Jaime GARCÍA CHÁVEZNo obstante la importancia de las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, abajo —es decir al seno de la sociedad— permea en la gran indiferencia. Pareciera que lo mismo da que no hubiese proceso para cambiar un poder fundamental. Se vive una especie de aturdimiento, de atonía y de desprecio hacia la cosa pública y en particular hacía la clase política y la partidocracia que le da sustento. PRI, PAN y PRD, sin distingos, son tazados con la misma vara y todo indica que ninguno se salva de las reconvenciones, más ahora que en plena crisis recibirán enormes cantidades de dinero público que tanta falta hace en otros rubros de política social en un México de miseria y pobreza patrimonial.
Lo que se alcanza a ver es una desesperanzadora pugna por el poder que en ninguna de sus facetas lleva el más mínimo marbete que la ligue con la búsqueda de una nueva representación popular para la nación. Los intereses creados de diversa índole y naturaleza son los que priman en los procesos internos de los partidos y superada esta fase en el proceso electivo propiamente dicho. A contrapelo de la esperanza que se vive en otras latitudes del mundo, aquí reina la mezquindad y el cretinismo.
El balcón chihuahuense nos proporciona buena altura para ver lo que pasa en el panorama. Por el lado del partido tradicional, candidatos fundamentales no están buscando el ejercicio pleno de una representación, sino el espacio de tres o cuatro meses con reflectores encima para disputar la gubernatura en el 2010 e igual se ve por lo que hace a Juan Blanco Saldivar. Quien vote, por ejemplo, por Héctor Murguía Lardizábal o por Alejandro Cano, deben saber que lo hacen no por dos parlamentarios sino por dos aspirantes al trapecio que luego de algunas maromas buscarán asirse de la candidatura oficial para que todo siga sin cambio alguno. Blanco que se sepa jamás ha tenido actitud de parlamentario.
Ahora bien, que hay con la rendición de cuentas entendida como responsabilidad. De Murguía Lardizábal se sabe goza de una patente de impunidad por sus tres años de desgobierno y sale a la palestra como si su director de Seguridad Pública no se encuentre en calidad de convicto por dedicarse al narcotráfico. ¿Es que eso no significa nada? Y que decir de Cano que es el responsable de un modelo económico que solo miró para arriba y en la circunstancia actual acentúo el desempleo galopante y la precarización del trabajo. Y porque Blanco ahora quiere ser diputado si todavía no explica a satisfacción las corruptelas patentes en el relleno sanitario.
El PRD chihuahuense, por decirlo menos, duerme en la indolencia cuando más se necesita de la izquierda. De él se podría decir que lamentablemente está en vigilia cuando hay carne y grotesco resulta saber que Andrés Manuel López Obrador recomienda que aquí se postulen candidatos por el PT y Convergencia y no por el partido que presidió alguna vez, quizá ignorando que no se puede ir a la lucha por un partido desprestigiado y otro inexistente. Pero no me engaño no es ignorancia sino también búsqueda de poder sin más.
Es por eso que con candidatos así, o de izquierdas ausentes la sociedad no se entusiasme por la participación, al contrario el desprecio es lo que reina y lamentablemente también gobierna.
Chihuahua, Chih., ,a 30 de enero de 2009.
LEYES BARBARAS
Víctor Orozco
“La religión ha sido muchas veces ocasión de acciones criminales y despiadadas”
Tito Lucrecio Caro
54 (A.C.)
Los diputados del estado de Baja California aprobaron el pasado 4 de diciembre una reforma a la constitución local en la cual establecieron: “…esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”. Antes, los congresos de Sonora y Morelos habían aprobado reformas similares, pero todavía no se sabe si estas declaraciones legislativas se llevarán a los códigos penales, para punir el aborto en todas las situaciones, incluso en los casos en que se suspenda el embarazo cuando tenga por origen la violación de la madre o cuando se ponga en riesgo la vida de ésta, o cuando el feto presente malformaciones genéticas. En Baja California, van todavía más lejos, pues también consideran “abortivos” a los anticonceptivos.
Los fanáticos religiosos están felices. ¡Triunfaron!.¿Pero, contra quien?. ¿A quién le ganaron?. Respondamos: triunfaron sobre las niñas violadas –a veces por sus padres o sus hermanos- a quienes se les obligará a parir para proteger el “derecho a la vida”, triunfaron sobre los médicos que practican un legrado y salvan la vida de la madre, triunfaron sobre el derecho de los padres a decidir los tiempos y las oportunidades para tener y criar hijos, triunfaron sobre los miles de mujeres que seguirán abortando y arriesgando su vida en condiciones de insalubridad, triunfaron sobre el Estado que renuncia a su distintivo de universalidad para plegarse al sectarismo religioso, triunfaron sobre la libertad y sobre el Derecho.
Y, ¿En nombre de qué principio se produjo tan grandiosa victoria?. En nombre de un dogma simplón, el cual nos dice que “la vida comienza desde el momento de la concepción”. ¡Pero si empieza desde antes!. ¿No acaso los espermatozoides recorren por sí solos un larguísimo y escabroso camino para llegar hasta el óvulo? Y obviamente lo hacen porque tiene vida, lo mismo que el cigoto en el que uno de ellos se deposita. ¿Por qué entonces los campeones del castigo a quienes efectúan un aborto no imponen también una pena a los que cometen el pecado de Onán, es decir, a todos aquellos que arrojan la simiente fuera del vientre femenino, como dice la Biblia?.
La historia nos enseña el grave peligro que representa para la seguridad, la paz y la estabilidad de las sociedades el llevar dogmas religiosos al ámbito de la ley. He aquí un ejemplo. En el siglo XIX, en México las propiedades de la iglesia católica –con mucho, las mayores del país- comprendían gigantescos depósitos de manos muertas, que no circulaban, que no generaban impuestos, que tampoco motivaban a los arrendatarios para hacerles mejoras. En fin, constituían un nudo de horca, que estaba asfixiando a la nueva nación. Apenas se produjo la independencia, los más lúcidos escritores plantearon la necesidad de modificar este sistema aberrante. Lo hicieron desde el ángulo de la economía, de la política, del derecho y se les respondió con un dogma inamovible: los bienes de la iglesia son sagrados, intocables y sobre ellos no pueden obrar las leyes humanas. He leído muchos sesudos alegatos de la época, sustentadores de tal doctrina y apoyados en copiosos argumentos filosóficos y canónicos: todos ellos concluían que las propiedades del clero tenían un origen divino, tal y como lo sentenciaron los papas en repetidas ocasiones. Por tanto, nada valían los intentos de persuasión, las compensaciones ofrecidas, la ponderación de las normas, su aplicación gradual. En Roma fueron inflexibles, y cuando se expidió la mesurada ley de desamortización, también fueron implacables ante los pedidos de clemencia elevados por los fieles –incluyendo sacerdotes- que habían aceptado comprar bienes de la iglesia, implorando se les librara de la terrorífica excomunión. El resultado de la intransigencia fue la guerra de los tres años, donde miles de mexicanos fueron a morir por un dogma egoísta que les negaba el derecho a ser dueños en su misma tierra. La tal verdad, establecida por Dios según los voceros eclesiásticos, hoy ha pasado a ser una reliquia extravagante, pero en su nombre se originaron innumerables tragedias personales y colectivas, empezando por una cruenta guerra civil.
De manera parecida, durante largo tiempo se impidió el divorcio, aduciéndose otro dogma: el matrimonio es un sacramento y un enlace divino, indisoluble por la ley de los hombres. Ello causó tragedias e infelicidades mil. Hoy, sólo a un demente se le ocurriría proscribir las leyes de divorcio y la misma iglesia católica estableció un procedimiento de anulación del matrimonio, cada vez más flexible, por el cual se arriba al peregrino fallo de que el casamiento nunca tuvo lugar, lo cual no es sino un hipócrita eufemismo para reconocer el divorcio.
En materia del aborto, cuando se elevan a la categoría de ley los dogmas religiosos hay muy poco por hacer para debatir en el ámbito de la sociedad. ¿Vale de algo constatar que nadie está a favor del aborto por sí mismo, que todo mundo está por evitarlo, como sucede con el divorcio?. Al igual que en el siglo XIX ante los bienes del clero, es imposible razonar frente a la verdad absoluta, buscar cuales son los bienes jurídicos tutelados, la gradación que la ley debe establecer para las diversas fases de la gestación, la protección al feto según la etapa, el cuidado de la vida de la madre, el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, la salvaguardia de la salud pública. Así se ha hecho en casi todos los países, pero los dogmáticos están impedidos de discurrir en estos términos.
Y mucho les ayuda, por cierto, la definición que nos entregó Juan Pablo II del aborto: “ es el asesinato, deliberado y directo, efectuado de cualquier modo de un ser humano en la fase inicial de su existencia, comprendida entre la concepción y el nacimiento” Tamaño dislate, puede entenderse en labios de un profeta o predicador religioso en cualquier latitud, pero ¡Ay de las sociedades que lo inscriban en sus leyes!. Tendrían que llevar a las prisiones, si no es que al patíbulo, a millones de mujeres culpables de homicidio calificado. Peor aún, deberá tenérseles como genocidas, según llaman los necios diputados bajacalifornianos a los partidarios de la despenalización del aborto en la exposición de motivos de la nueva ley.
Los abortos continuarán, esto es un hecho. Y las víctimas serán primordialmente las mujeres, sobre todo las más pobres, quienes además se sufrir profundas aflicciones y riesgos peligrosos cuando se ven obligadas a suspender el embarazo, podrán en Baja California ser apartadas de sus seres queridos y encarceladas. Una tragedia sobre otra. ¡Valiente victoria “a favor de la vida”!
De esta suerte, el problema social se agravará y se agudizarán los conflictos, pero, el dogma permanecerá incólume, no sólo proclamado desde el púlpito, sino convertido en norma legal, gracias a legisladores quienes actúan como súbditos, no como ciudadanos, como feligreses, no como servidores públicos, como peones de quienes administran la fe religiosa y no como representantes de la soberanía popular.
