por. Víctor M. Quintana S.
Las cifras son como para ganar la atención de cualquiera: durante 2009 el número de ejecuciones en el estado de Chihuahua superó los dos millares. Tan sólo en Ciudad Juárez se perpetraron mil 607 de ellas. La saña del crimen organizado acapara toda visibilidad.
Ahí está precisamente el peligro: en lo que la visibilidad invisibiliza. Porque ahora que todo el mundo en este norteño estado habla de ejecuciones, levantones, extorsiones, secuestros, incendios de negocios, parece que los feminicidios que hicieron tristemente famosa a esta frontera se hubieran terminado o, cuando menos, reducido significativamente, ante los guarismos del horror cotidiano. No es así.
Durante 2009 fueron asesinadas 86 mujeres en Ciudad Juárez y varias decenas más en todo el estado. Para ponerlo en perspectiva: esta terrible cifra duplica el número de asesinatos dolosos de mujeres en los años que alcanzaron los índices más altos: 37 en 1996 y en 2001. Triplican los homicidios de género de 2007 en esta frontera, que llegaron a 25.
Y la tendencia no es para atemperar las preocupaciones de nadie. Si se consideran únicamente las últimas seis semanas, es decir, desde la última de noviembre de 2008 y lo que va de enero de 2009, el número de mujeres ultimadas asciende a 21. Diez en Ciudad Juárez, seis en la capital del estado y otras cinco en diversas poblaciones. Puede ser que la mitad de ellas sean atribuibles al crimen organizado, pero la otra mitad son típicos casos de feminicidio: es decir, mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, la mayoría de ellas muertas a manos de su pareja o esposo, en hechos claros de violencia de género. No se incluyen aquí el número de víctimas de un delito, todavía soterrado pero que crece en frecuencia: las violaciones tumultuarias por parte de sicarios.
Llama la atención el caso de una mujer embarazada asesinada por elementos del Ejército Mexicano en un retén en el municipio de Aldama, quienes la “confundieron” con sicarios. Hasta ahora ni la Procuraduría General de Justicia ni el propio Ejército han informado sobre la detención y eventual procesamiento de los presuntos responsables.
Es precisamente la impunidad de los agresores lo que permite la reproducción ampliada de los feminicidios. Y hay dos factores que facilitan dicha impunidad. Ambos residen en las autoridades. En primer lugar, las policías preventivas municipales y las instancias de apoyo respectivas no tienen o no se ciñen a protocolos que en los casos de violencia doméstica permitan prevenir y evitar que se llegue al feminicidio. Muchos de los asesinatos de mujeres muestran una historia de maltrato y violencia por parte del cónyuge o pareja sentimental.
En segundo lugar hay que ubicar las deficiencias en el nuevo sistema de justicia penal. Sistemáticamente los agentes del Ministerio Público, los jueces de garantías o los jueces de juicios orales se colocan del lado del agresor y dificultan enormemente el procedimiento para los familiares de las víctimas. Y en caso de que se declare culpable al presunto agresor, se le da la pena mínima, como acaba de ocurrir con un hombre que intentó asesinar a puñaladas a una mujer, quien pudo evitarlo porque lo golpeó con una figura de cerámica. Se le dio la sentencia mínima: 10 años de prisión, que con toda facilidad se reducirán a cinco.
La carencia de protocolos de acción, la falta de preparación de todos los actores del nuevo sistema de justicia, la no capacitación en visión de género se coluden para ampliar la impunidad de los feminicidios. Ojalá que esta terrible experiencia de las mujeres chihuahuenses sea tomada en cuenta al implementar a escala federal las reformas en materia penal.
Afortunadamente la sociedad norteña, así sea en pequeños grupos, no se ha cruzado de brazos. Las organizaciones de mujeres, los centros de derechos humanos, los grupos de madres de desaparecidas y asesinadas reciben denuncias, acuden en auxilio de las familias de las víctimas, difunden, exigen cuentas a las autoridades, reclaman políticas de prevención y de reparación del daño. Labor valiente cuando el grueso de la sociedad se deja llevar por el terror y se encierra en su casa, en su problemática meramente individual o familiar.
Chihuahua está en estado de alerta de violencia de género. Es un hecho incontrovertible y la sociedad activa así lo ha considerado. A las autoridades federales y estatales más les vale reconocerlo y declararlo para echar a andar los procedimientos y medidas pertinentes como lo contempla la Ley General por el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya se han dejado transcurrir demasiados años. Ya se han perdido muchas vidas de mujeres y de niñas.
