El Programa de Vigilancia del Presidente, que operó en Estados Unidos de 2001 a 2007, rompió el equilibrio entre la protección a la seguridad nacional, el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles, consideran analistas. En México, persiste el riesgo de que el combate a amenazas como el narcotráfico perpetúe las violaciones a los derechos humanos y se amplíen indiscriminadamente los poderes presidenciales, advierten especialistasLa evaluación exagerada de una amenaza contra la seguridad nacional condujo a la administración de George Bush, desde el 11 de septiembre de 2001, a realizar actividades de vigilancia, como la intercepción de comunicaciones personales de ciudadanos estadunidenses y de extranjeros, que no siempre fueron legales y que se ocultaron al Congreso, refiere el Informe desclasificado sobre el Programa de Vigilancia del Presidente, realizado en julio pasado por los inspectores generales de los departamentos de Defensa, de Justicia, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la Agencia Nacional de Seguridad y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.
El informe generó un intenso debate en el Congreso estadunidense. En México se aplica el mismo paradigma: exagerar deliberadamente las amenazas a la seguridad nacional, con la consecuente erosión de las libertades civiles, precisa Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro de Política Internacional.José Rosario, coordinador de comunicación y análisis del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aprecia que, cuando el Estado mexicano decidió atender otras amenazas que magnificó como el terrorismo –que no es un riesgo real– y fue incapaz de responder y combatir amenazas verdaderas contra los ciudadanos, como los efectos negativos de la globalización económica que se han traducido en desempleo, surgió la percepción de una mayor incertidumbre. Esa situación genera mayor exigencia ciudadana por la seguridad, incluso a cambio de ceder algunos espacios o libertades civiles, opina.
Coincidente con ambas visiones, el Programa de Vigilancia del Presidente (PSP, por sus siglas en inglés) –número de código 2009-0013-AS, desclasificado en Estados Unidos el pasado 10 de julio– explica que, en términos legales y constitucionales, lo más importante es mantener el equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a la vida, las libertades civiles y los derechos de los ciudadanos.
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