador lo reconoce en entrevista: en aras del operativo ideado por Calderón, ahora incluso cuestionado por sus ex compañeros de administración, se han descuidado en Chihuahua rubros tan importantes como la educación y la salud. Es decir, se ha desviado el dinero que estaba destinado a combatir las causas de la inseguridad, para combatir las consecuencias, y éstas, en lugar de reducirse, se incrementan.
La población se exaspera ante un Estado que ya no puede ocultar sus fallas continuas y cada vez más estratégicas. El fin de semana la prensa local documenta cuando menos tres casos de ciudadanos que tienen que hacerse justicia por su propia mano cuando son asaltados en un transporte urbano o en el puesto de vinos y licores que atienden. Es a esta población atemorizada, indignada, defraudada, a la que se pretende cobrar más impuestos cuando el gobierno no puede siquiera cumplir con ella su elemental función de garantizar la integridad de su persona y de su patrimonio. A esta población a la que se embarcó en una dudosa guerra que más que combate parece masacre unilateral de jóvenes y de pobres, como señala con razón el colectivo Doble Resistencia.
Y como no se rinden cuentas precisas, como no hay exámenes críticos de la (in)eficacia de las fuerzas del orden, las autoridades tratan de calmar el espanto cotidiano de la gente con declaraciones de que todo asesinado o es de ellos o andaba tratando con ellos. Porque si se aplicaran a los operativos conjuntos contra la delincuencia organizada los mismos criterios de evaluación que a Luz y Fuerza del Centro, habría que despedir y liquidar no sólo a decenas de miles de soldados, también a varios gobernadores, procuradores y procuradoras, así como jefes de zona militar, un secretario de la Defensa, uno de seguridad pública, un procurador de la República y hasta un titular del Ejecutivo federal.
