amenazas de muerte a 1er visitador de (CEDH) en Ciudad Juárez
Saludos resistentes desde la frontera norte del país a tod@s los compañer@s de la RCP.
El frente chihuahua resiste les pide su colaboración para apoyar una Acción urgente que esta haciendo Amnistía Internacional a favor de nuestro compañero Gustavo de la Rosa hickerson el 1er. Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Ciudad Juárez en el norte de México.
Cuyo cargo es ATENCION A VICTIMAS, por lo que ha recibido toda clase de denuncias de abusos cometidos por las fuerzas que conforman el operativo conjunto en el Estado de Chihuahua, especialmente por miembros del ejército. Estas denuncias van desde tortura, desapariciones, hasta posibles homicidios, y de las que ha hecho denuncias en los medios de comunicación a nivel nacional. En varias ocasiones ha recibido amenazas que atentan seriamente contra su vida. el dia 4 de septiembre, Gustavo de la Rosa Hickerson se detuvo en un semáforo. Un auto se colocó a su lado, y el conductor bajó la ventanilla, apuntó al abogado con la mano como si fuera un arma y fingió dispararle, diciendo
“Ya bájale porque te vamos a matar”.
la idea es que tenemos que enviarles la mayor cantidad posible de cartas a los diferentes funcionarios públicos.
Tenemos.
Y estar alerta a este tipo de problemática que estamos viviendo en el estado y el país con la militarizació n y el auge del crimen organizado es preocupante y nos pone a todas y todos en riesgo.
Por favor envíen un acopia de sus correos a esta dirección y/o a ciso.ac@gmail.com
ACCIÓN URGENTE
El abogado de derechos humanos Gustavo de la Rosa Hickerson ha sido amenazado de muerte a causa de su trabajo a cargo de la sede en Ciudad Juárez de la Comisión de los Derechos Humanos (CEDH) del estado de Chihuahua, en el norte de México.
Cuando regresaba a su casa desde el trabajo en Ciudad Juárez el 4 de septiembre, Gustavo de la Rosa Hickerson se detuvo en un semáforo. Un auto se colocó a su lado, y el conductor bajó la ventanilla, apuntó al abogado con la mano como si fuera un arma y fingió dispararle, diciendo
“Ya bájale porque te vamos a matar”.
Luego se marchó. Gustavo de la Rosa Hickerson pidió a la CEDH protección, pero ésta se lo negó, por lo que se ha visto obligado a buscar refugio al otro lado de la frontera, en El Paso, Estados Unidos.
Gustavo de la Rosa Hickerson lleva a cargo de la oficina en Ciudad Juárez de la CEDH de Chihuahua desde abril de 2008.
Es una de las pocas autoridades que han reconocido públicamente el fuerte aumento del número de denuncias de violaciones graves de derechos humanos, incluidas tortura y ejecuciones extrajudiciales, cometidas en Ciudad Juárez
por las fuerzas armadas que desempeñan labores policiales. La CEDH sólo tiene poderes limitados para recibir ese tipo de denuncias pero, puesto que otras instituciones han optado por no emprender ninguna acción, la CEDH de Ciudad Juárez ha aceptado denuncias, ha criticado públicamente los abusos del ejército y ha presionado a las autoridades pertinentes para que respondan. Esto ha dado lugar a fuertes críticas de los mandos locales del ejército. El presidente de la CEDH en la ciudad de Chihuahua ha ordenado a Gustavo de la Rosa Hickerson que deje de recibir denuncias de víctimas de presuntos abusos del ejército y se ha negado a atender a sus peticiones de protección. Según Gustavo de la Rosa , la CEDH también le ha dicho que perderá su empleo si no regresa a su puesto de trabajo antes del 6 de octubre.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE,
en español o en su propio idioma:
n pidiendo a las autoridades que proporcionen a Gustavo de la Rosa Hickerson y a su familia protección, de acuerdo con sus propios deseos, para que pueda seguir realizando su fundamental labor en Ciudad Juárez;
n pidiéndoles que lleven a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas contra Gustavo de la Rosa , que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
n pidiendo que la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Chihuahua ayude a mejorar la seguridad de Gustavo de la Rosa y apoye su trabajo de recepción de denuncias de víctimas de abusos a manos de personal militar.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009 A:
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er piso
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob. gob.mx
Tratamiento: Señor Secretario
Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador del Estado de Chihuahua, Palacio de Gobierno, 1er piso, C. Aldama #901, Col. Centro,
Chihuahua, Estado de Chihuahua, C.P. 31000, México
Fax: +52 614 429 3300 (luego marquen la extensión 11066 cuando se la pidan)
Tratamiento: Señor Gobernador
Lic. José Luis Armendáriz González
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua
Calle Décima y Mina, 1000, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, MÉXICO
Fax: +52 614 410 0828
Envíen también copia a la representació n diplomática de México acreditada en su país.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Desde 2007, la violencia relacionada con la delincuencia organizada ha aumentado sin parar en México: los medios de comunicación han informado de más de 14.000 homicidios relacionados con los cárteles de la droga.
La mayoría de estos asesinatos se han cometido en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.
El gobierno del presidente Calderón ha tratado de combatir a los cárteles desplegando miles de agentes de la policía federal y más de 45.000 soldados en las zonas más afectadas, especialmente Ciudad Juárez.
Sin embargo, esta medida no ha traído consigo una reducción de la violencia. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los informes de abusos a manos del ejército, incluidos homicidios ilegítimos, tortura, detenciones arbitrarias y registros domiciliarios, se multiplicaron por seis entre 2006 y 2008. Estos casos son investigados y juzgados sistemáticamente por el sistema de justicia militar, que no garantiza una investigación imparcial e independiente, lo que da lugar a la impunidad para la gran mayoría de los responsables. A consecuencia de ello, a las víctimas y sus familiares se les niega un recurso efectivo a la justicia, y los miembros del ejército son conscientes de que es extremadamente improbable que rindan cuentas de sus actos.
