MELINA GIL
Participantes del “Foro nacional sobre las garantías individuales y los derechos humanos en el actual contexto de militarización del país” Foto: FOTO ALAN ORTEGALa liquidación de Luz y Fuerza del Centro es una coyuntura para que el movimiento obrero organice el descontento social que se ha agudizado por la presencia militar en tareas que constitucionalmente no le corresponden, indicaron académicos y representantes de organizaciones sociales en el “Foro nacional sobre las garantías individuales y los derechos humanos en el actual contexto de militarización del país”.
Ante esta perspectiva, los participantes anunciaron la conformación de un Frente Único de Apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que integre a todas las expresiones organizadas e individuales, según comprometieron en el pronunciamiento de las conclusiones del encuentro.
El frente también tendría el objetivo de conformar un nuevo proyecto de nación basado en intereses populares.
Ayer, los panelistas del foro calificaron la medida presidencial como una expresión más de un régimen autoritario, que inició con la señalada militarización del país. A decir del titular de la Comisión de Educación y Cultura de la Sección 18, Ramón Guzmán Ramos, incluso la decisión del finiquito del organismo, con la ocupación de los elementos de seguridad y militares, es un indicativo de una mínima fortaleza en el Ejecutivo.
“Tiene su origen en el enorme fraude electoral. Calderón asumió la Presidencia con legalidad y legitimidad cuestionada. Tuvo que recurrir a la fuerza del Estado, decidió que la militarización del país le permitiría sofocar inconformidades y tener el control”, señaló Guzmán Ramos durante su participación.
Criminalización de los pobres
Sobre el descontento que ha ocasionado la ocupación militar, integrantes de agrupaciones civiles detallaron los panoramas. En representación de las organizaciones de Chihuahua, Julián Contreras Álvarez consideró que la fuerza del Estado y la lucha contra el narcotráfico se enfocan sobre los niveles más vulnerables de la población involucrada para no tocar intereses.
“Es una política de criminalización de los pobres. Acabar con el pobre sólo le cuesta al Estado una bala. Pero acabar con la pobreza, le cuesta educación, salud y condiciones dignas de desarrollo”, indicó Contreras Álvarez, luego de referir que el crimen organizado encuentra apoyo en clases marginadas por la misma carencia de oportunidades.
En lo que respecta a aquel estado, también relató que el combate al crimen organizado ha derivado en hostigamiento para las organizaciones civiles. Comentó que desde el inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, quienes se han posicionado contra la intervención del Ejército se encuentran bajo persecución, como el caso de Gustavo de la Rosa Hickerson, personaje que ha tenido que exiliarse en Texas por denunciar abusos de las fuerzas castrenses. En el mismo sentido, José Martínez Cruz denunció en Morelos una embestida del Ejército contra los indígenas del estado, situación que se ha replicado en Chiapas y todo el sureste del país.
Ante el escenario, los ponentes acordaron la denuncia internacional de estas expresiones que adjetivaron como “fascistas” del gobierno federal, ya que advirtieron patrones de excesos que han derivado en “golpes de la derecha” en América Latina.
