Distrito Federal— La “guerra contra el narcotráfico”, que es como ha sido denominada la principal política de seguridad pública del presidente Felipe Calderón, campea a través del país, agudizándose conforme se acerca la contienda electoral del 5 de julio.
Las imágenes presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército, difundidas por los medios electrónicos, sobre operativos donde el Ejército entra en “combate”, golpeando y derribando a supuestos criminales, son cada vez más explícitas.
ésta sería en sí misma una estrategia electoral que ha habilitado como promotores o inhibidores del voto a cada uno de los soldados sacados a las calles, lo mismo que a los policías federales que participan en operaciones anticrimen organizado.
A manera de coro, los spots del PAN refuerzan la campaña llamando a no dejar “solo al presidente en su lucha”.
A esta estrategia también se han sumado los más de diez desplegados que el 28 de mayo pasado se publicaron en diarios de circulación nacional, firmados por ciudadanos –entre ellos el actor Erick del Castillo y la conductora Janet Arceo– que enviaban un mensaje de apoyo a Felipe Calderón.
“Siga valiente, señor presidente”, decían los desplegados que en realidad fueron pagados por la agencia Euroamérica S.A. de C.V., cuyo director general es Rafael García Garza, quien dirigió comunicación social en el Instituto Federal Electoral durante la década de los 90.
La Unidad de Investigación de El Universal solicitó una entrevista con él, pero no obtuvo respuesta.
Especialistas en temas de narcotráfico y analistas políticos consultados por la Unidad de Investigación de El Universal opinan que el uso de la violencia de Estado como estrategia electoral puede, a corto plazo, traer beneficios para el partido en el poder, pero consecuencias nocivas para el país, porque además de eludir el respeto a los derechos humanos, se estaría lejos de constituir una verdadera política de seguridad nacional.
PROPAGAR EL MIEDO
La ofensiva del Gobierno federal en contra de la delincuencia organizada no es circunstancial; tiene el propósito claro de consolidar un nuevo orden de poder del Estado, sostiene Carlos Murillo, coordinador de la “Investigación sobre abstencionismo electoral en Chihuahua”, realizada por el Colegio de Chihuahua en 2008 a petición del Instituto Estatal Electoral.
Esa investigación concluye que el escenario previsto para las zonas con mayores índices de violencia es el de una votación escasa, que beneficiaría tanto al PRI como al PAN.
Además, señala que al menos en Chihuahua –en donde se registra la mayor cantidad de asesinatos vinculados a grupos de narcotraficantes– el porcentaje de votantes estará por debajo del 25 por ciento, y en algunos municipios bajo dominio de grupos criminales podría ser menor al 10 por ciento.
“Esta acción política-policiaca apunta a seguir propagando el miedo, bajo el disfraz del combate a la delincuencia, lo cual puede agradar a la ciudadanía más propensa al orden y a las jerarquías, y que regularmente son las más proclives a votar por los políticos de derecha”, en tanto que “facilitar el abstencionismo ofrecería al PAN, en estos momentos, facilidades de ganar en una elección poco concurrida”.
El PAN, afirma Murillo, tiene como apuesta mayor el abstencionismo, o al menos juega con esa idea. Lo que ha hecho el partido, dice, es utilizar la figura de Calderón, “quien por primera vez, en su ejercicio de poder, goza de cierto protagonismo”.
Y enfatiza en la estrategia de campaña empleada por ese partido desde 2006: “Shock mediático, guerra sucia, descalificaciones, primero contra AMLO, ahora contra el PRI”.
El problema de una victoria “generosa para el PAN sería un presidencialismo más fuerte, algo parecido al presidencialismo priísta de antaño, con el detalle de que sería un retroceso para el parlamentarismo, la Federación y obviamente para la ciudadanía, pues Calderón tendría carta abierta”.
EN LA PRáCTICA, “POPULISMO PUNITIVO”
En el sitio en línea de la revista Boeing Policy (edición española), David Kenner incluye los comicios del próximo 5 de julio en México en su lista de “Elecciones a seguir en 2009”.
Ahí se señala que el mandato de Felipe Calderón se ha caracterizado por una guerra cada vez “más agresiva, sangrienta y controvertida contra los poderosos cárteles mexicanos de la droga”.
Para Kenner, las próximas elecciones en México decidirán si Calderón “sigue teniendo en la Cámara de Diputados apoyos para continuar su guerra contra las drogas... Si vence el PAN, Calderón tendrá luz verde para seguir adelante con su guerra. Si el PRD se hace más fuerte, es posible que el presidente se vea atado de pies y manos por una Cámara hostil”.
Moisés Naím, autor del libro ilícito “Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo” (Debate, 2006) y director de Foreing Policy, discrepa de Kenner; sostiene que el tema de la “mal llamada guerra contra el narco” no definirá los resultados de la próxima elección. México “ha sido impactado casi por las diez plagas: ha tenido la violencia del narcotráfico, la caída de remesas, exportaciones, del turismo y la influenza. Cuando uno ve la lista de todas las cosas que están pasando en México es difícil decir que las elecciones van a ser decididas por un solo factor”.
Tampoco cree que esté utilizándose la lucha contra el tráfico de drogas como campaña electoral.
Pero Luis Astorga, investigador de la UNAM y autor de libros como “Drogas sin fronteras” (Grijalbo 2003) y “Seguridad, traficantes y Militares. El poder y la sombra” (Tusquets, 2007) sí observa un uso “faccioso” de los asuntos de seguridad nacional y que la estrategia electoral del Gobierno federal es posible que funcione a corto plazo para sus intereses políticos, pero “para el país no”.
Las consecuencias que prevé son que “la violencia podría ser peor de lo que hemos observado” y que no exista un consenso entre los partidos para diseñar una verdadera política de seguridad nacional”.
En ello coincide John Bailey, especialista en estudios sobre México de la Universidad de Georgetown: usar la “guerra” contra el narcotráfico como bandera electoral, dice, fortalece la imagen del presidente, pero dificulta la formación de una política de Estado en el tema de seguridad nacional. Usar con fines electorales el combate al narco es un “populismo punitivo” que pone en riesgo el respeto a los derechos humanos.
GUERRA POCO EFECTIVA
En México es añejo el uso del tema del combate al narcotráfico como arma para derrotar al adversario político. Luis Astorga recuerda que en la década de los 40 Lázaro Cárdenas acusó al entonces gobernador de Sinaloa, Pablo Macías Valenzuela, de controlar el tráfico de drogas en esa entidad.
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo también se utilizó, con el encarcelamiento del entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.
Tampoco es nuevo el uso de la metáfora “guerra contra las drogas”: el presidente estadounidense Richard Nixon la acuñó, pero quienes la pusieron en práctica fueron los países latinoamericanos, al asumir políticas que llevaron a sumar a las fuerzas armadas en las labores de “lucha” contra el narcotráfico, añade Astorga.
Sin embargo, ha sido con Felipe Calderón cuando más énfasis se ha dado a señalar que los operativos contra el narcotráfico son parte de una “guerra”.
El tema se incluyó en la agenda desde el principio del sexenio y en el diseño de esta estrategia han participado personajes como Jorge Tello Peón, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Monte Alejandro Rubido, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, considerado como un experto en procesos electorales, de acuerdo con fuentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde él fue director general.
En abril pasado, Rubido afirmó que para vencer al narcotráfico, el gobierno tendría que mantener a los soldados en las calles hasta, por lo menos, 2013.
El empleo de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas delincuenciales ha visto el rechazo paulatino en los estados con mayor presencia militar.
Es el caso de Chihuahua: el 14 de abril de 2008, El Diario de Juárez publicó una primera encuesta realizada por la consultora CONFIRME. Aplicada a 600 ciudadanos, arrojó que 93.7 por ciento respaldaba la incursión del Ejército en las calles.
Pero la percepción cambió dos meses más tarde, en junio, con la segunda encuesta de la propia consultora: dos de cada tres ciudadanos rechazaban la presencia de militares porque no ofrecía resultado alguno en el combate contra la delincuencia organizada.
“Es obvio que la estrategia es un fracaso”, precisa Edgardo Buscaglia, director del Centro Internacional de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Columbia y profesor visitante de Derecho y Economía del ITAM. “Lo que vemos es un acto de valentía con muy poca efectividad”.
En todo caso, las operaciones federales han tenido un “muy buen manejo mediático”, lo que sin duda tendrá sus réditos electorales. La división entre quienes apoyan o no la incursión de militares en este combate, radica sin embargo entre los que la sufren y los que la ven desde la distancia, más que en un sentido de estricta ideología política, concluye.
¿Y LOS DERECHOS HUMANOS?
Para Elena Azaola, autora de “Crimen, castigo y violencia en México” (FLACSO– MDMQ, 2008), términos como “lucha” y “guerra” son metáforas desafortunadas, sobre todo porque no observa que exista una política real enfocada a reducir la violencia que afecta el país. “Hablar de guerra no es colocar como prioridad ni los derechos ni la vida. Esto, a largo plazo, genera más violencia”.
En abril pasado, la organización Human Rights Watch presentó su informe “Impunidad uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”. En él destaca que sólo en 2008 se registraron 6 mil muertes relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.
Además, documenta 17 casos de abusos realizados por elementos del Ejército en contra de más de 70 personas, la mayoría civiles, muchos de ellos “no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes”.
Pese a las violaciones contra los derechos humanos adjudicados a los militares, afirma el senador panista Ramón Galindo Noriega, la percepción general que se tiene sobre las Fuerzas Armadas es positiva, lo mismo que las acciones emprendidas por el presidente Felipe Calderón. Eso es, dice, “porque nunca se vio una postura determinada y bastante bien definida como la del actual mandatario”.
Bajo esa lectura, “la gente prefiere algún tipo de abuso militar en vez de afrontar el riesgo que supone la presencia del crimen organizado”, sostiene Galindo, quien preside la Comisión para el Desarrollo Municipal.
“Es cierto que algún porcentaje votará en contra de tales acciones, y también quien lo haga en un sentido opuesto, apoyando lo emprendido por el presidente Calderón. Y si bien estas acciones en contra de la delincuencia organizada no tienen un propósito electoral, definitivamente influirá en el resultado del proceso, en el ánimo de las votaciones. Y quien gane será la sociedad”.
Que la sociedad se beneficie de ello es cuestionable, opina Claudia Cruz, diputada federal por el PRD e integrante de la Comisión de Justicia. “El beneficio electoral es claro: hoy la delincuencia organizada está metida en el ámbito político y tiene a su favor a alcaldes, secretarios de policía, legisladores y muy probablemente tendrá en el futuro inmediato a gobernadores. Y es la razón por la cual los mismos partidos políticos no han querido profundizar en el tema”.
“¿Quién se beneficia con todo esto? Independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones, se benefician los poderes fácticos, los grandes cárteles de la droga vinculados con políticos y gobernantes; evidentemente también los partidos políticos de derecha, como el PAN y el PRI. Si hay poca votación, es lo de menos: la violencia que ejerce el Estado tiene el único propósito: consolidar un nuevo orden de poder en México”.
