El diputado Víctor M. Quintana Silveyra presentó hoy en la sesión ordinaria del Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.Esta iniciativa de ley establece, regula y sanciona las responsabilidades administrativas de los servidores y ex servidores públicos con motivo de las funciones que han desempeñado.
Es de interés generalizado en la ciudadanía que toda persona que desempeña un cargo público, independientemente de su nivel o jerarquía sepa que existen códigos de conducta claramente establecidos, de carácter obligatorio y rigurosamente sancionable su incumplimiento mediante amonestación por faltas menores o destitución e inhabilitación hasta por veinte años por faltas graves que la iniciativa del diputado Quintana establece con toda precisión.
Además de las obligaciones señaladas en la vigente Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que data de hace veinte años y cuya ocasional aplicación no ha contribuido a inhibir la ineficiencia, negligencia y los actos deshonestos de los servidores públicos de los gobiernos estatal y municipales, en gran medida porque la norma jurídica aplicable actualmente adolece de vacíos y deficiente regulación, la iniciativa del Dip. Quintana hace énfasis en 1) la atención y seguimiento hasta su conclusión a las observaciones y recomendaciones que se deriven de las revisiones practicadas por los órganos fiscalizadores; 2) la atención oportuna y suficiente a las solicitudes de información que se reciben de la ciudadanía; 3) el desahogo oportuno y óptimo de los procedimientos de fincamiento de responsabilidades para prevenir prescripciones que abonan también a la impunidad; y 4) la equidad que debe prevalecer en los procesos electorales evitando el uso de recursos públicos para beneficiar o perjudicar directa e indirectamente a cualquier partido político o candidato.
Ha sido un compromiso permanente del Dip. Quintana Silveyra ser vocero y gestor de los derechos y las demandas de amplios sectores de la población insistiendo en la apertura de espacios de participación y denuncia ciudadana atendible por los entes públicos sin dilación aboliendo laberintos y vericuetos presuntamente legales y que únicamente atizan la desconfianza, el desaliento y la frustración de quienes se presumen “representados en los poderes públicos”.
La iniciativa de Ley de Responsabilidades específicamente Administrativas que hoy presentó el Dip. Víctor Quintana, de aprobarse fortalecerá esos instrumentos de participación y denuncia ciudadana y garantizará disponer del soporte jurídico e institucional necesario para fincar las responsabilidades administrativas sancionables de los servidores y ex servidores públicos incluyendo en ellas las determinadas por los órganos fiscalizadores y de supervisión y vigilancia.
Es de resaltar, además, en esta iniciativa, el emplazamiento al propio Congreso del Estado para que en un plazo razonable y en acatamiento a lo ordenado por la Constitución Política del Estado, se instituya el Tribunal de lo Contencioso Administrativo órgano autónomo de cualquier poder establecido avocado a atender los recursos administrativos que cualquier ciudadano quiera interponer cuando considere que los actos de autoridad le afectan esencialmente en el aspecto patrimonial como puede ser el caso de multas, infracciones y sanciones económicas de todo tipo impuestas por cualquier autoridad en el ámbito estatal y municipal.
Para más y mejor información sobre esta importante iniciativa se puede consultar en la página www.victorquintana.org el contenido íntegro de la exposición de motivos y de la iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo interesante su comparación con la ley vigente para acreditar suficientemente el avance sustancial que se está proponiendo.
Un comentario final, la regulación de los juicios políticos y de las declaraciones de procedencia que competen a la Legislación estatal, permanecen sin modificación en la ley vigente sin ser incorporados por no tratarse de responsabilidades estrictamente administrativas y por no ser aplicables a todos los servidores públicos sean del ámbito estatal o municipal.
